El Constitucional rechaza suspender la pena de prisión de los condenados por el ‘caso de los ERE’
El Tribunal Constitucional ha rechazado esta mañana la medida cautelar solicitada por los condenados del caso de los ERE de Andalucía para que se suspendieran las penas de prisión que les fueron impuestas mientras se estudia el fondo de su recurso de amparo contra la sentencia del Supremo. Esta solicitud forma parte de una pieza separada abierta por el tribunal tras la presentación de un recurso de amparo por parte de 12 de los condenados, de los cuales 6 se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad. Todos ellos se hallan en prisión desde finales del año pasado o principios del presente, según los casos, en función del margen que les dio la Audiencia de Sevilla para que ingresaran.
Esta parte del procedimiento de amparo no afecta a varios de los condenados por el caso de las ayudas fraudulentas a empresas concedidas por la Junta de Andalucía. Entre ellos figura el expresidente autonómico José Antonio Griñán, quien, a pesar de haber sido condenado a seis años de prisión por los delitos de malversación y prevaricación, nunca llegó a ingresar en la cárcel, por razones de salud. El expresidente socialista pidió desde el primer momento la suspensión de su pena de prisión por hallarse en tratamiento por un cáncer de próstata. El forense ratificó el diagnóstico y aconsejó que Griñán pudiese seguir en libertad para el tratamiento de su enfermedad.
También fue condenado por malversación y prevaricación el exconsejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera, en este caso a siete años de prisión. Viera, sin embargo, está en tercer grado penitenciario y goza, por tanto, de un régimen de semilibertad. Se encuentra asimismo en tratamiento médico. Estuvo en la cárcel de enero a junio pasado.
Los condenados en el caso de los ERE que tras dichas excarcelaciones permanecen en prisión ―y son, por tanto, los afectados por la denegación de la medida cautelar acordada por el Constitucional― son Francisco Vallejo (exconsejero de Innovación), Jesús María Rodríguez (exviceconsejero del mismo departamento), Antonio Fernández (exconsejero de Empleo), Carmen Martínez Aguayo (extitular de Hacienda), Miguel Ángel Serrano (ex director general de la Agencia Idea) y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que también alegó enfermedad, pero ingresó en prisión el pasado mes de abril.
Griñán también presentó inicialmente una petición de medida cautelar, pero la retiró una vez que le fue concedida la posibilidad de seguir tratamiento sin ingresar en la cárcel. Contra el fondo del asunto, la sentencia del caso de los ERE, se interpusieron 12 recursos de amparo, por supuesta vulneración de derechos fundamentales. Tales impugnaciones siguen su curso y se resolverán a lo largo de los próximos meses.
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El rechazo de la medida cautelar pedida por parte de los condenados se ha basado en esencia en la doctrina del propio Constitucional, en el sentido de no suspender (salvo circunstancias excepcionales) el cumplimiento de las penas de prisión de más de cinco años. En un primer momento, cuando se presentaron los recursos de amparo, Griñán y otro de los condenados ya pidieron medidas cautelarísimas (sin oír a las partes del proceso), que fueron denegadas por el tribunal.
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