¿De quién es el Banco de España?
Comenté con el gobernador Hernández de Cos que el Informe Anual del Banco de España 2023 debería ser de lectura obligatoria para todos los políticos, periodistas y opinadores varios que tuvieran algo que ver con la economía española. Su capítulo 2, sobre los retos de la economía española, o el 4, sobre el mercado de la vivienda pasarán a los anales de los estudios antológicos sobre los problemas de España y cómo la polarización política es el principal obstáculo para el avance del país. Y pude decírselo, con cierto conocimiento de causa porque la mezcla de afición y profesión me ha llevado a leer todos (creo) los años el Informe del Banco de España desde que Luis Ángel Rojo, como director de estudios de la entidad, le dio forma y sentido. Recuerdo los seminarios que el profesor Ernest Lluch organizaba en la facultad de Valencia para comentarlo que siguieron, incluso, tras su primera elección como diputado en 1977 y donde, por ejemplo, aprendimos que era la M3 y la M4, así como su importancia para combatir la inflación de dos dígitos que teníamos entonces.
He leído, en ellos, multitud de críticas a la actuación o pasividad del Gobierno de turno ante algunos problemas, como corresponde, ya en democracia, a una entidad independiente cuya principal función social, en este ámbito, es precisamente, ofrecer una visión argumentada, aunque sea diferente a la del Gobierno de turno cuyos incentivos y responsabilidades no son, ni pueden ser, las mismas que las de un servicio de estudio de un organismo como el Banco de España. No siempre he estado de acuerdo con sus propuestas. Varios de ellos, recuerdo cuando formé parte del Gobierno, me parecieron injustos o ingenuos. Pero, jamás pensé que la solución fuera la de acallar ni esa, ni ninguna otra voz crítica o divergente, que, además, se había ganado el respeto mayoritario. Quizá, porque he vivido bajo la dictadura, soy muy sensible a la tendencia autocrática de algunos gobernantes a imponer el silencio o la sumisión a su alrededor.
Por eso afirmo que, visto lo que está pasando con el servicio de estudios del Banco de España tras la publicación de su último Informe con sus omisiones y tergiversaciones (es clamoroso el silencio sobre el fiasco de la reforma de las pensiones), me reafirmo en la idea de que no es positivo para el sistema democrático, hoy en juego, saltar desde el Gobierno –cualquier Gobierno- al máximo puesto de decisión de una entidad que tienen entre sus funciones, controlar y criticar al Gobierno. Es una cuestión de principios, no de personas, aunque esto último, también daría para otro artículo.
El Banco de España no puede estar al servicio del Gobierno y, mucho menos, de su Gobernador. Porque es una institución pública independiente que debe proteger su autonomía. Se esté, o no, de acuerdo con lo que hace, dice o propone, para lo que hay canales de corrección y libertad de expresión. Resulta curioso que uno de los recuadros más citados y novedoso de este último informe sea el que analiza el deterioro institucional producido en España y su impacto negativo sobre el desempeño económico y, en concreto, la productividad. Tras analizar dos indicadores de calidad institucional y compararlos con la OCDE y con la UE en ambos casos, España se encuentra por debajo de la media de países y, además, su deterioro ha sido más acusado que en resto. Sin duda, cuando se analice el dato de 2024 y 2025 lo ocurrido ahora con el Banco de España no ayudará a mejorar nuestro resultado en este punto.
El análisis sobre vivienda, aun ajustando datos respecto al año pasado, no puede por menos que seguir señalando que hay un déficit acumulado de oferta de unas 450.000 viviendas, ya que, entre otras cosas, en los últimos tres años, se dice, no ha habido nuevos desarrollos urbanísticos para suelo finalista. Este diagnóstico, por sí solo, invalida la política de vivienda centrada en controlar precios y sitúa la solución del problema donde está: un plan nacional urgente para construir 450.000 viviendas adicionales, tanto de precio tasado como libre, en venta y en alquiler, mediante un mecanismo administrativo express, de autorizaciones.
Me ha llamado la atención el análisis que hace sobre uno de los mayores retos de España: la productividad de los factores productivos. Tras, otra vez, adaptar un nuevo indicador ad hoc, señala lo conocido: desde 1998, España viene teniendo un desempeño en productividad peor que las grandes economías europeas. Pero luego, distingue dos etapas: 1998-2019, donde el gap llegó a 17 puntos porcentuales con la media de los tres mejores y, a partir de la pandemia donde se ha reducido hasta los 10pp sin que me haya quedado claro las razones de esa mejora, sobre todo, en una economía que, según se dice en otro apartado del Informe, ha basado parte de su crecimiento excepcional en la incorporación de mano de obra (inmigrante)
Es llegada la hora de empezar a comprender las causas que explican el excepcional comportamiento de la economía española que, en 2024, ha crecido un 3,2%, cuando la eurozona lo hacía al 0,8%. Y lo hemos hecho, moderando la inflación, creando empleo y con superávit exterior. Y, aunque he tenido que leer entrelíneas, he creído encontrar una llamada de atención que, por su importancia, quisiera resaltar aquí: crecemos por el consumo (con el público de manera destacada) y los servicios (turísticos, pero también, no turísticos). La inversión privada no despega y la pública, sigue estando, en relación al PIB, por debajo de la eurozona, a pesar de la inyección recibida de los Next Generation que pueden acabar siendo un fogonazo que se apague cuando finalicen, sin haber conseguido prender de forma estable. No obstante, intuyo que acabamos de comentar el último Informe Anual del Banco de España y que vienen tiempos diferentes. Pero, ¿serán mejores? ¿Para quién?
Jordi Sevilla es economista.
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