El Gobierno endurecerá los impuestos a las eléctricas por los beneficios extraordinarios
El Gobierno subirá la tributación a las eléctricas para rebajar la factura de la luz. Según confirman fuentes gubernamentales, el Ejecutivo aumentará el canon del agua y endurecerá el impuesto sobre los llamados beneficios caídos del cielo, aquel que se aprobó en octubre del año pasado para rebajar las ganancias que estaban teniendo las eléctricas por los altos precios del gas.
Este tributo sobre los beneficios extraordinarios tuvo que rehacerse hasta dos veces y quedó completamente diluido. Ahora que las autoridades europeas han avalado su implantación para atajar los efectos de la guerra de Ucrania, el Gobierno recoge el guante y lo endurecerá. Incluirá en este los contratos bilaterales e intragrupo que tengan un precio superior a los 67 euros MW cuando estos se renueven o firmen. De esta forma se garantiza que no haya retroactividad. Se espera que en los próximos meses haya muchas renovaciones de estos contratos. En el caso de los intragrupo, estos son acuerdos entre las divisiones de generación y comercialización de la misma empresa eléctrica, es decir, afecta a las grandes compañías como Iberdrola, Naturgy o Endesa.
Además, se elevará el canon del agua con el objetivo de reducir los beneficios que puedan estar teniendo las hidroeléctricas, cuyas inversiones se consideran parcialmente amortizadas y, por lo tanto, tienen unos menores costes de operación. Desde el inicio de la crisis energética, en casi dos tercios de las horas esta tecnología está marcando el precio de la luz, por encima incluso de las centrales de gas.
El sistema para topar los precios de gas en el mercado eléctrico se dejará sin regular a la espera de que España y Portugal pacten las condiciones con Bruselas en las próximas tres o cuatro semanas. Y se adelantará la liquidación del sistema de subvenciones a las renovables. En las actuales condiciones de mercado, con el precio del mercado mayorista por las nubes, estas tecnologías están ingresando por encima del 7,1% comprometido. Al anticipar el ajuste en lugar de esperar a los tres años del ciclo de liquidación, el Gobierno podría disponer de hasta 1.800 millones de euros para bajar los cargos de la factura eléctrica hasta un 55%. Estos cargos se habían rebajado a finales del año pasado hasta el 90% y durante este año han estado con un descuento del 30%.
Rebaja de impuestos prorrogada y vía rápida para las renovables
Con el mismo fin de bajar el coste de la luz, la rebaja de impuestos en la factura eléctrica se prorrogará hasta el 30 de junio. El verano pasado, el Gobierno bajó el IVA del 21 al 10%; suprimió el impuesto sobre la producción, que era del 7%, y dejó en el 0,5% el impuesto especial a la electricidad, que estaba en el 5,11%. Estas tres medidas tienen un coste para las arcas públicas de unos 4.000 millones de euros durante seis meses. Además, se ampliará la cobertura del bono social eléctrico y el térmico, que sirve para calefacción y agua caliente, subiendo los umbrales de renta para que entren unos 600.000 hogares más, alcanzando un total de dos millones. Y se prorrogará el tope del 5% al incremento de la factura del gas hasta el 30 de junio, a costa de aumentar el déficit de tarifa.
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Todas estas medidas están teniendo como fecha límite mediados de año debido a que para entonces se espera que la Unión Europea haya suscrito un acuerdo marco que permita rebajas estructurales en todos los Estados miembro.
El Gobierno, además, acelerará los tiempos de tramitación administrativa de los proyectos de energías renovables de menor tamaño: inferiores a 70 megavatios (MW) en el caso de la eólica y de 150 MW en el de la solar fotovoltaica en lugares de bajo impacto ambiental. Con esta medida se busca tanto acelerar la transición a energías limpias como rebajar la luz a corto plazo: cuanta más energía verde de nuevo cuño, más bajo será el recibo de la luz.
Plan de respuesta
Todas estas iniciativas se enmarcan dentro del plan de respuesta a la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado este paquete con la intención de aliviar los efectos de los elevados precios en los ciudadanos y empresas. El Gobierno ha anunciado que todos los automovilistas, tanto profesionales como particulares, podrán beneficiarse de un descuento de 20 céntimos en el surtidor. De esta rebaja, 15 céntimos los sufragará el Estado y cinco la petrolera. Si esta última tiene una oferta por encima de esos 5 céntimos, se les eximirá del descuento.
El plan contempla también ayudas directas a los sectores más perjudicados: 450 millones en subvenciones por tipo de vehículo para los transportistas profesionales, ya sean de mercancías o personas (1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxi, VTC o ambulancia); 365 millones para la agricultura; 68 millones para la pesca, y 500 millones para la industria que consuma mucha energía y que servirán para compensar los peajes de la luz en un 80%. Para los camioneros además se prepara la aprobación de una ley que les permita trabajar repercutiendo la subida de costes del combustible, al estilo de la Ley de Cadena Alimentaria que ya se elaboró para los agricultores y ganaderos.
Se concederán unos 10.000 millones en nuevas líneas de préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que estarán disponibles hasta final de año. Los sectores intensivos en combustible tendrán una carencia de seis meses. Los créditos ICO ya dados podrán tener una ampliación de plazo hasta el 30 de junio aunque no se esté registrando una reducción del 30% de la facturación respecto a 2019.
Por otra parte, las empresas podrán seguir recurriendo a los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Para aquellas actividades que estén siendo muy perjudicadas se podrían articular los nuevos ERTE llamados RED, que tienen mejores condiciones y pueden activarse para un sector concreto, como se va a hacer con las agencias de viaje. De la misma forma que se hizo con la pandemia, las empresas beneficiarias de ERTE no podrán despedir. Y aquellos que reciban ayudas públicas directas no podrán despedir hasta el 30 de junio por causas objetivas alegando que han tenido un incremento de costes energéticos. En la práctica eso llevaría a la mayoría a ser considerados improcedentes, que son más caros con una indemnización de 33 días por año trabajado.
Durante los próximos tres meses, las revisiones de los alquileres tendrán un límite del 2%. El Gobierno va a cambiar en el decreto la referencia que se utiliza para las actualizaciones de rentas: hasta el 30 de junio se usará el Índice de Garantía de Competitividad en lugar del IPC. Este índice se construye con la inflación media europea menos la pérdida de competitividad en precio que haya tenido España desde el año 1999. Y cuando la cifra sale superior al objetivo de inflación del BCE, el 2%, entonces ese 2% es el máximo aplicable. Esto será así para los arrendadores que sean grandes propietarios. Para los que no lo sean podrán negociar, y si no se llega a un acuerdo entonces se impondrá el 2%. Además, con el objetivo de amortiguar el golpe de la elevada inflación en los hogares más vulnerables, se elevará un 15% las ayudas del Ingreso Mínimo Vital durante tres meses.
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