El drama de la línea 7B del Metro de Madrid: 200 casas arruinadas y decenas de desalojos en San Fernando de Henares
A Eva le tiembla la voz. Su familia es una de las 27 que este año ha tenido que dejar a toda prisa su casa de San Fernando de Henares, carcomida día a día y poco a poco desde que el metro llegó al municipio (2007). “Hemos pasado del miedo, del desasosiego, del no dormir por las noches por temor a que se nos cayera la casa encima, a la incertidumbre de ahora”, cuenta. “Sentimos vacío”, dice sobre la herida abierta en sus vidas por el aviso de que debían dejarlo todo atrás en solo 24 horas. Y pide soluciones. “¿A qué esperan? ¿A que se caiga San Fernando entero? ¿A que se hunda? Nos han echado de casa por un problema que no es nuestro, porque lo ha originado el Metro, que nos ha fastidiado la vida”, remata durante una rueda de prensa celebrada ayer en el Ayuntamiento de su pueblo (40.000 habitantes).
Desde 2007, cuando empezó a funcionar la línea 7B de Metro, más de 200 casas distribuidas por 15 calles de San Fernando de Henares cercanas al recorrido del suburbano se han ido hundiendo poco a poco, o han visto cómo aparecían grietas en paredes, techos y fachadas, según datos del Gobierno municipal y de la plataforma de afectados.
La zona cero de esa pesadilla está oculta bajo tierra. Las obras del túnel del Metro facilitaron la entrada del agua, que contactó con terrenos solubles y ha obligado a interrumpir la circulación de trenes por la línea hasta en nueve ocasiones desde la inauguración (para un total de más de dos años sin dar el servicio).
Resultado: se han derribado al menos tres negocios (un gimnasio, una escuela infantil y una escuela de idiomas); ha habido múltiples desalojos desde 2015; y ahora mismo hay 27 viviendas y dos locales comerciales vaciados a toda prisa para apuntalarlos, entre los que se encuentran tres edificios que podrían ser demolidos.
Son las consecuencias de una inauguración hecha a toda prisa, denuncian los vecinos. Ocurre en 2007. La entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre (PP), celebra la llegada del Metro a San Fernando justo antes de las elecciones autonómicas. Los festejos (una paella para miles de personas, dos conciertos…) y la asistencia (Aguirre, Gallardón y tres alcaldes de la zona) reflejan la importancia estratégica que tiene para los comicios que las obras hayan terminado a tiempo. El PP arrasa: mayoría absoluta. Luego empiezan los problemas en las viviendas, detallados en más de 1.000 folios de documentación oficial a los que ha accedido EL PAÍS.
- 8 de diciembre de 2020. “En las viviendas en la calle de la Presa número 29 y 31 hay un grave riesgo estructural derivado de los movimientos de terreno detectados en las inmediaciones de la línea 7B del Metro en Coslada y San Fernando, indicando, debido al grave peligro que suponen, la necesidad de proceder al desalojo inmediato (…) ante el riesgo inminente de colapso”, escribe el subdirector general de Concesiones, Patrimonio y Conservación de Infraestructuras.
- 26 de julio de 2021. “Deben tomarse medidas de refuerzo estructural con carácter inminente (…) habida cuenta el grave peligro en que se encuentra el edificio”, detalla otro informe oficial sobre el edificio que confluye en las calles de la Presa y de Rafael Alberti.
- 9 de septiembre. “Se recomienda la demolición del edificio situado en la calle de la Presa 33 ante su estado de ruina”, alerta un peritaje encargado por el Gobierno, que está dedicando 956.203,72 euros a la estabilización de ese bloque, y al refuerzo estructural de los situados en la calle de la Presa número 4 y en calle de Rafael Alberti números 1 y 3. Además, se invierten otros 500.000 en rehabilitar las viviendas de la calle de la Presa números 29 y 31.
- 13 de octubre. “Las patologías observadas (en una inspección anterior) se han visto incrementadas exponencialmente, aparte de que han aparecido otras nuevas”, se lee en un informe sobre el edificio de la calle de la Presa 27, encargado por el Gobierno. La conclusión se repite para el edificio que hay en el número 19 de la misma calle. En general, la situación no mejora. Los problemas, dicen los técnicos, “se incrementan”. Y también “se aceleran”.
Un diagnóstico que los vecinos no necesitan leer. Ya lo ven todos los días, dicen. “Tenemos algo más de 200 viviendas afectadas al día de hoy, pero esto es como una balsa de aceite, se va extendiendo”, lamenta este miércoles Javier Corpa, el alcalde socialista de San Fernando de Henares, durante una rueda de prensa. “¿Y las indemnizaciones?”, lanza. “Ya han pasado (por el Gobierno regional) Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Pedro Rollán y ahora Díaz Ayuso. ¡Seis presidentes que han mirado para otro lado!”, se queja mientras le escuchan los representantes de la plataforma de afectados.
