El Gobierno niega cualquier implicación en el espionaje de Pegasus: “En España no se espía si no es al amparo de la ley”
El Gobierno ha negado este martes cualquier implicación en el supuesto espionaje masivo e ilegal a líderes del independentismo catalán ejecutado mediante el programa Pegasus, un software fisgón que infecta teléfonos móviles. La portavoz y titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha rechazado relación alguna del Ejecutivo en este caso, ha insistido en que en España solo pueden llevarse a cabo tareas de espionaje “al amparo de la ley” y ha añadido que la titular de Defensa, Margarita Robles, ha pedido una comparecencia en el Congreso en la que abordará la supuesta intromisión del virus de la empresa israelí NOS Group en los teléfonos de 59 separatistas catalanes (más cuatro personas cuya identidad aún no se ha revelado) y dos independentistas vascos. “Este Gobierno no tiene nada que ver con eso ni tiene nada que ocultar”, ha remarcado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra ha precisado que en España ni se espía ni se escuchan las comunicaciones “si no es al amparo de la ley y del derecho”. En este sentido, ha recordado que ha habido procedimientos judiciales abiertos vinculados a este caso y que el Gobierno siempre ha colaborado con la Justicia. “Aquí no se pueden limitar derechos y libertades individuales si no es con el amparo de la ley y con una decisión judicial motivada”, ha recalcado.
Rodríguez ha añadido que esta “no es una información nueva” y ha insistido en que, cada vez que ha sido requerido por la autoridad judicial, “este Gobierno siempre ha mostrado toda su disposición a colaborar”. El mensaje que quería transmitir la ministra era de “tranquilidad”. “Yo quiero insistir en este mensaje de tranquilidad: este es un país democrático y de derecho en el que no se espía, donde respetamos las libertadas individuales, donde no se intervienen conversaciones, en el que no se interceptan las comunicaciones si no es al amparo de la ley. No se pueden limitar derechos salvo con el amparo de la ley donde la justicia hace su trabajo. Les doy la absoluta garantía de que el Estado funciona”, ha aseverado.
No obstante, la ministra ha tenido que acogerse a la obligación de reserva que impone la ley a los funcionarios para referirse a las tareas que desempeña el Centro Nacional de Inteligencia, cuyo papel no ha dejado claro. A una pregunta sobre si el CNI dispone del sistema espía Pegasus y si lo ha empleado, ha dicho: “Hay asuntos que, dado que tratan de la seguridad nacional, están protegidas por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos, sobre los cuales no puedo darles cuenta, porque me lo prohíbe la ley”.
El CNI no ha negado de manera explícita que disponga de este programa de husmeo, pero tampoco lo ha confirmado. El Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil sí han negado expresamente el tener este aparato, que los fabricantes aseguran que solo se vende a organismos estatales.
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Por otro lado, ha mantenido que el Gobierno ha hecho una apuesta decidida por la recuperación de la convivencia en Cataluña, lo que, a su juicio, no es compatible con el supuesto espionaje sostenido durante tres años a dirigentes independentistas (incluidos todos los presidentes regionales de Cataluña, salvo Carles Puigdemont). “En Cataluña, insisto, este Gobierno ha dado muestras de querer superar el conflicto político, llevándolo a la política y sacándolo de la justicia. La situación en nada se parece a 2017 o 2019, gracias al empeño de la ciudadanía”, ha sentenciado.

Mientras, el eurodiputado y expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras, han anunciado este martes en el Parlamento Europeo acciones legales en España, Francia, Suiza, Luxemburgo y Alemania por el caso del espionaje. En una rueda de prensa desde la Eurocámara en Bruselas, Puigdemont ha informado de que presentarán querellas contra los supuestos responsables de este ataque a la intimidad, empezando por la empresa tecnológica NGO y el Estado español.
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