Aragonès avisa de que “nadie debe dar por resuelta” la crisis por el espionaje
La crisis política abierta a razón del caso Pegasus de espionaje no amaina. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha puesto de relieve este miércoles, en la sesión de control en el Parlament, que la destitución de Paz Esteban del cargo de directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no basta. “Nadie debe dar la crisis por resuelta”, ha advertido Aragonès, en un contundente discurso que tenía la mirada puesta en la Moncloa. “Los requerimientos que hemos puesto sobre la mesa están lejos de cumplirse”, ha insistido Aragonès.
A la espera de que se concrete su reunión con Pedro Sánchez, el presidente catalán demanda que el señalamiento de culpables por el espionaje suba de peldaño y que no se quede en el nivel técnico. “Hacen falta responsabilidades políticas”, ha dicho. “Se equivoca quien se crea que con el cese se acaba la depuración”, ha indicado el president, para dejar manifiesta su opinión con respecto al relevo de Esteban al frente del CNI. “Hay que saber quién ordenó y permitió el espionaje”, ha esgrimido.
Esquerra y Junts per Catalunya, socios de gobierno, víctimas en ambos casos y sin distinción del Pegasus, actúan en bloque. El jefe del grupo parlamentario de Carles Puigdemont, Albert Batet, también ha subrayado en la sesión de control que “el cese no vale como cabeza de turco”. Aragonès ha exigido más información y “transparencia” y ha reclamado que “se desclasifiquen las resoluciones del magistrado” que habilitaron al CNI para hacer las escuchas telefónicas al menos a 18 líderes independentistas. Y reclama garantías de no repetición: “Hoy seguimos defendiendo la independencia y la amnistía, según su tesis continuamos siendo una amenaza”.
Aragonès ha optado por no replicar a Junts su petición de que deponga el diálogo con el Gobierno y tampoco le ha recriminado su resistencia a firmar la reforma de la Ley de Política Lingüística, que califica por primera vez al castellano como lengua de aprendizaje. La reforma está concebida para dar respuesta a la exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a cómo piensa aplicar el Govern el 25% de las clases en castellano. El límite que marca la justicia es el 30 de mayo. El texto de la Ley de Política Lingüística lo suscribieron en abril ERC, PSC, En Comú Podem y Junts; sin embargo, el partido de Puigdemont se descolgó horas después por tener dudas de que la reforma quiebra la inmersión.
Cuando el PSC firma algo, lo cumple”, ha dicho Salvador Illa sobre la reforma de la ley del catalán
“Hago un llamamiento a la unidad, al consenso y a la ambición para preservar el modelo. Los tribunales se han extralimitado”, ha afirmado Aragonès, que ha defendido el modelo actual de escuela catalana porque, ha dicho, preserva la cohesión social, la igualdad de oportunidades y garantiza que los alumnos acaben la enseñanza secundaria con competencias en los dos idiomas. El president ha apelado a “fortalecer” el consenso y a mejorar el texto si es necesario. “Si no lo usamos n os podemos arrepentir”, ha dicho.
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Junts, en pleno proceso precongresual, ha mantenido silencio y ha optado por abordar el caso Pegasus. ERC y el PSC quieren que la norma se apruebe en el Pleno del 24 de mayo, dos semanas antes de que Junts celebre su congreso. Los comunes han expresado su profundo malestar por el retraso en la aprobación. “Llevamos mes y medio esperando. Y estamos en el tiempo de descuento. Los que están en primera línea los profesores y directores”, ha advertido visiblemente molesta Jéssica Albiach, líder de los comunes, que prefería votar la reforma esta semana.
Salvador Illa, líder del PSC, no ha ahondado en el problema en aras al consenso pero sí ha dicho de forma categórica: “Cuando el PSC firma algo, lo cumple”. Mientras, Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, ha anunciado que pedirá a la Delegación de Gobierno que el Estado aumente la plantilla de inspectores para supervisar la aplicación del 25%. Tiene a dos inspectores para 4.000 centros educativos.
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