El Gobierno confía en tener operativo en un mes el mecanismo que desligue el precio de la luz y el gas
Un mes. Ese es el plazo que se da el Gobierno español para tener activo el sistema con el que esperan desligar el precio de la luz del del gas. Tras lograr el viernes que el Consejo Europeo permitiese una excepción ibérica para que España y Portugal puedan intervenir el mercado —algo que, a priori, no permite la legislación comunitaria—, los ministerios para la Transición Ecológica español y portugués trabajan estos días contrarreloj para poder enviar en los próximos días a Bruselas una propuesta que limite el precio al que vuelcan a la red los ciclos combinados, las centrales que queman gas natural para generar electricidad. Dado que esa es la fuente de energía que suele marcar el precio más alto en la mayoría de tramos horarios, Madrid y Lisboa confían en que ese cambio rebaje automáticamente los precios en el mercado mayorista que afrontan los consumidores que cuentan con una tarifa regulada. En España, estos —que se están llevando la peor parte de la crisis energética— son el 40% del total.
“La Comisión [Europea] necesitará unos días o semanas para comprobar que todo es correcto o para recomendarnos mejoras. Calculamos que en tres o cuatro semanas podríamos tener un pronunciamiento y hacerlo inmediatamente operativo”, ha afirmado este sábado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista concedida al canal 24 horas de Televisión Española. El Tratado de la UE, el gran marco legal comunitario, contempla que los países o regiones del bloque puedan —en circunstancias muy extraordinarias y debidamente tasadas: en el caso de España y Portugal, sus débiles interconexiones con el resto del continente y su elevada cuota de renovables— limitar temporalmente los precios energéticos.
Con el nuevo esquema, las centrales que queman gas natural tendrán que seguir vertiendo electricidad al sistema: sin ellas, no se podría cubrir la demanda en muchos tramos de la jornada, en los que las renovables y la nuclear no son suficientes. Lo harán, eso sí, a un precio máximo —aún por definir— que tendrá que ser compensado posteriormente para asegurarse de que toda esa oferta no desaparece. “Hay que pagar el gas en todo caso, pero queremos que ese precio no sea el mismo al que se pague el resto de la electricidad producida. Lo que haremos es separar el gas del mecanismo de formación de precio”, ha enfatizado sin dar más detalles sobre cómo se llevará a la práctica. La medida tendrá que ser únicamente temporal, y España y Portugal deberán demostrar que no se distorsiona excesivamente la competencia, una línea roja de la UE en todos los ámbitos.
A raíz de las numerosas especulaciones desatadas sobre cómo se financiará esa brecha entre el precio topado y el coste real de operación de los ciclos combinados —que fuentes del sector cifran, de media, en el entorno de los 250 euros por megavatio hora (MWh), aunque con una enorme variación entre unas y otras instalaciones—, Ribera ha asegurado que no será con dinero público: “No corresponde hacerlo a través de los Presupuestos [Generales del Estado], sino a través del mercado eléctrico”, se ha comprometido. “Se prorrateará en el resto de las tecnologías que ofertan al mercado: será un ajuste horario que se realiza inmediatamente después”, ha dejado caer. Fuentes del Ejecutivo descartan, además, que estos cambios vayan a acabar engordando el déficit de tarifa: “Se pagará con dinero del propio sistema”, insisten.
Tras las críticas vertidas por la oposición, que considera sobreestimados los logros de Pedro Sánchez en la cumbre de líderes de los Veintisiete, Ribera ha tratado de poner en valor lo pactado: “Era imprescindible que el Consejo de ayer [en referencia al viernes] permitiera hacer esto. Si no, habríamos estado incumpliendo las reglas que ordenan el funcionamiento ordinario del conjunto de los mercados eléctricos europeos”. “El Consejo Europeo”, ha insistido”, “no puede tomar decisiones jurídicamente vinculantes: lo que se ha acordado ha sido una orientación política para que la Comisión autorice el mecanismo de España y Portugal”.
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La posibilidad de imponer un límite sobre el precio al que venden su electricidad las centrales de gas, la opción por la que ha optado finalmente el Gobierno tras dejar caer su idea inicial de imponer un tope explícito sobre el mercado mayorista, formaba parte del abanico de seis alternativas abierto la semana pasada por el Ejecutivo comunitario. Para poder llevarlo a la práctica, sin embargo, ambos países tenían que ser considerados una “isla energética” respecto al resto del continente.
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