El Gobierno aprueba aumentar las penas de prisión hasta dos años por maltrato animal e incluir a las especies salvajes
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una modificación del Código Penal para ampliar las penas de prisión hasta dos años por maltrato animal. En la actualidad, el máximo se encuentra en 12 meses. Una de las principales novedades es la inclusión de los animales vertebrados salvajes dentro del delito, no solo los domésticos, como hasta ahora. Además, se considera un agravante el uso de animales para coaccionar o amenazar en los casos de “violencia de género o intrafamiliar” una situación que afecta “mayoritariamente” a las mujeres.
Se contempla también como agravante la difusión del maltrato animal en un evento público o difundirlo a través de tecnologías de la información. Con esta reforma se acabará que “ahogar a una cría de jabali” o “quemar, por ejemplo, a un zorro vivo y subirlo a las redes sociales no tenga ningún reproche legal”, ha indicado Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
En la misma reunión, el Gobierno ha dado luz verde —tras un tira y afloja de casi cinco meses por diferencias del PSOE con el texto de Unidas Podemos—, al proyecto de ley de protección y bienestar animal, que se envía ahora al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. Unidas Podemos acusó al ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, de paralizar el anteproyecto para favorecer al sector cinegético, que ve amenazados sus intereses.
Ganadería y tauromaquia quedan fuera de la ley
La ley promueve el sacrificio cero, prohíbe la venta de mascotas en tiendas y los animales salvajes en circos, elimina el listado de canes potencialmente peligrosos, sanciona dejar a un perro sin supervisión más de de 24 horas, apuesta por cría profesional e incluye la esterilización en caso de no poder mantener separados a machos y hembras, entre otras medidas. Se dirige a las mascotas —en España existen más de 13 millones registradas por las comunidades: uno de cada tres hogares convive con una—, y deja fuera a las especies de producción de alimentos u otros ejemplares —aunque se tenga solo uno—, a la ganadería y la tauromaquia.
Finalmente, los propietarios de perros pastores y de caza no tendrán que realizar el curso básico de formación, que se plantea para cualquier propietario de los animales. “Se presupone que cuentan con una formación previa específica”, comenta Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales. Los dueños de estos canes, usados en ganadería y caza, los podrán dejar sin supervisión durante más de un día, no como ocurre con el resto de las mascotas. Y en cuanto a la esterilización obligatoria —que propone la ley para evitar nacimientos que no se desean si no se pueden mantener separados a machos de hembras—, el propietario se tendrá que registrar como criador si no puede o no quiere hacerlo.
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La ley, la primera estatal, pretende poner fin a las disparidades que propicia la existencia de 17 leyes autonómicas diferentes de bienestar animal. Por ejemplo, en cuanto al sacrificio cero de mascotas, una de sus medidas estrella, en la actualidad en Madrid y Cataluña no se eutanasia a los animales abandonados sin motivo, pero en otras comunidades como Andalucía sí se permite.
A pesar de perseguir la mejora del bienestar animal, el anteproyecto de ley que presentó Unidas Podemos en octubre del año pasado levantó una gran polémica entre colectivos muy diferentes: 800 científicos firmaron un documento en contra, los cazadores aseguraron que era un ataque a su actividad y también despertó el recelo del Consejo General de los Veterinarios. Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción, indica que este nuevo texto les parece “mucho más completo que borradores anteriores”. Considera que hace grandes aportaciones tanto a la protección de animales domésticos como silvestres (que se mantienen en cautividad por particulares), pero anuncia que van a presentar alegaciones. Les preocupa el tratamiento que se va a dar a los gatos que viven en la calle en colonias felinas. La ley habla de una “gestión ética”, que incluye la esterilización de estos gatos para volver a soltarlos después en los mismos lugares de donde proceden. “Lo que no me parece adecuado es que se haga lo mismo en el campo, porque estos animales aunque estén esterilizados no han perdido su naturaleza depredadora y son competidores de los animales salvajes, como, por ejemplo, del gato montés, que está en peligro”, concreta.
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