Ada Colau declara ya ante el juez por otorgar subvenciones a entidades afines
Ada Colau ha llegado pasadas las 10.00 de este viernes a la Ciudad de la Justicia para declarar como investigada ante el juez por las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades afines. La alcaldesa de Barcelona ha accedido a las dependencias judiciales por el lado de L’Hospitalet, la entrada secundaria, con lo que ha evitado la exposición pública: todo estaba preparado -vallas, dispositivo de seguridad, medios de comunicación- para su entrada por la Gran Via. Allí se han concentrado a primera hora de la mañana unas 200 personas para mostrar su apoyo a Colau, pero la estrategia de la alcaldesa les ha impedido saludarla. Entre los concentrados había cargos del Ayuntamiento y también activistas de Barcelona en Comú.
Acompañada por el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, por el secretario del Ayuntamiento, Jordi Casas, y por sus abogados, Colau ha esperado unos minutos en los pasillos de la primera planta antes de acceder a la sala de vistas. Allí tendrá que dar explicaciones ante la querella presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), que acusa a la edil de irregularidades en la otorgación de subvenciones a entidades afines.
Coincidiendo con los minutos previos a la declaración, prevista para las 10.30, también ha habido un protesta de personas contrarias a Colau, pidiendo su dimisión en una pancarta y acusándola de “ladrona” en carteles. Hasta esta segunda concentración se ha acercado el diputado de Vox en el Parlament, Joan Garriga, que ha pedido la dimisión de la edil. Durante su parlamento se han vivido momentos de tensión cuando ha sido rodeado por los activistas partidarios de la alcaldesa entre gritos de apoyo a Colau.
La declaración de esta mañana es a puerta cerrada, como ocurre siempre en la fase de instrucción, y solo está permitida la presencia de la investigada y de las partes personadas en el proceso. La alcaldesa declarará y previsiblemente responderá a las preguntas no solo de sus abogados (los penalistas Olga Tubau y Àlex Solà), sino también de la fiscalía y de la acusación particular, que ejerce la ATCD, una entidad sin actividad conocida en Barcelona.
La asociación acusa a Colau de presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades afines como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC, la Alianza contra la Pobreza Energética o Ingenieros sin Fronteras. La querella acusa a la primera edil de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. En su querella, la ATCD acusa a Colau de entregar una “lluvia de dinero público” a entidades ideológicamente afines. El texto incide en los pagos del consistorio para elaborar informes sobre la gestión del agua y sobre cooperación internacional.
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Colau ha asegurado que acude “muy tranquila a declarar” que no tiene “nada que esconder”, así como que la querella “quedará en nada”, porque por los mismos hechos la Fiscalía archivó en verano pasado otra denuncia. La alcaldesa también se refirió en su acto anual del Colegio de Periodistas a “poderes corporativos acostumbrados a grandes beneficios que no aceptan el poder democrático e intentan torpedear haciendo un mal uso de la justicia”. “La compañía privada Agbar y otras asociaciones fantasma como la denunciante que han puesto una batería de acciones archivadas”, afirmó también.
Los abogados de Colau se adelantaron a la declaración de este viernes al dar la versión de la alcaldesa en un escrito, con hasta ocho informes, alegando que no intervino en las subvenciones y pidiendo el archivo del caso. La defensa criticaba la “falta de rigor” de la querella y recordaba que la Fiscalía descartó trato de favor. Con todo, el titular del Juzgado de Instrucción número 21 denegó la petición de archivo.
El abogado y concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha recordado este viernes que el juez tiene la misma documentación que la Fiscalía –”esta denuncia no es nueva, no es casualidad había una idéntica”, ha señalado– y los ocho informes. Además ha asegurado que tras la querella “hay determinados lobbies con intereses especulativos, inmobiliarios o sobre la gestión de bienes comunes como el agua que abusan del sistema judicial” y ha recordado: “Llevamos once, todas archivadas”.
El abogado Àlex Solà, ha asegurado que “no hay indicio de delito, ni siquiera de irregularidad administrativa” en la concesión de las subvenciones. Y reveló que el abogado que representa a la asociación que se querella “es el mismo que firmó la ampliación de la denuncia de Fiscalía”. Solà también ha considerado “mala fe procesal” omitir en el texto de la querella que el ministerio fiscal ya archivó otra denuncia. Y que “la querella destila un gran posicionamiento ideológico y se podría enmarcar en lo que se conoce como law fare, que es batalla política a través de los juzgados, intento de judicializar la política desde una óptica ideológica”.
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