El fugitivo por un asesinato que España dejó libre porque cometió el crimen la víspera de cumplir 18 años
El 5 de enero de 1999, Jean-Marc Sirichai, nacido en Tailandia, entró a robar en una casa de Eppeldorf, al noroeste de Luxemburgo. La mujer que allí residía, de 70 años, lo descubrió. En el forcejeo, él la mató. Luego incendió la casa y trató de escapar, pero fue detenido y más tarde condenado a 4.200 días (11 años y medio) de prisión. En octubre de 2004, Sirichai se esfumó durante un permiso y desde entonces su vida ha dado mil vueltas. Vivió en la calle en Bruselas, en Metz (Francia) y en París, donde fue arrestado por estancia ilegal. Sirichai dio a las autoridades francesas su identidad tailandesa y no fue identificado como fugitivo de Luxemburgo.
El hombre quedó libre en Francia y viajó a Barcelona, Valencia y, finalmente, recaló en Punta Umbría (Huelva, 15.242 habitantes). Ahí rehízo su vida, encontró pareja y tiene una hija. En agosto de 2020, tras 16 años de huida, el fugitivo más buscado de Luxemburgo fue detenido por la Policía Nacional. Todo parecía indicar que sería entregado para terminar de cumplir los casi nueve años de condena que le quedan. Sin embargo, un año después quedó libre en España y así permanece.
¿Qué ha pasado para este inesperado giro de guion? La clave está en la edad que Sirichai tenía al cometer los delitos. Nació el 6 de enero de 1981, así que aquel 5 de enero de 1999 le faltaba un día para cumplir 18 años. Luxemburgo le impuso la pena de prisión como mayor de edad, porque así consideran en ese país a quienes tienen más de 16 años.
Tras su fuga, se convirtió en el fugitivo más buscado de Luxemburgo y, desde 2016, fue también prioridad europea. Alguien lo vio en la web Europe most wanted fugitives y avisó de su presencia en Punta Umbría.
En octubre de 2020, el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional reconoció la sentencia luxemburguesa de 4.200 días de cárcel y, a petición de Sirichai, decidía que siguieran cumpliéndola en España. No obstante, el abogado del fugitivo, Óscar Vázquez, recurrió esta decisión e hizo ver al juez central que, a ojos de la justicia española, su cliente era menor cuando cometió el delito. El pasado 10 de septiembre, el propio juez central anuló su auto, remitió el caso al juez de menores, y para mayor enfado de la fiscalía de Luxemburgo, dejó a Sirichai en libertad provisional con medidas cautelares.
Un mes después, el 8 de octubre, el juzgado central de menores se declaró incompetente para reconocer la sentencia. Explicaba que los tribunales de Luxemburgo impusieron una pena de reclusión, pero no una medida de internamiento, como habría ocurrido en España con alguien de 17 años. Por eso, lo consideró competencia del juzgado central de lo penal, al que devolvió el asunto. La decisión fue recurrida por el abogado, pero la Sala de lo penal de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional lo desestimó. Ahora, la pelota sigue el tejado del juzgado central, donde un juez deberá ahora decidir si Sirichai debe cumplir su condena en los mismos términos fijados por el Tribunal de Luxemburgo —como pide la Fiscalía española— o si adapta esa sentencia a la legislación de menores y, por tanto, le impone una medida de internamiento.
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Óscar Vázquez confía en que el juez, sabiendo ahora que el luxemburgués era menor de edad el día de los hechos, se decidirá por el internamiento, lo que, atendiendo al tiempo que ha pasado privado de libertad en ambos países conllevaría probablemente que quedara definitivamente en libertad. Su abogado afirma que, además de su arraigo familiar, está rehabilitado, ha trabajado como pintor o camarero de chiringuito —siempre sin contrato según fuentes policiales— y es alguien muy querido y reconocido en Punta Umbría. Cuando la Policía Nacional enseñó su foto a agentes de la Policía Local el pasado verano, uno de ellos lo reconoció con facilidad a pesar de que estaba tomada dos décadas atrás. “Todos le conocen”, dice Vázquez.
Mientras, la justicia luxemburguesa echa chispas. Su fiscalía general publicó en septiembre un comunicado quejándose de que España no había aplicado “el principio de reconocimiento mutuo” de penas privativas de libertad. La procuradora general del estado, Martine Solovieff, subrayó ante los medios de su país su “frustración” y emitió una nueva orden de arresto internacional para que, en el caso de que Sirichai salga de España, pueda ser detenido. La Policía Nacional, por su parte, considera que su trabajo está hecho. “Nosotros ponemos a los prófugos a disposición judicial, a partir de ahí, no decidimos”, afirman fuentes del grupo de fugitivos que detuvo a Sirichai. Este fue abordado hace unas semanas por un periodista de la cadena RTL de Luxemburgo. No quiso hablar ante la cámara, pero afirmó: “¡Mi acto es imperdonable!”, según relata el comunicador Dan Wiroth, al que Sirichai contó que no hay futuro para él “sin haber trazado una línea con el pasado”. De momento, hace equilibrios entre la libertad y unos 3.000 días de prisión.
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