Bruselas dice que el de Cataluña es un asunto interno español, pero defiende la petición de información por la amnistía
La Comisión Europea ha incidido este jueves en que el de Cataluña es un asunto interno español, pese la reclamación del comisario de Justicia, Didier Reynders, al Gobierno de Pedro Sánchez de más información sobre la ley de amnistía para los condenados por el procés soberanista que permitirá la investidura de Sánchez. Una reclamación que hizo el miércoles —al Ejecutivo y no al PSOE y a Junts, que son los que han negociado la propuesta— antes de que hubiera siquiera un borrador de texto legal. “El tema catalán sigue siendo un asunto interno de España que debe abordarse dentro del orden constitucional”, ha apuntado un portavoz del Ejecutivo comunitario. Diversas fuentes comunitarias ven el movimiento de Reynders con recelo y gran sorpresa.
Bruselas hasta ayer no se había salido de la línea en los temas relacionados con Cataluña, ni en el momento de referéndum o la crisis catalana, ni cuando las condenas por el procés. La línea siempre había sido que es “un asunto interno”. Mientras, en su misiva, Reynders expresó “serias preocupaciones” por los “debates en curso” sobre la “posible aprobación de una ley de amnistía”. Antes de la carta, el comisario de Justicia había rehusado también pronunciarse en distintas ocasiones hasta tener un texto legal y ver si tenía algún tipo de vinculación con delitos de malversación o apropiación de fondos. No obstante, Reynders, liberal belga que se percibe en Bruselas como cercano al Partido Popular Europeo (el partido de la presidenta Ursula von der Leyen), solicitó a los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y de Justicia, Pilar Llop, detalles sobre el “alcance personal, material y temporal” de la “ley prevista”.
En Bruselas, la carta de Reynders, ha sorprendido a muchos. Distintas fuentes comunitarias ven el movimiento del comisario belga no solo como una maniobra de presión (llegó cuando los negociadores del PSOE y Junts peinaban los flecos del acuerdo en Bruselas) sino también como un cambio de tono estratégico en el asunto y una forma de interferir en la política interna. Y en un momento, además, complicado, con pequeños grupos de violentos ultraderechistas organizando disturbios en las calles de Madrid. “Esta es una carta sorprendente”, apunta una alta fuente comunitaria. “Da la impresión de ser un intento de interferir en un proceso democrático de un Estado soberano y en un tema muy polarizador”, sigue. “O es extremadamente torpe, y sería asombroso, o es un intento de interferir en el proceso de formación de un gobierno”, añade la alta fuente.
El PSOE remarca que el pacto que ha alcanzado con los nacionalistas catalanes de Junts durante la noche del miércoles al jueves en Bruselas, y que incluye una amnistía para todas las personas relacionadas con el procés secesionista, pero también una mesa de diálogo con un mediador internacional, es un pacto de legislatura y no de investidura, con un acuerdo de estabilidad de cuatro años.
El Ejecutivo comunitario defiende la reclamación de Reynders. Es algo “normal”, ha asegurado un portavoz este jueves, algo que normalmente ocurre entre corredores. “Muchos ciudadanos e interesados han contactado a la Comisión Europea [por el tema de la amnistía]. En estos casos no es inusual dirigirse a los Estados miembros”, ha afirmado el portavoz encargado de los asuntos de Justicia. El Ejecutivo comunitario no ha precisado, sin embargo, cuántos ciudadanos han preguntado ni si se trata de miembros de grupos políticos o grupos de presión.
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Bruselas asegura que ha habido antecedentes similares a la petición de información sobre el debate de la amnistía en otros Estados miembros, y habla de casos en Polonia, Rumania y Bulgaria. Sin embargo, por lo general, las preguntas se realizan una vez que hay al menos un borrador de texto legal. O se aguarda a que se presente en el Parlamento, como sucedió con la ley Tusk, del Gobierno ultraconservador polaco Ley y Justicia (PiS), que creaba un comité especial para analizar las injerencias rusas en el país entre 2007 y 2022 y examinar las decisiones de políticos y periodistas durante ese tiempo. Una ley que, según la oposición, parecía hecha a la medida para perseguir al que fue entonces primer ministro Donald Tusk.
El caso de Rumania y Bulgaria tampoco es similar al español, ya que se enmarca dentro del llamado mecanismo de cooperación y verificación, que evaluaba los avances de esos dos Estados miembros en el cumplimiento de la senda europeísta en materia de la reforma de la justicia y medidas anticorrupción, un mecanismo en cierta manera de auditoría que se implantó tras su ingreso en el club y hasta este año, cuando se consideró que habían cumplido.
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