El Congreso aprueba una ley de convivencia en las universidades que pone fin al código disciplinario franquista de 1954
Han tenido que pasar 45 años de democracia para que España tenga por fin una norma que rija la vida de las universidades ―para sancionar el plagio, las novatadas, las trampas en un examen o un escrache― de acuerdo a unos principios constitucionales, y este miércoles se ha dado por fin cerrojazo al código disciplinario que aprobó el dictador Francisco Franco en el pazo de Meirás en 1954. La nueva Ley de Convivencia Universitaria es ordinaria ―no es orgánica―, por lo que no se ha votado en la Cámara, sino este miércoles en la Comisión de Ciencia después de que se descartasen el pasado 21 de octubre las enmiendas totales al texto del Partido Popular y Vox. Ha salido adelante con 20 votos a favor (PSOE, Podemos, PNV, ERC, Más Madrid y Teruel Existe), 15 en contra y una abstención.
El Congreso ha dicho adiós a un reglamento propio de un Estado policial que en parte no se podía aplicar, porque por ejemplo consiente en “circunstancias anormales” aislar o cerrar los centros o enjuiciar por actos “deshonrosos” en el Tribunal de Honor, lo que choca con el articulado de la Carta Magna. Esta dice que “quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a esta Constitución” ―como ir contra la libertad de expresión y de cátedra o derecho de reunión―, pero en ocasiones la constitucionalidad resulta muy interpretable en el código de 1954 y algunos alumnos universitarios han sido suspendidos en virtud de esta normativa franquista, mientras que a los trabajadores se les aplica el Estatuto del Funcionario Público. Por ejemplo, se ha recurrido al código de 1954 para sancionar desórdenes públicos, falta de probidad o difamación.
El anteproyecto de la ley fue consensuado durante casi un año con los rectores y en menor medida con los estudiantes, contentos de ganar con el texto seguridad jurídica. Este consenso previo tendría que haber allanado el camino para su aprobación en el Congreso, parecía cosa hecha, pero las enmiendas pactadas por el Gobierno y Esquerra ―que llegó a presentar una enmienda a la totalidad de la norma― han enfadado a la comunidad educativa, hasta el punto de que la coordinadora de estudiantes CREUP ha llamado a un “paro académico” este jueves sin mucho eco en las redes sociales.
El texto inicial de la ley se vertebraba en torno a la mediación ―primando la resolución de conflictos al castigo―, con dos herramientas distintas: un arbitraje informal para solucionar situaciones de manera amistosa y los conocidos como “procedimientos de mediación”, dos órganos con representación de todos los colectivos que se reunirían para sancionar determinadas conductas. Pero tras las negociaciones políticas con Esquerra, el texto dejó manos libres a cada campus público (los privados están exentos) para gestionar la convivencia como quisiera, amparado en la autonomía universitaria. Es decir, podía no recurrirse a la mediación.
Pero a última hora, este martes por la noche, el Gobierno acordó con el PNV que cada universidad sin perjuicio de sus competencias “desarrolle” un sistema de mediación que se aplique antes y durante el procedimiento disciplinario. La enmienda vasca apacigua en parte a la conferencia de rectores (CRUE), pero se sigue “impidiendo el establecimiento de un marco común para todo el sistema universitario español” como habían denunciado esta y las asociaciones estudiantiles (CREUP y CEUNE) ―muy enfrentadas en los tira y afloja de la nueva ley de universidades― en un comunicado conjunto.
Los partidos de derechas temen que, con esta libertad de actuación, los rectores catalanes no castiguen los escraches o el destrozo del patrimonio en sus campus, donde se viven situaciones de tensión en fechas simbólicas para el independentismo. Por ejemplo, hace un mes un grupo de estudiantes destrozó la carpa instalada por el colectivo antindependentista S’ha Acabat en la Autónoma de Barcelona. “Esquerra tiene la necesidad de un instrumento legal para legitimar lo que está pasando en las universidades catalanas, donde la violencia se ha impuesto para, por ejemplo, parar una conferencia o coaccionar”, se ha quejado el diputado de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas. María Jesús Moro, la portavoz del PP, ha elogiado el anteproyecto consensuado con la comunidad universitaria y el PSOE, seguidamente, le ha recordado que su partido presentó una enmienda a la totalidad.
La ley sigue sancionando “impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia del conocimiento” como contemplaba el anteproyecto, pero tras las enmiendas de Esquerra tendrá que tenerse en cuenta la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga.
En 1962, Manuel Castells, entonces universitario en Barcelona, cruzó los Pirineos y se instaló en París huyendo de la represión franquista tras una huelga ilegal. Por ese motivo, tras ser en enero de 2020 nombrado ministro, el primer impulso del reputado sociólogo, que se considera un “ácrata”, fue derogar el reglamento de 1954 sin un texto alternativo. “Es anticonstitucional y obsoleto”, declaró indignado. La tramitación para abolir el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior llegó a ponerse en marcha en junio de 2020, pero se paró a petición de los propios rectores que se sintieron desarbolados sin un documento nuevo con rango de ley. Mejor la disciplina de Franco, argumentaron, que ninguna herramienta jurídica para sancionar.
En 45 años pocos han sido los intentos de anular el reglamento del dictador, pese a que en dos sentencias el Tribunal Supremo presentó dudas respecto a la constitucionalidad de su articulado (1988 y 1989) y que en repetidas ocasiones los defensores del pueblo hayan alzado la voz (1990, 2008 y 2012). Hay “notorias carencias para ser aplicado a situaciones frecuentes”, subrayó la defensora Soledad Becerrill en 2012, como son el uso de las nuevas tecnologías para copiar en los exámenes o un trabajo o los derechos de autor.
En 2010, con Ángel Gabilondo como ministro, llegó a redactarse un anteproyecto de ley de convivencia similar al inicial de la norma aprobada este miércoles, pero se adelantaron las elecciones y terminó en un cajón. Su sucesor, José Ignacio Wert, descartó elaborar una ley porque había temas más importantes que resolver antes y a Íñigo Méndez de Vigo tampoco le desveló el código preconstitucional.
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