El Gobierno deja manos libres a Felipe VI para decidir si el rey Juan Carlos vuelve a España
El Gobierno deja manos libres a Felipe VI para tomar una de las decisiones más difíciles de su reinado : elegir si permite que su padre, el rey Juan Carlos I, vuelva a España una vez que se está despejando su horizonte judicial, a pesar de que el escándalo sigue en pleno apogeo porque los datos demuestran que tuvo durante años una fortuna opaca en Suiza y obtuvo regalos multimillonarios de monarquías del golfo Pérsico sin que los españoles lo supieran y sin que conste por qué le entregaron esas cantidades, de hasta 65 millones de euros. En La Moncloa, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha dejado claro que esta es una decisión que compete a Felipe VI y el Gobierno no piensa inmiscuirse ni presionar. “No nos corresponde. Seremos respetuosos con la decisión que se adoptará en la Casa Real al respecto de su vuelta [del rey emérito]”, señaló ante la pregunta de la prensa.
Cuando el rey Juan Carlos abandonó España, en agosto de 2020, el Gobierno sí estuvo detrás de la decisión y la respaldó. El escándalo entonces se hizo insoportable para La Zarzuela y Felipe VI, respaldado por el Ejecutivo, animó a su padre a salir del país. Don Juan Carlos decidió quedarse en Abu Dabi, donde reside desde entonces. La decisión provocó una crisis interna del Ejecutivo, porque Pablo Iglesias y su grupo se enteraron por la prensa y protestaron ante Pedro Sánchez, que no les había informado, en un duro Consejo de Ministros. Esta vez el Gobierno quiere dejar muy claro desde el principio que la decisión es de Felipe VI como jefe de Casa del Rey y que el Ejecutivo la respetará.
Sin embargo, el problema político que supone el regreso de don Juan Carlos no se ha resuelto. El rey no salió de España por los avances judiciales, sino por las informaciones periodísticas que daban detalles del escándalo. Desde entonces los datos han ido en aumento y el rey emérito ha regularizado dos veces por una cantidad de casi cinco millones de euros el dinero opaco que tenía, lo que ha confirmado todos los extremos sobre el manejo de fondos ocultos a la Hacienda española por parte del que fue jefe del Estado durante 40 años. La decisión es muy delicada y en cualquier caso en el ambiente político se ve como muy improbable que don Juan Carlos pueda volver a residir en La Zarzuela, un palacio oficial sufragado con dinero público.
En cualquier caso, el Gobierno ha cambiado el tono. Hasta hace poco, el Ejecutivo, y en especial su presidente, Pedro Sánchez, utilizaba palabras muy duras cuando le preguntaban por el rey Juan Carlos. “Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española ante estas conductas incívicas”, llegó a decir el jefe del Gobierno. Además, en varias entrevistas insistió en que el rey emérito debía “dar explicaciones” por su fortuna opaca.
Ahora el Gobierno, al menos su portavoz, Isabel Rodríguez, evita las críticas a la conducta de don Juan Carlos y se limita a respuestas muy breves en las que en todo momento traslada la decisión a la Casa del Rey e insiste en alabar la “ejemplaridad y transparencia” de Felipe VI. Sin embargo, un año después que Pedro Sánchez anunciara reformas legales para aumentar la transparencia de la Casa del Rey, estas duermen en un cajón porque La Zarzuela y La Moncloa no las han impulsado y no parece que sea algo prioritario.
El resto de partidos mostraron claras diferencias sobre el debate del regreso del rey emérito. Mientras el PP, Ciudadanos y Vox insistieron abiertamente en que don Juan Carlos debería volver a España si así lo desea —eso es lo que se está trasladando en sus entornos—, varios socios parlamentarios del Ejecutivo están en contra. “Detrás de las críticas hay una búsqueda del debilitamiento de la institución”, señaló Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP. “No hay ningún impedimento para que vuelva. Podrá volver cuando lo estime oportuno”, remató Iván Espinosa de los Monteros, de Vox. “No existen medidas cautelares, es un ciudadanos libre, no seré yo quien le diga donde tiene que residir”, sentenció Edmundo Bal, de Ciudadanos.
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Por el contrario, Gabriel Rufián, de ERC, insistió en que el hecho de que la fiscalía suiza archive el caso no cambia el fondo del escándalo. ”¿Es ético que un rey reciba 65 millones de un monarca saudí?”, se preguntó.
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