El juez decreta el ingreso inmediato en prisión para las ‘seis sindicalistas de la Suiza’ tras su condena de cárcel por “coacciones graves”

El juez ha ordenado el ingreso inmediato en prisión -que se hará efectivo mañana, jueves 10 de julio- de las conocidas como las seis sindicalistas de la Suiza, de la CNT, en realidad cinco mujeres y un hombre. Todos están acusados de coacciones graves y un delito contra la administración de justicia al tratar de defender los derechos laborales de una de ellas. Ahora afrontan una pena de tres años y seis meses de cárcel. Los seis conocían su destino y sabían que, antes o después, éste se iba a cumplir, ya que el juez había denegado recientemente, contra la opinión del fiscal, la petición de la no ejecución de la pena.
Los abogados de los encausados argumentaban que los hechos juzgados se remontaban a 2016 y 2017 y que todos los afectados están ahora completamente insertados en la sociedad, con trabajo, familia, hijos en varios casos, ocupaciones y una vida que iba a verse seriamente interrumpida. Pero el juez no lo ha considerado así. Es más, los condenados pensaban que iban a contar unos cuantos días para organizarse antes de ir a la cárcel. Y tampoco; el ingreso en prisión, notificado hoy miércoles por la tarde, es inmediato.
Hasta 22 organizaciones sindicales, incluidas las principales, han firmado la solicitud de un indulto, apoyado por el Gobierno asturiano. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se entrevistó con los afectados esta semana, aseguró que se iba a encargar de que el Gobierno tramitará este indulto en cuanto sea posible.
Disputa
Todo empezó el 15 de junio de 2016, según recoge la sentencia del juzgado número 1 de Gijón. Ese día, una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza, situada en el número 180 de la Avenida de Sultz, en Gijón, comenzó a sentirse mal. Quiso irse a casa pero, según la CNT, el propietario de la pastelería, no la dejó. La mujer estaba embarazada y avisó a su pareja. Éste se presentó allí y discutió con el propietario. De un golpetazo, estropeó uno de los frigoríficos. Al final se fue a casa y, después, se acogió a una baja por riesgo de aborto. El propietario denunció a la pareja de la mujer. Hasta aquí es un incidente laboral como puede haber miles a lo largo del año en España.
En marzo de 2017, la mujer, después de que naciera su hijo y mientras disfrutaba de la baja por maternidad, acudió a la CNT para que le ayudaran a negociar su despido porque no quería nunca volver a trabajar allí. Alegó ansiedad, estrés y denunció que había sido objeto de acoso laboral y sexual por parte del propietario. Este último extremo se juzgó aparte y fue archivado por falta de pruebas. A su vez, el propietario acusó a la trabajadora de denuncia falsa, pero el caso fue desestimado. Los miembros del sindicato se hicieron cargo del caso y trataron de llegar a un acuerdo con el propietario de la pastelería. Pidieron una indemnización de poco más de 6.000 euros y que retirara la denuncia contra el marido. El propietario no estuvo de acuerdo.
El sindicato salió a la carga: desde los primeros días de mayo hasta el 19 septiembre organizó 15 concentraciones frente a la pastelería (un negocio pequeño, donde trabajaba el propietario, su mujer, su hija y dos empleados más). La mitad de las concentraciones fueron comunicadas a la Delegación del Gobierno. La otra no. A las primeras iba solo una docena de personas (todas de la CNT). Después se fue sumando gente: en algunas se reunieron cerca de 80 manifestantes. Duraban de una hora a hora y media. Hubo gritos de “vete ya”, pancartas, insultos a los propietarios de la pastelería, y a los clientes, cortes de tráfico, y, en un par de ocasiones, lanzamiento de petardos y de bombas fétidas. “Eso fue todo: no creo que eso sea coaccionar gravemente”, explica Héctor González, miembro de la CNT y uno de los que actuó, tanto en la negociación frustada como en las concentraciones.
La sentencia asegura que el propietario se vio obligado a cerrar el negocio por la presión y a cambiar de ciudad, con grave quebranto económico y psicológico. Ahora ha abierto una nueva pastelería en Oviedo. Los sindicalistas replican que la pastelería estaba en venta antes de que todo empezara. Al final, el juez condenó a las cinco mujeres -entre ellas la trabajadora con la que todo empezó- y a Héctor González. La Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo han ratificado la sentencia y la pena.
Con todo, los acusados pensaban que el juez iba a transigir y no pedir finalmente su ingreso en prisión, dada la opinión del Fiscal, favorable que no se ejecutara la pena. También porque se han celebrado varias manifestaciones en Gijón a su favor a las que han acudido miles de personas. Mañana habrá otra. Pero no ha bastado. Héctor ahora es profesor de Historia, su mujer, Rosa Blanca, otra de las acusadas, es cantante. Su hijo tiene diez años. Otra de las acusadas es trabajadora social y otra veterinaria. Las otras dos, también ocupando puestos de trabajo, prefieren que no se hagan públicas sus labores actuales porque no quieren ser estigmatizadas. Todos ingresarán en Villabona, en Oviedo, mañana por la mañana.
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