Barcelona eliminará los pisos turísticos de la ciudad en cinco años
Pasada la campaña electoral, que veta cualquier anuncio por parte de las administraciones, este viernes han llegado dos de calado en el Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda: eliminar todos los pisos turísticos en la ciudad dentro de cinco años, y la modificación de la normativa que implementó la ex alcaldesa Ada Colau que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social. Las dos medidas necesitarán apoyo político en el pleno, lo que a priori no será difícil, vistos los posicionamientos políticos de los partidos a la izquierda y derecha del gobierno municipal del PSC.
El alcalde Jaume Collboni ha señalado, en una sala llena, con una veintena de altos cargos del su Gobierno, que se trata de dos medidas “de carácter estructural que afrontan el principal problema de la ciudad y del país, como es el acceso a la vivienda” y sobre todo para los más jóvenes. Collboni ha advertido de que las políticas de vivienda “nunca tienen resultados de forma inmediata” pero ha tachado las medidas de “punto de inflexión”, convencido de que “abrirán un debate político y social en la ciudad”.
El anuncio sobre los pisos turísticos responde al decreto de la Generalitat que emplaza a los Ayuntamientos catalanes a redactar, en el plazo de cinco años (desde diciembre de 2023) un plan urbanístico que fije cuántos pisos turísticos acepta tener. La ciudad no admite más licencias desde 2014, cuando la oferta se congeló en 9.600, aunque hay algunos centenares solicitados posteriormente, en momentos de vacío legal, que están pendientes de procesos judiciales que deben determinar sí obtienen licencia. La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha celebrado que la ciudad ganará “el equivalente a fabricar 10.000 pisos” de uso residencial. Y sobre la posibilidad de tener que indemnizar a los propietarios de pisos turísticos que perderán su licencia, ha recordado que el decreto de la Generalitat contempla que los cinco años de plazo actúen como indemnización.
En en el caso del 30%, el consistorio busca que “funcione”, porque hasta ahora ha provocado duras críticas del sector inmobiliario y ha generado pocas viviendas. “Es una medida que avalamos en su momento, pero no ha conseguido su objetivo”, ha justificado el alcalde. La actual norma urbanística obliga a los promotores que hacen obra nueva o grandes rehabilitaciones en edificios con más de 600 metros cuadrados, a que destinen un 30% de las viviendas a alquiler social. La modificación pasa por permitir agrupar las reservas de vivienda social en un solo edificio (en el mismo barrio) y no imponer que en una misma escalera convivan viviendas de precio de mercado y asequible.
Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Enlace de origen : Barcelona eliminará los pisos turísticos de la ciudad en cinco años