Bruselas pide que el Tribunal de la UE resuelva el conflicto entre la Fiscalía europea y la española
El grave conflicto de competencias entre la Fiscalía europea y la española por el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso ha subido este viernes de tono con la irrupción de la Comisión Europea. El organismo comunitario ha defendido que el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, sea el encargado de dirimir la disputa, una posición que coincide claramente con la defendida por la fiscal jefe europea, Laura Kövesi. El caso podría incluso derivar en un expediente contra España porque la normativa nacional no facilita recurrir ante Luxemburgo una decisión de la Fiscal General del Estado como la adoptada por Dolores Delgado en la investigación sobre Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Delgado, con apoyo unánime de la Junta de Fiscales de Sala, decidió que la Fiscalía Anticorrupción española investigue la existencia de un posible delito en el contrato para la compra de mascarillas en el que participó Tomás Díaz Ayuso mientras que la Fiscalía europea indagaría la posible malversación y daños al presupuesto europeo, dado que la operación se abonó con cargo a fondos comunitarios.
La Fiscalía europea reaccionó con un airado comunicado a esa decisión, acusando a la fiscal general del Estado de no ser imparcial por tratarse de la superior jerárquica de Anticorrupción y de no haber escuchado a ambas partes del conflicto. El órgano europeo lamentaba además que la decisión de Delgado sea inapelable y que la normativa española no prevea la posibilidad de dirimir el conflicto ante el Tribunal europeo mediante una consulta prejudicial.
Kövesi ha traslado sus quejas por escrito al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, quien sin pronunciarse sobre el fondo del caso se inclina también por no considerar como definitiva la decisión de Delgado.
“En caso de duda, debería ser finalmente el Tribunal de Justicia europeo el encargado de decidir”, ha señalado el portavoz del departamento de Justicia de la Comisión Europea. La misma fuente ha añadido que “debe existir un mecanismo que permita que las cuestiones prejudiciales [para dirimir el conflicto] lleguen al Tribunal europeo”.
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Fuentes comunitarias reconocen que se trata de una disputa sin precedentes porque la Fiscalía europea lleva solo nueve meses operativa y no se había producido hasta ahora ningún choque de competencias de este tipo. El artículo 27 del reglamento europeo que rige la actividad de la Fiscalía europea obliga a las autoridades nacionales a no adoptar ninguna decisión sobre un caso en que haya mostrado interés el ministerio público comunitario.
Bruselas reconoce que los roces competenciales son inevitables, sobre todo, en estos primeros compases de la Fiscalía europea en la que no hay jurisprudencia previa. Por ese motivo, fuentes de la Comisión consideran que sería muy conveniente que los jueces comunitarios resolvieran este primer choque competencial.
Desde el departamento de Justicia de la Comisión también se señala que “se está supervisando la situación en todos los Estados miembros para comprobar que el Reglamento de la Fiscalía europea se aplica correctamente y que todos los Estados cumplen las obligaciones previstas en esa norma”. Las mismas fuentes consideran que “es demasiado pronto para saber si en el caso de España se está cumpliendo correctamente o si debería iniciarse un expediente, aún no estamos en esa fase”. Pero la beligerancia de Kövesi, que llegó al cargo a pesar de la resistencia de varias capitales gracias a sus credenciales como perseguidora del fraude y la corrupción en Rumania, parece destinada a dar al caso de las mascarillas una envergadura supranacional en la que, probablemente, no habían pensado los líderes del PP que destaparon el caso.
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