El Gobierno aprobará hoy la creación del nuevo centro nacional de salud pública sin decidir su ubicación
El Consejo de Ministros dará este martes el primer paso para sacar adelante el proyecto de ley que creará un centro nacional de salud pública. Es un déficit que España tiene al menos desde 2011, cuando entró en vigor una ley que lo contemplaba. Lo que no se sabe todavía son los detalles operativos de este nuevo organismo: su estructura, número de empleados o ubicación.
Son características que tendrán que definirse en el estatuto del centro, una vez que se elabore la ley. Se hará por la vía de urgencia, según señaló este lunes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una entrevista en Televisión Española. “No está definida la sede porque tiene unos trabajos previos, unos indicadores que vamos a valorar para que esa presencia en el territorio sea positiva desde el punto de vista de la generación de empleo. No hay cerrada una candidatura al respecto, sino que se abre un ámbito de concurrencia competitiva para que la administración general del estado tenga mayor presencia y genere sinergias que mejoren todos los territorios para cohesionar España desde el punto de vista social”, dijo.
Esto parece descartar a Madrid como sede del futuro centro, en la línea con lo que solicitaban las sociedades científicas cuando se abrió a consulta pública el anteproyecto de ley. La Sociedad Española de Salud Pública (Sespas) proponía que se instalara fuera de una capital de provincia para favorecer la actividad en la España vaciada. Aragón, Asturias, Extremadura y la Comunidad Valenciana ya han dejado ver que están dispuestas a acoger este nuevo centro.
Tendrá la misión de aglutinar los organismos que ya trabajan en salud pública y añadir nuevas funciones y competencias. En este ámbito, de forma autónoma, ya funcionan el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el Instituto de Salud Carlos III, centros universitarios y las propias comunidades autónomas. El nuevo organismo, previsiblemente, será un paraguas para todos ellos, que además sirva de eje de comunicación con entidades supranacionales, como pueden ser la Organización Mundial de la Salud o el Centro Europeo de Control de Enfermedades.
“El fin último de la norma es crear un nuevo centro de salud pública con autonomía funcional, que ejerza las competencias de análisis y estudio, evaluación de políticas e intervenciones públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria”, rezaba el anuncio que hizo Sanidad al poner en marcha el trámite de consulta pública. “El nuevo centro se dotará con personal de la más alta capacitación científico-técnica en las distintas áreas y materias. Será un centro de excelencia que aglutine las competencias hasta ahora dispersas en esta materia”, continuaba.
Su creación, propuesta en 2011, no había sido ejecutada por ninguno de los Gobiernos que se han sucedido desde entonces. La idea se reflotó en la pandemia. En la comisión de reconstrucción del Congreso, en verano de 2020, una de las conclusiones fue que había que crear una agencia con las características descritas. Esto podría evitar en un futuro algunos de los obstáculos con los que el Ministerio de Sanidad se encontró en los primeros meses de la pandemia de covid, cuando cada comunidad autónoma aportaba datos de forma heterogénea que tenían que ser armonizados por un CCAES en el que trabajaban apenas media docena de funcionarios.
Pero no solo es un centro para las pandemias. Se trata de que centralizar la inteligencia de la salud pública; que todos los indicadores estén constantemente monitorizados y que pueda dar recomendaciones para políticas que luego el Ministerio de Sanidad y las comunidades tendrían la posibilidad de ejecutar.
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