Borràs acepta en una carta que el anticapitalista Juvillà ya no es diputado del Parlament
El frente internacional es la nueva zona de juego en la que Laura Borràs, la presidenta del Parlamento catalán, quiere trasladar su gesticulación sobre la supuesta desobediencia a la orden de la Junta Electoral Central respecto a la retirada del escaño de Pau Juvillà (CUP). La Cámara ha informado este jueves de que Borràs envió el pasado lunes una carta a diferentes organismos internacionales y otras cámaras legislativas en la que termina por aceptar que el anticapitalista ya no tiene el acta y también denuncia la“grave indefensión” en la que cree que se encuentra.
La líder del Parlament pide a los destinatarios de la carta (entre ellos, por ejemplo, el Parlamento de Flandes o el de Dinamarca), si pueden “emprender algún tipo de acción para defender los derechos de los ciudadanos europeos que esta situación vulnera”. La misiva describe todo el proceso por el cual Juvillà ha sido despojado del escaño (su negativa a quitar los lazos amarillos de su despacho del Ayuntamiento de Lleida en periodo electoral, las reclamaciones de la Junta Electoral Central (JEC) y la condena por desobediencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) y reconoce que la autoridad electoral “ya le ha desposeído de su acta”. La carta sirvió de antesala a la paralización de la actividad en la Cámara que Borràs sugirió como protesta por la situación.
“Ni como presidenta ni como demócrata puedo aceptar que un órgano administrativo decida de forma unilateral quién es y quién no puede ser diputado habiendo sido escogido democráticamente por el pueblo de Cataluña”, asegura la presidenta. La Comisión del Estatuto del Diputado se reunió ayer miércoles para aprobar un informe que se elevará al plano en el que se defiende el escaño de Juvillà, pues se plantea un supuesto conflicto entre lo que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral y el reglamento del Parlament, pero también se acepta que el límite de la “desobediencia contra la represión del Estado” es la seguridad jurídica de los funcionarios. A ellos les correspondería asegurar que el anticapitalista contara con las condiciones materiales para seguir siendo diputado, por ejemplo, tener el móvil correspondiente o poder votar.
La incomodidad respecto al dictamen aprobado no ha tardado en aflorar. La CUP, en la noche del miércoles, tensó aún más la cuerda y se ofreció para presidir el Parlament si en realidad el independentismo en su conjunto apostaba por la desobediencia. El exdiputado Josep Costa, que ya no es militante de Junts pero sí muy cercano al entorno de Borràs, ha criticado fuertemente el texto del dictamen. “Nunca habría imaginado que el pleno del Parlament renunciaría explícitamente a su soberanía en un dictamen votado por el pleno. No era eso, compañeros”, ha publicado en Twitter.
La CUP ha asegurado que piensa pedir que, para el próximo pleno, Juvillà pueda solicitar la delegación del voto, lo que sería equivalente a no admitir su inhabilitación. Los plenos ahora se realizan con un número reducido de participantes por la situación de la pandemia. Esa sería la prueba del algodón sobre la supuesta desobediencia que promulga Borràs y su partido, pero también sobre el papel de los funcionarios. En el pasado pleno, pese a estar presente en el hemiciclo, el anticapitalista consideró que era apropiado no participar cuando la Cámara aprobó presentar un recurso ante el Tribunal Supremo por su caso.
La nota del Parlament asegura que ya hay respuesta por parte de algunos de los destinatarios de la carta de Borràs ya han respondido. La Cámara de Flandes, que siempre ha acompañado a los independentistas catalanes, ha aprobado una propuesta de resolución sobre lo que sucede en Cataluña y que dirigirá a la Comisión Europea.
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