Cinco colectivos cristianos piden a la Conferencia Episcopal que financie una investigación independiente sobre los abusos
Cinco colectivos cristianos de base, que representan a cerca de un millar de personas, han publicado este martes una carta abierta dirigida a la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la que exigen que financie la investigación de los casos de abusos sexuales en el clero español. Los signatarios exigen en el escrito que la CEE y la Confederación de Religiosos de España (CONFER) creen una Comisión de la Verdad independiente, siguiendo el ejemplo de países como Irlanda, Alemania, Francia o, más recientemente, Portugal. En la misiva califican “la falta de investigación sobre estos abusos y su negación o minimización”, especialmente por parte de la CEE, como “una vergüenza absoluta”, “una ofensa al Evangelio” y “un gravísimo pecado de omisión”. Entre los colectivos que se han unido a la petición están las asociaciones Alandar, Revuelta de Mujeres en la Iglesia, Redes Cristianas, Movimiento por el Celibato Opcional (MOCEOP) y Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina, que solicitan a otras entidades del ámbito religiosa a que se sumen a su reclamación.
La carta se une a varias iniciativas ya puestas en marcha para que se investigue la pederastia en la Iglesia española. Este lunes, la Fiscalía General del Estado ordenó a los 17 fiscales superiores de todo el país que le remitan en un plazo de 10 días todas las denuncias y querellas en tramitación referidos a agresiones y abusos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa. Además, en el Congreso se admitirá a trámite este martes la propuesta presentada la semana pasada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para la creación de una comisión de investigación de dichos delitos. La Iglesia española está viviendo un escándalo de pederastia después de que EL PAÍS entregase en diciembre al Papa y al presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, un informe con 251 casos inéditos de abusos sexuales cometidos en el ámbito religioso.
Los colectivos urgen a que “2022 debe ser un año de verdad, justicia y reparación para las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica española”. También entonan el mea culpa y piden perdón a las víctimas de abusos sexuales: “Somos conscientes de que hemos guardado silencio por demasiado tiempo y a menudo hemos ignorado el horror que vivieron y el terrible dolor que les causó. Nosotros también hemos pecado de omisión”, afirman.
Además, el documento pide que se abra una oficina centralizada, también financiada por la CEE y la CONFER, “que establezca criterios unánimes de actuación y revise la adecuación de los protocolos de actuación de las diócesis y las órdenes religiosas españolas en materia de abusos sexuales a menores y otras personas vulnerables”, en línea con las normas del Vaticano. Los grupos señalan una serie de “medidas de extrema urgencia” a poner en marcha: “Cualquier sacerdote, religioso o agente de pastoral que es acusado de abusos es apartado de sus funciones hasta que se resuelva la investigación”, que los denunciantes reciban “el apoyo psicosocial que necesitan” y que “en ningún caso las medidas de reparación” o “las indemnizaciones recibidas por las víctimas” se condicionen “a un pacto de silencio sobre los hechos”, según se lee en la carta.
Sobre el impulso para que se cree una comisión en el Congreso —la Mesa admitirá este martes a trámite la iniciativa para debatirla en el pleno de la Cámara— que lleve la investigación de estos casos, Juan Ignacio Cortés, portavoz de Alandar, ha apuntado: “Creemos que esto no es un tema que los partidos debieran usar para la lucha política partidista. Las víctimas son víctimas de todos, no son ni de izquierdas ni de derechas”. “Como cristianos, nos dirigimos principalmente a los obispos, porque están siendo la cara pública de esto”, ha añadido Cortés. Después de haber recibido el dosier de este diario hace más de un mes y medio que recogía 251 nuevos casos, la mayoría de los obispados están ignorando a las víctimas. Solo nueve de las 31 diócesis implicadas han intentado ponerse en contacto con los afectados, un paso esencial para abrir la investigación canónica que están obligadas a emprender, según las leyes eclesiásticas.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a [email protected]
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