Adiós a la oficina bancaria

Es una percepción ciudadana a pie de calle que ha ido acentuándose en los últimos años: las oficinas bancarias desaparecen del paisaje urbano en las grandes ciudades y algunos de sus barrios. La situación es mucho más angustiosa en zonas poco pobladas de España, municipios pequeños y zonas rurales donde más de la mitad de los pueblos carecen de ese servicio. Esa ha sido una de las consecuencias más visibles de la crisis financiera de 2008 al provocar la fusión de numerosas entidades bancarias, y con ella el cierre de miles de oficinas por todo el país. Desde 2008 han desaparecido 26.000, un 56% de las que existían, y la tendencia sigue acelerándose a causa de la creciente digitalización de este tipo de servicios. El riesgo de exclusión financiera no pertenece al género malo de la ciencia ficción porque hoy, según el Banco de España, son ya en torno a 1.300.000 personas las que viven en municipios sin sucursal bancaria.

En un momento de tipos de interés próximos a cero, la captación de ahorro ha perdido atractivo para las entidades financieras y con ello el mantenimiento de una extensa red de oficinas. Los números no cuadran y el cierre de sucursales se explica por la escasa rentabilidad de sucursales frecuentadas sobre todo por gente mayor, que no pide créditos y apenas gestiona su pensión o pequeños pagos. El desarrollo de la banca digital permite sustituir la mayoría de las operaciones que antes se hacían exclusivamente en las oficinas, convertidas en una reliquia para las jóvenes generaciones. Pero eso exige a la vez la garantía de acceso a internet en todo el territorio, otra vieja reclamación de esa España vacía que se siente abandonada o sin servicios equiparables a los de otras zonas del país. Los avances hacia el euro digital reducirán aún más el uso de efectivo y es ahora cuando resulta urgente impulsar el despliegue de redes con la llegada de fondos europeos.

La pandemia ha animado a mucha gente antes reticente a operar a través de internet, y esa posibilidad está ahondando una brecha generacional que demanda la colaboración del sector público y del privado. La Comunidad Valenciana ha impulsado ya la instalación de algo más de 130 cajeros automáticos en poblaciones que carecían de los servicios financieros básicos. Tanto ayuntamientos como diputaciones tienen en sus manos la posibilidad de facilitar locales para abrir una oficina bancaria multimarca o incluso ceder un espacio para instalar un cajero automático. También la empresa pública Correos ha empezado a desarrollar acuerdos con algunos bancos para permitir que en sus oficinas puedan realizarse operaciones básicas y autorizar a los carteros a llevar y recoger efectivo.

La desaparición de la oficina bancaria va camino de ser una realidad más pronto que tarde pero el proceso no puede hacerse a costa de dejar sin acceso al sistema bancario a quienes por una u otra razón no puedan desplazarse a zonas mejor equipadas en sus propias ciudades o a municipios más afortunados.

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