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El PSOE y sus socios, en el Gobierno y en el Parlamento, ultiman ya cómo registrar por la vía de urgencia en el Congreso a la mayor brevedad una proposición de ley que contenga las mismas modificaciones para variar el sistema actual de renovación de magistrados en el Constitucional que esos partidos intentaron introducir y aprobaron por un vía exprés de enmiendas a otra ley en el Congreso y que ha frenado el tribunal de garantías desatando una crisis institucional sin precedentes. Podemos citó este martes a todas esas formaciones para consensuar una salida y para forzar al PSOE a discutir cómo reformar también la ley para desbloquear el caducado Consejo General del Poder Judicial en lo que queda de legislatura.

PSOE, Unidas Podemos y la mayoría de los demás aliados de la mayoría progresista de la investidura intentaron rebajar este martes en el Congreso el tono de los ataques a la derecha política y judicial de los últimos días y en especial de este lunes ante el inusual choque entre poderes del Estado provocado por esa decisión ajustada del Constitucional (6-5). El Ejecutivo y sus socios se centraron en buscar una solución urgente a esta crisis, que todavía no está cerrada, pero con la idea de aplicarla cuanto antes y con los métodos parlamentarios más tradicionales.

El partido menos preciso sobre el sentido de esa solución concreta resultó ser precisamente el PSOE y los miembros del Gobierno, aunque el propio presidente, Pedro Sánchez, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y el portavoz en el Congreso, Patxi López, enfatizaron que se usarán todos los mecanismos, medidas e instrumentos necesarios para que se cumpla la ley y la Constitución, se desbloqueen los principales órganos institucionales y se respete la voluntad popular expresada en las últimas elecciones, en 2019.

La idea más respaldada tanto por los dos socios en el Gobierno como por otras formaciones en las que se ha asentado durante toda la legislatura la gran mayoría de los proyectos aprobados en el Parlamento, como ERC, PNV, Más País o PDeCAT, es recurrir por la vía de urgencia a una proposición de ley, firmada por los dos partidos de la coalición gubernamental y las demás formaciones, según fuentes parlamentarias. El portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, enfatizó la importancia de esa imagen de consenso “para que se visualice la respuesta del Congreso a la injerencia del Tribunal Constitucional”.

Las proposiciones de ley son impulsadas por los grupos parlamentarios, a diferencia de los proyectos de ley que firma el Gobierno, y tienen la virtud de tramitarse y resolverse mucho más rápidas, si los grupos proponentes tienen cupo para poderlas registrar, algo que sería fácil de conseguir tanto por el PSOE como por UP, incluso durante el mes de enero, que en principio es inhabil. Fuentes parlamentarias apuntan, así, que la proposición podría ser sencilla, breve, y consistir en reproducir en su contenido las enmiendas exprés introducidas y aprobadas la semana pasada por esos dos partidos en el Congreso en cuatro días con la excusa de otras reformas legales para el Código Penal, como la supresión del delito de sedición y la rebaja de penas en el de malversación. PSOE y UP intentaron ahí modificar las mayorías necesarias en el sistema de elección de los magistrados fuera de mandato del Constitucional en el caso de que no cumplieran con esa obligación en el plazo de tres meses y hasta introdujeron posibles sanciones penales si no cumplían con ese trabajo. La mayoría que se requiere ahora al Consejo del Poder Judicial para cumplimentar esas renovaciones es de tres quintos y se propuso reducir en caso de atascos, en la segunda votación, a los aspirantes más votados. Esa solución no prosperó por la corrección del Constitucional y ahora se plantea insistir en esa idea, pero no por el camino de una enmienda a otra ley sino por una proposición de ley con todos los pasos reglamentarios cumplidos.

El presidente Sánchez y otros dirigentes políticos aludieron este martes a la necesidad de encarar ahora este nuevo proceso “con calma, firmeza y determinación” y cuestionaron abiertamente la actitud inédita y sin precedentes de bloqueo de lo que engloban en la derecha política, mediática y judicial. Pero empezaron a rebajar algo el nivel de su calificación del comportamiento del Constitucional. El que volvió a insistir en la acusación de “golpe” fue el portavoz de UP, Pablo Echenique. Hasta Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, pidió algo de mesura y argumentó que el problema podría tener una fácil salida con la proposición de ley conjunta y descartó, eso sí, algunas reacciones más airadas del lunes de responsables de UP que esbozaron la posibilidad de un “desacato” del fallo o de movilizaciones callejeras. “La desobediencia sin plan es un gigante con los pies de barro, es confeti”, alertó Rufián. La opción de desobedecer al TC tampoco convenció a Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, que también optó como Íñigo Errejón, de Más País, o Néstor Rego, del BNG, por la alternativa de la proposición pactada.

Unidas Podemos y Echenique no desperdiciaron la ocasión para recordar que el problema con la Justicia es más de fondo que una actuación sin antecedentes del TC contra “la inviolabilidad” y “autonomía” de las Cortes y reactivaron su propuesta de cambiar la ley del Poder Judicial para desbloquear ese órgano de gobierno de los jueces, que lleva cuatro años caducado. Hace dos años PSOE y UP ya registraron una iniciativa similar, que recortaba las mayorías requeridas para aplicar esas renovaciones sistemáticas, y Sánchez la retiró más tarde ante los recelos de la Unión Europea y las quejas de aquel PP de Pablo Casado, con el que estaba en una fase final de negociación que más tarde se frustró. Echenique convocó en una sala neutral del Congreso a varios partidos habitualmente aliados del Gobierno, como ERC, PNV, EH Bildu, Más País, PDeCAT, BNG y hasta Teruel Existe, para discutir el asunto. La cita se convirtió en una tormenta de ideas, como la definió luego Aitor Esteban, del PNV. Echenique les remitió más tarde la iniciativa registrada en su momento con el PSOE pero con el matiz aportado por el magistrado José Antonio Martín Pallín, en el sentido de que las mayorías de tres quintos de la Cámara (220 escaños) pudieran rebajarse a mayorías absolutas con el factor corrector de la mitad de los grupos de la Cámara (ahora serían cinco).

Enlace de origen : El Gobierno registrará con sus socios y con urgencia la proposición de ley para corregir la paralización dictada por el Constitucional