El Gobierno prepara un cambio legislativo para desbloquear la renovación del Constitucional
El Gobierno ha decidido no esperar más a que el Consejo General del Poder Judicial elija a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden ante la postura de bloqueo permanente que mantienen 8 de los 19 vocales que todavía integran el Consejo. Esos vocales, todos ellos elegidos por el PP, llevan cinco meses poniendo todo tipo de excusas para negarse a un acuerdo con el resto de vocales. El acuerdo es necesario porque la Ley obliga a reunir tres quintos de los votos para aprobar los nombramientos.
Ante ese bloqueo, el Gobierno va a presentar una enmienda a la proposición de ley que han impulsado sus grupos parlamentarios (PSOE y Unidas Podemos) para reformar el delito de sedición y así reformar también la Ley Orgánica del Poder Judicial, según ha adelantado Eldiario.es y ha confirmado este diario. Esa enmienda elimina la obligatoriedad de los tres quintos para que el CGPJ elija a los dos miembros del Constitucional y establece un nuevo sistema por el que se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos. Según la enmienda de la que informa el medio, a los vocales o al presidente del Consejo que, tras la aprobación de la reforma, persistan en el bloqueo, se les podrían imputar los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva.
De esa manera, saldrá elegido el candidato de los vocales conservadores y también el de los vocales progresistas. La enmienda establece un plazo máximo de tres días desde que el presidente convocó el pleno para realizar los nombramientos. El CGPJ tenía previsto celebrar un pleno el próximo 22 de diciembre para intentar un acuerdo entre los dos sectores enfrentados para elegir a los dos magistrados del Constitucional. En el tribunal de garantías la mayoría conservadora no quería dar el beneplácito a los dos magistrados elegidos por el Gobierno si el Consejo General del Poder Judicial no nombraba a los dos suyos.
El Tribunal Constitucional avaló el actual sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial por la mayoría obligatoria de tres quintos que recogía la Ley para la renovación del Gobierno de los jueces. Es la misma mayoría que permite al Partido Popular imponer un veto a la renovación del CGPJ, que ya dura cuatro años. El Gobierno de Mariano Rajoy reformó la Ley del Poder Judicial en 2013 para eliminar la necesidad de reunir mayorías de tres quintos para nombrar a magistrados del Supremo o los presidentes de los tribunales superiores o de las audiencias provinciales. El PSOE recurrió esa Ley ante el Constitucional, pero este órgano rechazó el recurso. Cuando volvió a gobernar, el PSOE recuperó la obligatoriedad de contar con una mayoría de tres quintos en el Consejo para todo tipo de nombramientos. Ahora, ha decidido eliminarlo para los magistrados del Tribunal Constitucional ante el bloqueo sistemático de los vocales elegidos a propuesta del PP, que ni siquiera acordaron los nombramientos cuando el Gobierno cambió la Ley donde les daban un plazo para cumplir que finalizó el pasado 13 de septiembre.
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