Colau declarará como investigada ante el juez por presuntas irregularidades en subvenciones
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declarará el próximo 4 de marzo como investigada por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas municipales a entidades afines a los comunes, el partido que sustenta a Colau. El titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.
La asociación acusa a Colau de otorgar ayudas de forma “arbitraria” y “discrecional” con el objetivo de financiar puestos de trabajo, actividades y el funcionamiento de entidades afines a Barcelona en Comú. Entre otras entidades figuran el Observatorio DESC, Ingenieros sin Fronteras o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la entidad fundada por la propia Colau y de la que fue portavoz durante cinco años. La querella sostiene que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó convenios, contratos menores y subvenciones directas para recabar estudios sobre cuestiones que no tenían nada que ver con las competencias municipales.
Además de citar a Colau, el magistrado Ignacio Sánchez García-Porrero ha ordenado que se recaben los expedientes de los convenios firmados por esas organizaciones entre 2014 y 2021. También solicita a la Fiscalía que remita las investigaciones que llevó a cabo el año pasado sobre esas mismas subvenciones. Se da la circunstancia de que la Fiscalía ya archivó la investigación sobre las ayudas de Colau a raíz de una denuncia interpuesta por otra asociación, Abogados Catalanes por la Constitución.
Más allá de la cuestión jurídica, la citación a Colau tiene una derivada política, que ya ha llevado al grupo municipal de Ciudadanos a pedir la dimisión de la alcaldesa. Porque el Código Ético de Barcleona en comú estipula que los cargos electos deben “renunciar o cesar de forma inmediata ante la imputación judicial de delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos, ya sea en interés propio o para favorecer a terceras personas”.
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