El Gobierno convoca reuniones diarias con los agentes sociales para desbloquear la reforma laboral
La negociación sobre la reforma laboral encara su recta final. Este viernes el Gobierno y los agentes sociales han mantenido un nuevo encuentro que el Ministerio de Trabajo valora positivamente aunque, de acuerdo con fuentes sindicales, no ha habido “avances significativos”. La discusión sigue centrada en la temporalidad y la regulación de los contratos eventuales, como admitió este jueves la vicepresidenta Yolanda Díaz. El Ejecutivo y los sindicatos quieren que los contratos indefinidos sean la norma común del mercado laboral y que solo se pueda recurrir a empleados temporales bajo circunstancias muy acotadas. Pero las fórmulas propuestas hasta ahora no convencen a patronal y sindicatos. Cuando quedan tres semanas justas para que expire el plazo que el Gobierno había comprometido con la Unión Europea, los participantes en la mesa han decidido reunirse a diario a partir del próximo lunes para acelerar la búsqueda de un consenso.
El pasado martes, cuando ya se celebró una reunión por videoconferencia, el Gobierno perfiló el mecanismo que quiere usar para restringir la temporalidad. Contrariamente a una propuesta anterior que apostaba por poner topes de contratos eventuales en función del tamaño de las empresas, lo que no gustaba a los agentes sociales, abogó por fijar un límite de días al año en que las compañías pueden recurrir a este tipo de contrataciones. Pero los 90 días que planteaba son pocos para la patronal y demasiados para los sindicatos.
Estos últimos, además, quieren que el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma que se reformará para modificar el modelo de mercado laboral, recoja un régimen de sanciones duro en el caso de que las empresas abusen de la temporalidad. Incluso plantean que se obligue a admitir al trabajador afectado como indefinido, lo que implicaría pagarle un despido improcedente para prescindir de él. Aunque en algún momento estas cuestiones estuvieron sobre la mesa, habían desaparecido en la propuesta remitida el martes.
El tiempo apremia para resolver esta y otras cuestiones que todavía colean en la negociación como el nuevo modelo de contrato fijo discontinuo. Esta es la figura a la que el Gobierno quiere que se recurra en sectores como el turístico, que recurrentemente emplea más fuerza laboral en temporada alta. La discrepancia respecto a este asunto es, por ejemplo, cómo se calcula la antigüedad de esos trabajadores. La patronal CEOE rechaza la idea del Ejecutivo y de los sindicatos de que los periodos de inactividad computen igual que aquellos en que el empleado fijo discontinuo está trabajando.
De cuestiones como esta debatirá la mesa de diálogo social a partir del lunes de manera diaria, con el objetivo de que el Gobierno cumpla su promesa de tener la reforma publicada en el Boletín Oficial del Estado antes del próximo 1 de enero. No obstante, Bruselas ha dado este viernes un pequeño balón de oxígeno: una portavoz comunitaria ha animado a España “a respetar el plazo previsto”; pero ha añadido que este es “indicativo”.
A preguntas de los periodistas, la portavoz para Asuntos Económicos y Trabajo de la Comisión Europea, Arianna Podestà, ha recordado que el Gobierno español “se ha comprometido a ejecutar un paquete completo de reformas del mercado laboral que deben apoyar la creación de empleo, reducir la segmentación del mercado laboral y poner en equilibrio la necesidad de flexibilidad y seguridad”, informa Europa Press. Podestà ha añadido es “esencial” que la reforma se realice “conforme a los objetivos y descripción” que España pactó con Bruselas para recibir fondos de recuperación europeos, pero también ha asegurado que los plazos que se acordaron “son indicativos” y lo importante es que se haga “todo lo posible” para tener listos los cambios antes de la siguiente remesa de fondos. A principios de mes Bruselas autorizó la primera remesa de fondos del plan de recuperación (antes se habían concedido anticipos), que tenían por objetivo precisamente España y un importe de 10.000 millones. El Gobierno contempla para mediados de 2022 un nuevo desembolso de unos 12.000 millones.
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