Ayuso admite el contrato de su hermano y Génova cifra la comisión en 283.000 euros
La guerra abierta entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado tiene como casus belli un contrato asignado a dedo a un amigo de la familia de la presidenta madrileña y una presunta mordida cobrada por el hermano de esta. Hasta este jueves se conocía la existencia de ese contrato pero no de la supuesta comisión a favor de Tomás Díaz Ayuso.
El contrato data del 1 de abril de 2020 y fue revelado en noviembre por ElDiario.es. Era una compra de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros y fue adjudicada por la vía de emergencia a la empresa textil Priviet Sportive SL, propiedad de Daniel Alcázar Barranco, amigo de la familia Díaz Ayuso. El Gobierno regional recurrió a esta empresa a pesar de no tener vinculación con el sector sanitario. Según ha defendido hoy la presidenta, el contrato fue hecho en un momento de escasez y urgencia sanitaria: “El objeto son mascarillas en el peor momento de la pandemia cuando no las había y teníamos que proteger a los ciudadanos y a los sanitarios”, ha justificado en una comparecencia sin preguntas ante la prensa.
Si no puede ver el contrato de las mascarillas con Priviet Sportive SL, pinche aquí.
La Comunidad de Madrid otorgó a dedo más de 4.000 contratos en el primer año de la pandemia, gracias a un procedimiento exprés que permite en situaciones de crisis pedir algo (un servicio, una obra, un suministro) directamente a una empresa sin necesidad de concursos públicos. Por tratarse de un momento propicio para el enriquecimiento ilícito, las asociaciones y organizaciones internacionales que luchan contra la corrupción publicaron alertas al principio de la pandemia, que recomendaban transparencia y auditorías, unas precauciones que no han sido suficientemente atendidas.
Lo que se ha conocido ahora es la presunta comisión que habría cobrado su hermano. En su intervención, Ayuso ha admitido que conoció la existencia del contrato en septiembre y a través de Casado. Tras esa cita, y siempre según la versión de la líder conservadora, Díaz Ayuso se puso en contacto con su hermano. En esa conversación, Tomás Díaz Ayuso habría admitido su relación directa con la empresa, y también un cobro: “Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa, y que todo era completamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado”.
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Ayuso no desmintió en ningún momento que su hermano hubiera cobrado de la empresa. Pero fue suficientemente ambigua como para dejar abierta la pregunta sobre el motivo del pago. ¿Fue el contrato entre su hermano y Priviet Sportive una comisión que premiaba su labor de mediación con la Comunidad?, ¿o fue un contrato que contiene otra contraprestación que nada tiene que ver con la compra pública de mascarillas?
Dirigentes del PP sostienen que ese cobro es una comisión de 283.000 euros a cambio de haber conseguido el contrato público, aunque no tienen todavía la prueba documental que respalde esa tesis. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado la apertura de un expediente informativo para investigar justamente eso ante la resistencia de la presidenta Ayuso durante más de tres meses a una aclaración del asunto.
Juristas consultados señalan que en caso de ser probado que el hermano de Ayuso cobró una comisión se habrían cometido delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Las comisiones están permitidas en el ámbito privado (por ejemplo un despacho de abogados que paga a un conseguidor de clientes), pero el dinero público no puede beneficiar a intermediarios, señala Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas de la Rey Juan Carlos. “Si se probase la comisión sería un caso de corrupción de libro”.
La familia de Alcázar Barranco inició su andadura en el sector textil en 1986 cuando los padres del actual dueño, Miguel y Mercedes, abrieron una tienda de confección en Madrid capital. Más tarde los hijos tomaron las riendas y consiguieron contratos para suministrar prendas de vestir a El Corte Inglés o Carrefour. La sede de la empresa está en el distrito madrileño de Carabanchel. Según la información de ElDiario.es, las familias Alcázar Barranco y Díaz Ayuso han sido amigas desde hace décadas, ya que ambas tienen residencias de veraneo en el pueblo de Sotillo de la Adrada, en Ávila. Ese medio también informó de que el hermano de Ayuso y Daniel Alcázar Barranco siguen teniendo amistad cercana y han sido vistos recientemente en pubs de ese municipio de algo más de 4.500 habitantes.
Bombillas LED
El hermano mayor de la presidenta ya había sido el centro de polémicas en relación con otros contratos autonómicos distintos. Trabaja desde 2001 en el sector de las ventas de productos sanitarios. Hace seis años comenzó su relación con una empresa de iluminación con lámparas LED con sede en Seseña (Toledo) propiedad del empresario chino Shengli Chen. Esta empresa es uno de los grandes suministradores de grandes minoristas como Conforama o Leroy Merlin, pero también se ha nutrido durante muchos años de contratos con las administraciones públicas. Durante la presidencia de Ayuso, Artesolar ha sido contratada por la Comunidad de Madrid para suministrar iluminación a varios hospitales públicos, siempre bajo contratos menores (que pueden ser adjudicados con menos controles, ya que su cuantía es baja: menos de 15.000 euros más IVA).
El grupo parlamentario del PSOE madrileño había denunciado que el hermano de Ayuso estaba visitando hospitales para conseguir contratos a favor de Artesolar: “Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar”, dijo en la Asamblea en noviembre la diputada Carmen López. Aquella declaración provocó una tormenta en la cámara. López fue expulsada por la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo (PP), quien le pidió que retirara aquella acusación personal por falta de pruebas.
La empresa para la que trabaja el hermano de Ayuso también fue noticia al principio de la pandemia porque su jefe admitió a este periódico que estaba cooperando con la Comunidad de Madrid para traer los aviones de China cargados de material sanitario. “Están todos como locos buscando material. Nosotros estamos ayudando para que vaya más rápido”, le dijo este empresario a EL PAÍS. Más tarde, cuando vio la polémica en la que había entrado negó su implicación. Nunca ha aparecido información sobre su participación en la información publicada por el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
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