El Gobierno impulsa una reforma legal para renovar el Constitucional
La renovación de un tercio del Constitucional está un paso más cerca. El PSOE presentará este viernes una proposición de ley, que tramitará por la vía de urgencia, para permitir que el Gobierno pueda elegir a los dos magistrados que le corresponde nombrar como miembros del tribunal de garantías y el Poder Judicial, a los dos suyos. La norma, según ha adelantado Eldiario.es y ha confirmado EL PAÍS, permitirá que el Consejo General del Poder Judicial, aun estando en funciones, pueda hacer los nombramientos. La reforma modificaría el artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.
Según fuentes del PP, la formación conservadora está molesta por no haber recibido comunicación alguna del Gobierno tras la jornada electoral en Andalucía el pasado domingo. El principal partido de la oposición asegura, además, que el Ejecutivo no ha contactado para negociar pactos judiciales, pero tampoco económicos, ni para hablar sobre la próxima cumbre de la OTAN.
El 12 de junio expiró el mandato de cuatro de los 12 miembros del tribunal de garantías, cuya renovación corresponde al Ejecutivo (dos) y al órgano de gobierno de los jueces (otros dos). Tal y como publicó EL PAÍS, el Constitucional se preparaba para bloquear la intención del Gobierno de nombrar a dos de los magistrados del organismo sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial pueda escoger a los dos que le corresponde designar en la próxima renovación del máximo intérprete de la Carta Magna.
En marzo de 2021 se aprobó una reforma impulsada por los dos partidos de la coalición de Gobierno que limita las potestades del Poder Judicial mientras estuviera en funciones, como ocurre actualmente. La medida afecta directamente al Consejo actual, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018. Según esta modificación, el CGPJ no puede nombrar presidentes de tribunal o de sala (de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Supremo), ni tampoco a magistrados del alto tribunal o a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que la ley deja en manos del Consejo.
El cambio legal desató la indignación de los partidos de derecha, entre ellos el PP, que en mayo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la medida al entender que esta incumplía cuatro artículos de la Constitución.
La renovación directa del Constitucional estaba entre los planes del Gobierno por si el Partido Popular seguía dilatando el acuerdo con el Ejecutivo. La renovación de los órganos constitucionales se ha convertido en una larguísima partida de ajedrez entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, en la que los populares han mantenido bloqueado el Consejo General del Poder Judicial casi una legislatura entera.
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El PP, de forma absolutamente inédita, mantiene bloqueado el Consejo General del Poder Judicial casi una legislatura entera. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus negociadores directos en este asunto —en este momento, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia— lo intentaron todo con Pablo Casado. El pacto llegó a estar prácticamente cerrado dos veces, y en el último momento el líder del PP se echó atrás por presiones en el mundo conservador. Las negociaciones volvieron tras el nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como presidente popular, pero con el propósito de que si el PP seguía dilatándolo, el Ejecutivo nombraría directamente a los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional y con ello cambiará la mayoría sin esperar al PP. La decisión se esperaba para después de las andaluzas del domingo, como así ha ocurrido.
El Constitucional aprovechó la visita de la comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourova, el pasado día 16 de junio para pronunciarse sobre la necesidad de que en breve se alcance un acuerdo entre el Gobierno y el PP para su renovación. El presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y con el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, el tribunal de garantías subrayaba que ambos han coincidido con la comisaria europea en que en el proceso de cambio de cuatro magistrados debe cumplirse la Constitución “de manera íntegra”, expresión que alude a que la previsión legal es que el Constitucional se renueve cada tres años por tercios. Un día más tarde, cuatro exministros de Justicia —los exministros socialistas Juan Fernando López Aguilar y Juan Carlos Campo, así como los populares Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá—coincidieron en un acto del Colegio de Abogados de Madrid consideraron inaplazables los pactos parlamentarios no solo para permitir el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces.
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