“Llevamos 12 años sin soluciones”, se queja uno de ellos, Eloy. “La situación es muy preocupante”, subraya. “Está en juego la propiedad de muchas familias, lo único que tienen, sus viviendas”, añade. Y afea: “Se encuentran indefensas”.
“Estamos indignados”, coincide Federico, otro de los vecinos. “El PP es el culpable de la situación. El metro se inauguró deprisa y corriendo, con urgencia, para que coincidiera con unas elecciones”, opina. “Tiene que haber partidas presupuestarias para solucionar esta situación, y mientras no la haya, se agrandará la situación y afectará a más gente. Hasta que ocasione alguna víctima, y nos echaremos las manos a la cabeza”, advierte sobre los 7,8 millones que se recogen para este problema en el proyecto de Presupuestos para 2022. “Desde hace 12 años, ha empeorado la situación, cada vez hay más edificios afectados, se están hundiendo casas”.
Todo empieza con una tuneladora mastodóntica y unas sales incrustadas en el suelo igual que la grasa lo está en el buen jamón de jabugo.
“Entre los municipios de Coslada y San Fernando, denominado tramo III, el túnel se ejecutó mediante tuneladora de 9,40 metros de diámetro trabajando en modo EPB (presión de tierras en el frente)”, se lee en un informe gubernamental que ya diseccionaba el problema en 2013. “En otoño del año 2010, cuatro años después del paso de la tuneladora, comenzaron a recibirse reclamaciones de los vecinos de la calle de Olavide, pares e impares, por lo que se tomó la decisión de controlar los movimientos que se estaban produciendo en los edificios”, se añade sobre los cientos de testigos que pueblan las paredes de las casas de San Fernando, igual que si fueran espantapájaros. “(…) Se pudo comprobar que el movimiento no solo no se estabilizaba, sino que se aceleraba a medida que pasaban las semanas”, se continúa. Y se advierte: “Los estudios preliminares realizados pusieron de manifiesto la presencia de sales de elevada solubilidad, y de oquedades de pequeña entidad y a diferentes profundidades, provocadas por la circulación de agua y la disolución de sales”.
Eso provoca que algunos edificios se muevan sobre unos terrenos que ya eran susceptibles de hacerlo (y que en algunos casos lo hacían) desde antes de la obra. Y aparecen grietas. Y se desplazan escaleras. Y se descuadran puertas y ventanas. Algunos vecinos tienen que entrar siempre a casa por el garaje, porque el acceso normal está bloqueado. Otros mandan cartas desgarradoras a la Administración: ahí está la misiva de una hija que describe cómo su padre, de 92 años, se ha quedado ya varias veces encerrado en casa porque ya no hay quien abra la puerta.
“Han tenido que quitar los azulejos de la puerta de la Academia, porque no se podía abrir y por ella entran y salen las alumnas todos los días”, resume esa misiva un escrito oficial, ya que en la planta baja hay una escuela de baile.
“No se puede afirmar que la línea 7B haya funcionado correctamente, ya que tras la inauguración se han registrado patologías tanto en la estructura de metro como en la superficie, y han afectado directamente a los vecinos, en su mayoría a los vecinos”, reconoció Miguel Núñez, director General de Infraestructuras de Transporte Colectivo, en una comparecencia parlamentaria de octubre.
Y así se llega al día de ayer, 24 de noviembre de 2021. Casi 15 años después de que Aguirre celebre la inauguración del Metro, 24 de las 27 familias malviven en pisos turísticos o apartahoteles, que están a entre 3,5 y 8 kilómetros de su vivienda. Han tenido que dejar su casa porque cruje de día y de noche, sembradas las paredes de heridas por un movimiento que no cesa, caídos los azulejos, y ocultos los peligros por el papel o la madera que recubre algunas habitaciones. La Comunidad asegura que les paga el alojamiento, la manutención y los desplazamientos. Pero el tiempo avanza sin que nada parezca solucionarse. Y llega la Navidad.
“Al salir a los pisos turísticos, lo primero que piensas es que tienes un techo, que no estás en un polideportivo, que podíamos estar peor”, dice ayer Eva. “Pero es pensar todos los días: ¿Y mañana? ¿Qué va a pasar conmigo?”, sigue. “No sabéis cuál es la sensación de estar fuera de casa, que vengan estas fechas… y sin ilusión ninguna. Vamos a tener una Navidad muy particular. Compartimos todo con 24 familias. Por las noches nos consolamos. Nos animamos para que la lucha siga. No tenemos casa. No tenemos hogar”.
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