El Gobierno de Castilla-La Mancha prohíbe la construcción y ampliación de macrogranjas hasta 2025
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una enmienda que impide —hasta 2025— la concesión de permisos para construir macrogranjas o ampliar las que están en funcionamiento. La portavoz del Gobierno autonómico, Ana Isabel Abengózar, ha defendido la medida ante el “crecimiento exponencial de autorizaciones y de modificaciones de proyectos con aumento de capacidad” de estas explotaciones: “Esta medida no pone en riesgo al sector cárnico ni al ganadero ni al agrícola”, ha señalado Abengózar. La moratoria ha contado con el voto favorable del PSOE, que gobierno con mayoría absoluta en la región. El Partido Popular se ha opuesto a pesar de que su líder en la región, Paco Núñez, se pronunció en contra de este modelo de ganadería intensiva.
Esta regulación en la edificación de macrogranjas, que se ha aprobado por 19 votos a favor y 14 en contra y sin abstenciones, llega después de una semana de polémica por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que aseguró que estas explotaciones “contaminan” y “exportan carne de peor calidad” en comparación con la producida por la ganadería extensiva. El presidente castellanomanchego criticó las palabras del ministro y pidió su “rectificación”. Sin embargo, su Gobierno ha aprobado este jueves la primera medida con aplicación en toda la comunidad autónoma contra este tipo de ganadería intensiva.
El Partido Popular (PP), que no se opuso a esta iniciativa el mes pasado ni planteó texto alternativo alguno, ha pedido al Gobierno regional que retire la enmienda porque “esta moratoria condena una actividad económica que genera empleo y cumple rigurosamente con una normativa medioambiental muy exigente y de sanidad y de bienestar animal”. Además, el diputado popular Miguel Ángel Rodríguez, ha acusado el Gobierno de Page de hacer “seguidismo” del ministro de Consumo: “Con esta moratoria están diciendo lo mismo que el ministro Garzón, que aquí se produce carne de mala calidad, y que los ganaderos son los culpables”.
En el pleno de este jueves también se ha debatido a propósito de las palabras de Garzón. Dolores Merino, del PP, ha solicitado “la reprobación” y el “cese fulminante” del titular de Consumo por decir que “España exporta carne contaminada de animales maltratados”. Además, ha tildado de “irresponsable” la respuesta del presidente castellanomanchego Emiliano García-Page a las declaraciones de Garzón, que ironizó contestando al ministro que “se va a pasar la vida sin poder pedirse un filete”. Merino ha añadido sobre las afirmaciones de garzón: “Son un ataque a nuestros ganaderos, veterinarios y funcionarios públicos (…) Son un insulto a la marca España y son mentira”.
Aunque Ciudadanos no ha hecho mención alguna a la enmienda del Gobierno regional que prohíbe la construcción de macrogranjas, sí ha cargado contra el ministro. Desde la formación han asegurado que son un “ataque en un medio extranjero” al sector ganadero. Elena Jaime, procuradora del grupo, ha calificado al ministro de “populista” y “demagogo”, y ha achacado su continuidad en el Gobierno de España a un “pacto casi diabólico” con Unidas Podemos, socio de Gobierno.
Fernando Mora, parlamentario autonómico del grupo socialista, ha calificado de “inoportunas” y “poco meditadas” declaraciones del ministro de Consumo. Aunque también ha asegurado que el líder del PP castellanomanchego ha hecho afirmaciones “mucho peores” que las realizadas por Garzón, cuando acusó a los “inversores” de querer “convertir nuestro país en la porquera del planeta (…) Se pretende transformar la ganadería tradicional en grandes infraestructuras deshumanizadas”. Mora ha recordado los tuits del PP de Castilla-La Mancha en 2018 en los que alertaban de las “consecuencias para la salud públicas” de las macrogranjas y que la formación ha eliminado recientemente de su red social.
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