Cuatro de las cinco asociaciones de jueces que convocaron la huelga contra el Gobierno la dejan en suspenso tras la última oferta de subida salarial

La segunda asociación más representativa de la carrera judicial, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV, 846 asociados), también ha accedido a posponer el inicio de la huelga indefinida que cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales habían convocado a partir del próximo martes, 16 de mayo. Tras esta decisión, adoptada este jueves, ya solo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM, 1.340 afiliados), la más conservadora y la que tradicionalmente más poder ha acumulado en la cúpula judicial, es la única que se resiste por ahora a aplazar el paro, pero su junta directiva se reúne esta tarde para tomar una decisión. Si no la aplaza, el Gobierno tendrá que decidir si mantiene la oferta económica que planteó este miércoles a las asociaciones de jueces y fiscales o la retira. Esto último, previsiblemente, llevaría al resto de asociaciones que convocaron la huelga a retomar la movilización.

El cambio de escenario en la negociación que mantiene el Gobierno con jueces y fiscales para acordar una mejora salarial se produjo este miércoles en la mesa de retribuciones, el órgano encargado de estudiar ese incremento y en el que se sientan los ministerios de Justicia y Hacienda, las siete asociaciones judiciales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado. El Ejecutivo se negó a subir la oferta que presentó el pasado lunes y que implicaba subidas salariales de hasta 490 euros al mes, pero se comprometió a mejoras en las retribuciones del sistema de guardias, un posible complemento de las dietas y un nuevo modelo de productividad que esté dotado de mayores recursos y un sistema de reparto más participativo. También propuso impulsar el desdoblamiento de Fiscalías Superiores de todas las comunidades autónomas uniprovinciales y a aumentar el número de plazas.

El Gobierno prometió concretar su oferta por escrito el próximo martes y pidió a las asociaciones que pospusieran la huelga convocada a partir de ese día. Las dos asociaciones de fiscales adscritas al paro —la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)— de tendencia conservadora accedieron, así como Foro Judicial Independiente (339 asociados). Las asociaciones progresistas —Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, con 441 afiliados, y la Unión Progresista de Fiscales— habían decidido ya antes aceptar la propuesta del Gobierno y no sumarse a las movilizaciones. La APM y la AJFV pospusieron su decisión a este jueves y esta última, la segunda en representatividad y de tendencia conservadora pero más moderada que la APM, ha decidido ya que aplaza la huelga hasta el lunes 22 de mayo.

“Después de analizar la situación existente, hemos decidido atender a la petición del Ministerio de Justicia”, ha señalado la asociación en un comunicado, en el que constatan que, aunque las negociaciones en la mesa de retribuciones “no han dado sus frutos”, ya se han celebrado tres encuentros “de un órgano de negociación que ha permanecido inerte durante más de una década”. “Hay además una propuesta sobre la mesa para sistematizar el calendario de trabajo técnico de la mesa para el próximo ciclo de negociación —que es quinquenal—”, añade la AJFV, que defiende que ha mantenido una actitud “constructiva” a lo largo de la negociación “con una secuencia lógica de propuestas que revelan un verdadero espíritu negociador”. “Desde la responsabilidad, optamos ahora por mantener esa misma línea de actuación y ampliar el margen de negociación durante unos días, como solicita el Ministerio. Confiamos en que este margen adicional no se desperdicie”, concluye el comunicado difundido este jueves.

La progresista JJPD ha difundido también una nota en la que confirma que considera “razonable” la propuesta del Gobierno, por lo que sus responsables han decidido aceptarla y emplazarse a la reunión prevista el día 16, en la que el Gobierno detallará las mejoras que propone en aspectos como la remuneración de trienios, cargas de trabajo, guardias y otras retribuciones variables, además de en aspectos de salud laboral y carrera profesional. Estas mejoras se sumarían a la subida salarial ya propuesta para adecuar los salarios de jueces y fiscales a las nuevas leyes de eficiencia, y que implica incrementos de hasta 490 euros al mes. La subida se aplicaría en el complemento de destino, uno de los que cobran todos los jueces y fiscales, y supondría que el Gobierno destine a los salarios de ambos cuerpos hasta 46,7 millones de euros más que ahora.

El Ejecutivo ofreció que esta cuantía se reparta con la fórmula que elijan las asociaciones: repercutiendo en mayor medida en los jueces y fiscales de más categoría o en los de categorías inferiores. En cualquier caso, los incrementos oscilarían entre los 440 y 490 euros al mes para los jueces, y los 350 y 490 euros al mes para todos los fiscales, y en alguna de las opciones todos los jueces y fiscales verían incrementado su sueldo entre 440 y 460 euros mensuales, una subida superior a la acordada en marzo pasado con los letrados de la Administración de Justicia, con un aumento medio de 431 euros, y que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo y precipitó que los jueces y fiscales se movilizaran para conseguir un pacto similar.

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