El enfrentamiento entre el PSOE y Podemos y los demás aliados aboca la ‘ley trans’ al atasco
La llamada ley trans parece abocada a un nuevo atasco parlamentario de consecuencias políticas ahora impredecibles. Unidas Podemos y otros nueve grupos parlamentarios con representación en el Congreso han registrado este miércoles un total de 11 enmiendas conjuntas a ese proyecto emblemático defendido por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero para incluir algunas correcciones más técnicas que políticas, pero con el trasfondo claro de enviar al PSOE un mensaje y una presión: la ley tiene que salir adelante tal y como se presentó y aprobó por el Consejo de Ministros en junio pasado, “sin retrocesos”.
Esos diez grupos, que en su mayoría votan junto al Ejecutivo sus proyectos, leyes e iniciativas, exigen al PSOE que retire las enmiendas que ese partido registró el pasado lunes para aumentar la cobertura jurídica de la norma y para regular con más controles y filtros jurídicos la posibilidad de la autodeterminación de género entre los 12 y los 16 años. El PSOE se niega. Podemos y los aliados habituales del Ejecutivo reafirman que no respaldarán en ningún caso los planteamientos socialistas. PP y Vox rechazan de plano el proyecto y no se vislumbran, en este caso, como una solución alternativa.
Ya la ministra de Igualdad, Irene Montero, había sido tajante a primera hora de este miércoles en los pasillos del Congreso. Montero ha acusado a los socialistas de “incumplir” el compromiso del Gobierno y ha sido la primera en pedir al PSOE, socio mayoritario del Ejecutivo, que “retire” sus enmiendas. “Nos vamos a dejar la piel para que la ley trans salga adelante, estoy muy preocupada y así se lo he transmitido al PSOE con esas enmiendas que afectan al corazón de la ley y que incumplen su compromiso de tocar la libre determinación de la identidad de género y vamos a trabajar con la mayoría feminista del Congreso para intentar que la ley salga antes de que acabe el año y sin un solo recorte en derechos, tampoco para las infancias”, ha asegurado Montero.
Al final de la mañana, ante el registro oficial del Congreso, los portavoces de los diez grupos parlamentarios plantaron su firma para suscribir hasta 11 enmiendas conjuntas que precisan algunos puntos de la norma y que, sobre todo, sirvieron para confirmar sus enormes diferencias ahora con los socialistas. Dirigentes de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, BNG, PDeCAT, PNV, Más País, Compromis y Coalición Canaria se presentaron ante ese mostrador y evidenciaron después ante los medios de comunicación su determinación de no aceptar “ningún paso atrás en el acuerdo suscrito dentro del Gobierno” y en los derechos que entienden que demandan mayoritariamente los colectivos LGTBI, según expresó Sofía Fernández Castañón, diputada de UP.
La firmeza de Unidas Podemos y los demás socios habituales contra las rectificaciones del PSOE sitúa el futuro de la ley en un limbo parlamentario sobre cómo y con quién podría superar las próximas votaciones en el Congreso. Unidas Podemos ya ha advertido de que no está dispuesto a apoyar ninguna iniciativa que rebaje el texto actual pactado dentro del Ejecutivo tras más de dos años de discusión interna.
Unidas Podemos confía en que finalmente los socialistas hagan sus números y retiren in extremis sus 37 enmiendas parciales, que formalizó en la noche de este pasado lunes, ante la posibilidad de que una norma salida del Consejo de Ministros decaiga por falta de apoyos y se convierta en un fracaso político de la coalición en esta fase decisiva de la legislatura. El precedente, recuerda ese partido, es el de la ley del solo sí es sí, cuando el PSOE amagó hasta el último minuto con una enmienda sobre la abolición de la prostitución que ponía en riesgo la aprobación de una de las normas estrella del ministerio de Irene Montero. Después de meses de negociaciones infructuosas en el Congreso, aquella iniciativa socialista incluía la abolición de la prostitución y la tercería locativa (quienes ponen pisos o locales para que se ejerza la prostitución) en la ley con una redacción que rechazaban tanto UP como otros grupos de la mayoría progresista. Finalmente, ante el riesgo de que el dictamen de la ley no fuera aprobado en Comisión, el PSOE retiró su enmienda y Unidas Podemos, aceptó una iniciativa de supresión que eliminaba del texto aquellos artículos referidos a la prostitución. “Nos hemos quedado solas”, admitió Adriana Lastra, la portavoz entonces del grupo socialista, tras dar marcha atrás. UP sostiene que ahora podría y debería volver a pasar lo mismo.
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El PSOE lo niega, a día de hoy. Fuentes de la dirección del grupo socialista remarcan que su compromiso, como ha expresado el presidente, Pedro Sánchez, y otros miembros del Gabinete y del partido, es que la norma “salga lo más pronto adelante”. Pero los socialistas, que han sufrido evidentes divisiones internas y con algunos colectivos feministas, también precisan que su objetivo es que la ley trans “dure” y que el Tribunal Constitucional no tenga argumentos para “tumbarla entera” ante los previsibles y anunciados recursos del PP y Vox. El PSOE avanza que no retirará sus enmiendas.
La opción extraña e inusual de que el proyecto de ley trans elaborado desde el Ministerio de Igualdad de Irene Montero saliera adelante con el apoyo o la abstención del PP y frente al rechazo de UP y los demás socios no parece ahora mismo muy viable. PP y Vox también han tramitado sus enmiendas. Y sus manifestaciones son de rechazo visceral a todo el proyecto, hasta el punto de haber avisado de que lo derogarán si prospera y ellos llegan al Gobierno en el futuro.
El matiz, en la derecha, lo aporta por ahora Ciudadanos. Como “defensores” de la libertad, desde Cs llevan meses exigiendo al Gobierno que acometiera una reforma legislativa en materia de derechos relativos a las personas transexuales. De hecho, en junio del año pasado, su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, ya defendía en la Cámara baja la necesidad de “hacer un esfuerzo en la protección de este colectivo”. “Nosotros vamos a trabajar para mejorar esta ley”, afirmó entonces Bal, en aras de “redundar en beneficio de la seguridad jurídica y de las garantías de este colectivo”. Una posición que les sitúa al margen de otras fuerzas de la derecha, como PP y Vox, que presentaron enmiendas a la totalidad del proyecto, rechazadas por el Congreso a principios del mes pasado. Cs se abstuvo durante la votación con una crítica más de forma que de fondo: la tramitación del texto por vía de urgencia, que acorta los plazos de discusión y limita la consulta a órganos y grupos externos a la Cámara. El grupo parlamentario de Inés Arrimadas también presentará este miércoles enmiendas parciales, cuyo plazo se cierra a las seis de la tarde. “Las mujeres trans no borran a ninguna otra mujer”, espetó la diputada de Cs, Sara Giménez, en el estrado, al PSOE. “A ver si centramos el debate y legislamos de una manera responsable, que es para el avance en igualdad y con garantías”, subrayó Giménez durante el debate de octubre.
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