Anticorrupción pide el ingreso en prisión de Fernando Peña, el asesor fiscal de Ana Duato e Imanol Arias

La Fiscalía Anticorrupción entiende que Fernando Peña, el dueño del despacho de abogados y asesores fiscales Nummaria, debe entrar ya en prisión. El ministerio público ha solicitado a la Audiencia Nacional que celebre la vistilla de medidas cautelares para plantear que el fiscalista condenado a 80 años de prisión por crear un entramado societario para eludir impuestos de su negocio y de sus clientes, entre ellos los actores Ana Duato e Imanol Arias, comience ya a cumplir su pena.
Según han informado fuentes fiscales a EL PAÍS, Anticorrupción está estudiando si cabe la posibilidad de recurrir la sentencia que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal notificó este lunes contra el fiscalista y por la que absolvió a Duato y condenó a dos años y dos meses de cárcel a Arias, que evitará el ingreso en prisión tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía, que contempló la sustitución de la pena privativa de libertad por una multa.
Lo que sí ya ha decidido la fiscalía especializada es solicitar el ingreso inmediato en prisión de Fernando Peña. Anticorrupción ha pedido al tribunal que ha juzgado el caso Nummaria que celebre la vistilla de medidas cautelares en la que argumentará la pertinencia de que el asesor fiscal ingrese en un centro penitenciario sin esperar a que la sentencia sea firme.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha convocado a las partes este jueves para celebrar esta vistilla, regulada por el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según han informado fuentes jurídicas. El tribunal escuchará los argumentos de las acusaciones y de la defensa del fiscalista antes de decidir si manda a prisión a Peña o le pone medidas menos gravosas como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país o comparecencias periódicas en el juzgado. Para ello, uno de los factores a tener en cuenta es el riesgo de fuga existente.
Aunque Peña ha sido condenado a 80 años de prisión —que aún no es firme, ya que la sentencia se puede recurrir ante la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo—, como máximo solo estará nueve años en un centro penitenciario, por la aplicación de la regla conocida como el triple de la mayor (regulado en el artículo 76 del Código Penal). Se trata de un límite legal que se aplica a los condenados por varios delitos, que impide que la condena exceda del triple del tiempo por el que se imponga la pena más grave de todas las fijadas. En el caso del asesor fiscal, la mayor condena es de tres años por delito fiscal.
Entramado para facilitar la opacidad
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que Fernando Peña, un conocido fiscalista que asesoró a numerosos clientes vip, es el responsable de la creación de un entramado societario con sedes en territorio nacional y en el extranjero, especialmente en Costa Rica e Inglaterra, pero también en Canadá, Uruguay y Luxemburgo, para facilitar la “opacidad de las operaciones del despacho Nummaria, o “entregarlas” a los clientes con el fin de ocultar sus operaciones económicas “bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos”.
Para ello, el fiscalista contó con la colaboración de abogados, economistas, técnicos fiscales, contables y auxiliares administrativos para desarrollar su actividad de asesoría, si bien la sentencia resalta que la gestión y control fue “personal y directa” de Peña.
Además de ocultar a Hacienda los ingresos obtenidos con su negocio, también puso a disposición de sus clientes su estructura para obtener beneficios fiscales. Así, ocurrió con Imanol Arias y Ana Duato, que se han visto salpicados por esta causa judicial por la defraudación de dos millones de euros y 1,9 millones, respectivamente, en relación a sus rentas procedentes de sus trabajos en la conocida serie Cuéntame cómo pasó. El actor pactó con Anticorrupción reconocer los hechos imputados y asumir una pena de dos años y dos meses de prisión, sustituible por una multa; mientras que su compañera de reparto fue absuelta al no haber pruebas de que ella tuviera conocimientos tributarios y empresariales suficientes para percatarse de la ilegalidad de las maniobras de su asesor fiscal.
Con el fin de minorar la tributación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y garantizarse un “plan de jubilación”, como explicó Duato en el juicio. El modus operandi consistió en ceder los derechos de imagen a sociedades controladas por Nummaria, y particularmente por Peña, a través de las cuales se firmaban contratos con empresas terceras, y facturar así parte de los servicios realizados por los intérpretes y la otra como renta vitalicia, de la que se puede disfrutar una bonificación del 60%.
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