El Constitucional da el plácet por unanimidad a los cuatro juristas nombrados por el Gobierno y el Poder Judicial
El pleno del Tribunal Constitucional ha dado por unanimidad el plácet para su incorporación al órgano de garantías a los juristas Laura Díez Bueso y Juan Carlos Campo, designados por el Gobierno en noviembre, y César Tolosa y María Luisa Segoviano, elegidos por el Consejo General del Poder Judicial el miércoles pasado. “El Pleno del TC verifica por unanimidad que los cuatro juristas propuestos por el Gobierno y el CGPJ cumplen los requisitos exigidos por la Constitución”, ha comunicado el tribunal de manera protocolaria.
Los once magistrados, reunidos este jueves en un pleno extraordinario, han confirmado que los cuatro candidatos cumplen los requisitos exigidos por la Constitución. Este es el último trámite para culminar la renovación del tribunal de garantías, pendiente desde junio y que desembocará en un cambio en la relación de fuerzas, con siete miembros de sensibilidad progresista y cuatro de tendencia conservadora.
Una vez recibido el plácet de los cuatro designados, se fijará la fecha del juramento o promesa del cargo de todos ellos y el acto de su toma de posesión en el Constitucional, que en medios del tribunal se estima que será durante la semana del próximo 9 de enero. Es en ese momento cuando queden cumplimentados todos los trámites para que el exministro de Justicia Juan Carlos Campo; la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez; la expresidenta de la Sala Social del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano y el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo César Tolosa sean magistrados de pleno de derecho del Constitucional.
La convocatoria responde a las previsiones de la ley orgánica del Constitucional, que deja en manos del pleno la comprobación de que los juristas propuestos reúnen las condiciones previstas para ocupar el cargo. Dichos requisitos son esencialmente que se trata de profesionales del ámbito jurídico y que han dedicado a su ejercicio un mínimo de 15 años.
Los miembros del órgano de garantías, posiblemente en su última reunión con la actual composición, se han limitado “juzgar” si los cuatro propuestos “reúnen los requisitos requeridos por la Constitución”, tal y como establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en sus artículos 2.1 g y 10.1.i.
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El juicio de idoneidad, por tanto, es ajeno a consideraciones políticas o sobre el perfil ideológico de los designados, en este caso por el Gobierno y el Poder Judicial, y en las siguientes renovaciones por parte del Congreso y el Senado.
Los cuatro magistrados designados por el Gobierno y el CGPJ reemplazarán al presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano; su vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, que componen el tercio que la Constitución encarga renovar al Ejecutivo y al órgano de gobierno de los jueces.
La renovación va a suponer que el tribunal de garantías pase automáticamente de su actual mayoría conservadora (6-5) a otra de carácter progresista (7-4). Y esa nueva mayoría lo será durante un largo período: hasta 2031 no volverán a intervenir ni el Gobierno (que nombra dos magistrados del Constitucional) ni el Consejo del Poder Judicial (otros dos).
Todo ello, a la espera de que se cubra la vacante del magistrado Alfredo Montoya, que abandonó el cargo en verano por motivos de salud. La ley estipula que la plaza de este magistrado se cubrirá de la misma forma en la que se designó y por el tiempo que le restase; es decir, a través del Senado. Antes de su designación, el elegido deberá comparecer previamente ante la correspondiente comisión de la sede legislativa.
Una vez se culmine la renovación efectiva, la primera tarea será nombrar presidente. Los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer siguen siendo los principales candidatos. Con toda probabilidad, el vicepresidente será el magistrado conservador Ricardo Enríquez.
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