El Congreso ratifica que Rajoy fue el responsable político de la ‘Operación Kitchen’
El pleno del Congreso ha ratificado este jueves por amplia mayoría el dictamen de la comisión de investigación que señala al que fuera presidente del Gobierno y líder del PP Mariano Rajoy y a su número dos en el partido, la exministra María Dolores de Cospedal, como máximos responsables “políticos” de la llamada Operación Kitchen, el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Sobre Rajoy, el documento añade que era ”objetivamente uno de los máximos beneficiarios” del posible éxito de la trama parapolicial “como posible responsable de su financiación irregular [de su partido] y de la percepción de sobresueldos de procedencia irregular”.
Durante el trámite de este jueves, se ha admitido una enmienda planteada por el PNV que, si bien mantenía en su práctica totalidad las conclusiones del texto aprobado en la comisión, matizaba algunas de sus afirmaciones al rebajar, por ejemplo, el valor del testimonio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que ahora tilda de “demasiado poroso”. El documento aprobado también recoge como novedad una referencia explícita a los “daños de difícil o imposible reparación para el crédito y el prestigio” de la Policía que ha provocado la trama que aún se investiga en la Audiencia Nacional.
Aunque el resultado final de la votación no deparó sorpresas —se aprobó con el respaldo de del PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, ERC, Ciudadanos y PNV, entre otros (195 votos, más de los que obtuvo cuando se aprobó en la comisión para su remisión al pleno), frente a los de 91 de PP y las 63 abstenciones de Vox—, el debate fue bronco por momentos. Los populares y el partido de Santiago Abascal aprovecharon sus intervenciones para lanzar graves acusaciones a los otros partidos, con referencias personales a algunos de sus dirigentes.
El documento finalmente aprobado concluye que “la cúpula directiva del PP ordenó que se utilizara a los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al Partido Popular sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban”. El dictamen incide en que la operación se dirigió desde tres lugares. El primero, la sede del PP, “con conocimiento” de Cospedal, que “informaba” a Rajoy. El segundo, el Ministerio del Interior, donde Fernández Díaz “encargó al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo”. Y un tercero con “epicentro” en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, que dirigía el comisario Eugenio Pino.
“La finalidad de la Operación Kitchen —concluye el texto— era la obstrucción de las investigaciones judiciales en marcha y que las pruebas que pudieran estar en posesión de Luis Bárcenas se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas por la administración de justicia e, incluso, de los propios miembros del cuerpo que actuaban como policía judicial. Y para esta finalidad de interés particular exclusivo del Partido Popular se utilizaron presuntamente fondos reservados y efectivos policiales”, añade. En el añadido que se ha hecho en este último trámite, el texto incide en Rajoy es “acreedor de responsabilidad política in vigilando [expresión latina empleada en derecho para señalar la responsabilidad de vigilar] o de una responsabilidad vicaria [por negligencia] por los graves hechos que se sucedía en el Ministerio del Interior de su Gobierno”.
Pese a su apoyo final al dictamen, algunos grupos que han votado sí han lanzado críticas al documento al echar en falta que el mismo instará al Congreso a emprender reformas legales para evitar que hechos similares se volvieran a producir. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha reclamado cambios en las normas que rigen el uso de los fondos reservados y la concesión de medallas pensionadas a los policías. “¿Ahora que hacemos para desmontar las cloacas [del Estado] y toda esa red de cañerías que lleva décadas en funcionamiento?”, ha preguntado después de recalcar que la Operación Kitchen no era el primer caso de prácticas irregulares en el Ministerio del Interior ni, previsiblemente, será el último. En la misma línea, la diputada de ERC Pilar Valluegera ha cuestionado “cuántos Villarejo hay ahora en la policía”, aunque finalmente ha anunciado el voto favorable de su partido “porque si no, al final, nos quedaríamos sin conclusiones”.
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Ismael Cortés, portavoz en la comisión de Unidad Podemos, socio de Gobierno, también ha lamentado que su propuesta de resolución, presentada en conjunto con otros grupos y en la que se recogía la necesidad de adoptar medidas para lograr una “mayor garantía de no repetición” de lo ocurrido. También Ciudadanos, que ha reconocido coinciden “en la esencia del relato de los hechos” del dictamen, ha criticado la falta de referencia a nuevas medidas. Edmundo Bal, su portavoz, ha lanzado al resto de partidos una propuesta para alcanzar un pacto de Estado “para no tolerar la corrupción, para perseguir la corrupción”.
Por su parte, Felipe Sicilia, en nombre del PSOE, ha defendido las conclusiones del dictamen y, en especial, la responsabilidad política e implicación de Rajoy y Cospedal. Sicilia ha insistido que no era creíble que el ministro Fernández Díaz hubiera tomado supuestamente la decisión de poner en marcha la trama parapolicial de espionaje a Bárcenas sin recibir la orden de un superior. “Ese era el presidente del Gobierno”, ha dicho. El portavoz socialista ha recordado las dos sentencias judiciales que han confirmado la existencia de una caja b en el PP ―y que precisamente Rajoy negó durante su comparecencia ante la comisión, como destaca el dictamen aprobado― e inscrito la Operación Kitchen como una secuela más de la financiación irregular de los populares: “[La Operación Kitchen] era una trama corrupta para tratar de tapar otra trama corrupta”, en referencia al caso Gürtel.
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