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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, busca ahora fórmulas alternativas para ayudar a las comercializadoras tras la escalada del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Ante la negativa a su propuesta de revisar la tarifa regulada, el Ministerio estudia, entre otras opciones, la concesión de créditos ICO como los aprobados durante la pandemia, aunque teme que puedan ser considerados ayudas de Estado ilegales.

Al término de la cumbre del clima en Glasgow del pasado sábado, Ribera afirmó que la revisión de la tarifa regulada que estaba prevista se aplazaba sine die por falta de consenso. Según la ministra, el Gobierno quiere “el máximo compromiso y mientras no haya consenso no se pueden fijar fechas”. “Me parece que, como aparentemente está resultando difícil que haya un espacio común, no veo fácil que haya consenso en esta cuestión”, añadió.

La revisión que planeaba el Gobierno consistía en sacar del mercado mayorista de la electricidad (el llamado pool) la producción de las plantas de renovables, cogeneración y residuos con retribución específica (lo que se conoce como régimen especial Recore) para vincularla a los consumidores domésticos acogidos a la tarifa PVPC y a la industria. La propuesta daría lugar a una especie de mercado paralelo al actual mercado diario de energía con el objetivo de proporcionar una tarifa a un precio intervenido y más reducido para el consumidor. Es decir, que estas energías (renovables, cogeneración y residuos) suministren la electricidad a los consumidores domésticos y pymes con tarifa regulada PVPC a un precio fijo (de entre 57 y 60 euros el megavatio hora (MWh). Esto supondría tener que devolver la diferencia que hay entre ese precio fijado con el de mercado actual, que este miércoles será de 190 euros el MWh.

Protestas

La retribución específica de ese régimen de renovables, cogeneración y residuos se fija de acuerdo a una rentabilidad prevista y se salda cada tres años. De esta manera, lo que se supere de esa cantidad se tiene que devolver, de la misma forma que si no se alcanza se les tiene que ingresar la diferencia. En realidad, la propuesta plantea adelantar la liquidación que las productoras acogidas al régimen Recore tienen que hacer a finales de 2022, que es cuando acaba el trienio, para beneficiar al PVPC y a la industria. Para 2022, la rentabilidad está prevista en 56,4 euros MWh.

La intención del Gobierno era que los 87 Teravatios hora (TWh) que se producen en el Recore se destinen a cubrir la tarifa regulada de forma obligatoria y los contratos de la industria. El ministerio calcula que necesitará del orden de 27 TWh para suministrar al PVPC y cerca de 30 TWh para la industria.

Sin embargo, las comercializadoras independientes y algunas firmas de renovables, principalmente eólicas, pusieron el grito en el cielo, dando al traste con la reforma. Según estas empresas, el proyecto va en contra de la libre competencia y la liberalización del mercado eléctrico. A su juicio, su implantación provocaría un trasvase de clientes que ahora están en el mercado libre al PVPC, las comercializadoras perderían la posibilidad de vender energía procedente de esas plantas y, consecuentemente, una merma en sus cuentas que llevaría al cierre de muchas instalaciones.

Esa postura se reflejó en la ronda de consultas que realizó el ministerio con todas las partes implicadas. La Asociación de Comercializadoras Independientes de Energía (ACIE) remitió una carta en la que pedía que se no sobrepasasen “determinadas líneas rojas que puedan alterar, de forma perniciosa para la libre competencia y liberalización del mercado eléctrico la actual configuración del mercado y la participación de las renovables en competencia con otros agentes dentro de un mismo mercado”.

Posibles pérdidas

Asimismo, las comercializadoras señalaron que, “de alterarse la actual estructura del servicio de representación”, perderían unos 1.000 millones de euros y tendrían que depositar con fondos propios una ingente cantidad de garantías ante OMIE, el operador del mercado. “Cuando en 2020 los precios se hundieron, no fuimos a pedir limosna a nadie”, han comentado fuentes del sector.

Esa fue, precisamente, la razón por la que el Gobierno planteó conceder a las comercializadoras independientes líneas de liquidez similares a las que se habilitaron durante la crisis de la pandemia a las empresas. Esta solución permitiría aliviar la situación de dichas empresas. Hacienda ha analizado también la posibilidad de crear líneas específicas a través del ICO, pero se ha topado con que se pueden considerar ayudas de Estado.

En paralelo, existe preocupación por la posible creación de un nuevo déficit en el sector. El Real Decreto-ley de septiembre pasado redujo los cargos de la tarifa un 96% que se financiarían mediante el aumento de los derechos de emisión en 900 millones hasta los 2.000 y la minoración de beneficios a las eléctricas por 2.600 millones. El primer paso no acarrea problemas e, incluso, puede ir a una mayor recaudación tal como está el mercado actualmente; sin embargo, el otro puede suponer una merma considerable tras la modificación que se hizo y que, según algunas fuentes sectoriales, se cifra en 2.000 millones menos. La situación obliga a buscar otra solución y esta, según fuentes del sector, pasa por el aumento del CO2 o la vía fiscal.

Contener subida de precios

Precisamente, Ribera ha comentado este martes que el Gobierno se planteará prolongar algunas de las medidas fiscales adoptadas en la segunda mitad de este año para contener la subida en el recibo de la luz por el incremento en el precio del mercado mayorista eléctrico si se mantienen los altos precios. En declaraciones a la prensa en la inauguración de la feria Genera que se celebra en Ifema Madrid, la vicepresidenta tercera ha manifestado que que los cálculos del Ministerio apuntan a que pueden ”todavía adentrarse a lo largo del año 2022 precios altos del gas y, por tanto, precios altos del mercado eléctrico, y esto es lo que nos hará plantearnos el poder mantener algunas de las medidas que estamos viendo”, informa Europa Press.

El Ejecutivo rebajó hasta finales de año el IVA sobre la electricidad del 21% al 10% para suministros hasta 10 kW, y decidió suspender el Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% ala generación durante el tercer trimestre.

Enlace de origen : El Gobierno busca fórmulas alternativas para ayudar a las comercializadoras eléctricas