Anticorrupción abre una investigación por el contrato que implica al hermano de Ayuso
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid y que implica al hermano de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Según ha avanzado eldiario.es y confirman fuentes jurídicas a EL PAÍS, el ministerio público adopta esta medida después de que los tres partidos de izquierdas de la oposición en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) presentasen sendas denuncias la pasada semana. Esta iniciativa irrumpe en pleno hundimiento del PP y del liderazgo del presidente de la formación conservadora, Pablo Casado.
El acuerdo sospechoso es una adjudicación a la empresa Priviet Sportive S. L., encabezada por un amigo de la infancia de los Ayuso. El Gobierno regional le otorgó en abril de 2020 un contrato directo de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas y, según llegó a admitir la presidenta autonómica tras muchas reticencias, su hermano tuvo una “relación comercial” con esa sociedad. Es más, tras días sin aclarar en qué había consistido esa transacción, la presidenta finalmente emitió un comunicado donde admitía que su familiar cobró al menos 55.850 euros, más IVA, por “las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid”. “Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación”, decía en la nota.
“Resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados. Y ello, en primer lugar, por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución”, subraya el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el escrito donde da luz verde a las pesquisas.
La resolución del ministerio público, firmada este mismo martes, incide en la “indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias”. El contrato se firmó en lo peor de la pandemia del coronavirus, cuando se hacía “necesaria y urgente” la compra de mascarillas “en un momento singularmente difícil para la población madrileña”, subraya Anticorrupción, que descarta remitir, de momento, las pesquisas a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ante el cual se encuentra aforada la dirigente popular.
Luzón detalla que las denuncias de la oposición “se limitan a solicitar” la apertura de una investigación y “proponen distintas hipótesis sobre la eventual participación [de Ayuso] en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios”. El fiscal jefe subraya que, con los elementos que tiene actualmente en las manos, no cuentan con “indicios razonablemente verosímiles” de la implicación de la jefa del Gobierno madrileño en los hechos, así como “de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo”.
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