El juez del ‘caso Neurona’ desimputa a Juan Carlos Monedero

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, desinfla aún más la causa abierta contra Podemos en verano de 2020, donde se ha investigado la relación del partido político con la consultora mexicana Neurona. A través de varias resoluciones dictadas este 6 de septiembre, a las que tuvo acceso EL PAÍS, el magistrado ha desimputado a Juan Carlos Monedero, cofundador de la fuerza política, y ha descartado definitivamente el delito de financiación ilegal. El proceso, que llegó a convertirse en una macrocausa con más de media docena de líneas de investigación, se queda así limitado exclusivamente a un posible delito electoral por haber pagado presuntamente de más a Neurona por unos trabajos que se llegaron a realizar, según reconoce el propio juez.
Con esta decisión, el magistrado Escalonilla reactiva una causa que había permanecido prácticamente dormida durante meses, a la espera de encontrar un perito que elaborara el informe final sobre los trabajos de Neurona, que aún no se ha entregado —en febrero de este año se designó al consultor Aleix Sanmartín para esa labor, después de que otros técnicos hubieran rechazado el encargo—. Además, el juez insufla en sus valoraciones más aire a Podemos, al que mantiene imputado como persona jurídica desde hace más de tres años y que siempre ha defendido que la contratación con Neurona se ejecutó correctamente.
En este sentido, el juez levanta todas las sospechas sobre Monedero, al que había imputado tras señalarlo por intervenir presuntamente como comisionista para que se contratara por 363.000 a Neurona para las elecciones generales de abril de 2019. Para actuar contra el cofundador del partido, Escalonilla hizo suyas las conclusiones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y aseguró que el político había percibido supuestamente 26.200,31 euros por intermediar a favor de la consultora. Para sustentar su teoría, los agentes aseguraban que, para justificar ese ingreso, Monedero fabricó ad hoc una factura fechada el 30 de diciembre de 2018 bajo el concepto de “300 horas de consultoría presencial en Buenos Aires, Colombia y México”. “[Es] habitual emitir facturas falsas bajo el amparo de la presunta realización de servicios de asesoría, al tratarse de un servicio de difícil comprobación”, apostilló el juez en uno de sus escritos incluidos en el sumario.
Sin embargo, después de que Monedero presentara una batería de correos electrónicos y documentos para defenderse, el juez descarta ahora cualquier reproche penal contra él. De forma contundente, el magistrado inciden que “no existen indicios de que intermediara ni tuviera participación alguna en la contratación llevada a cabo por Unidas Podemos en fecha 27 de febrero de 2.019 con la mercantil Neurona”. Además, afirma que el exdirigente de la formación ha demostrado la “autenticidad de la factura” que la Policía había considerado falsa, “en cuanto a los conceptos a los que va referida dicha factura”: “La transferencia de dinero recibida, [en referencia a los 26.200 euros] se correspondía con el pago de unos servicios de consultoría realizados [por Monedero] durante 2.018 a dicha sociedad mexicana”.
Inexistencia de financiación ilegal
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En otro auto fechado el 6 de septiembre, el juez también da carpetazo definitivamente a otras de las grandes imputaciones a Podemos: el presunto delito de financiación ilegal. El juez llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de que la fuerza política hubiese utilizado la contratación con Neurona como una tapadera para financiarse ilegalmente, para financiar a partidos extranjeros o, incluso, compensar a agentes externos que ayudaron a la creación de la formación en 2014. Pero, según afirma el juez, ese delito ha quedado descartado y la causa se encuentra “ceñida actualmente” solo a la “presunta comisión de un delito electoral”, “respecto del cual no está prevista la posible responsabilidad penal de dicho partido político”.
El juez, que abrió el caso Neurona en el verano de 2020 tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de Podemos —José Manuel Calvente, enfrentado con la cúpula—, ha investigado la relación de Podemos con Neurona. En un primer momento, Escalonilla sospechaba que la formación abonó a la empresa 363.000 euros por unos servicios que nunca prestó. Pero, tras acreditar la existencia de trabajos hechos por la empresa latinoamericana, el magistrado dio un giro a las pesquisas y ahora ha limitado sus indagaciones a si se infló el precio que se abonó a Neurona.
Para ello, Escalonilla quiere que se confeccione ese informe pericial, que calcule cuál debía ser el coste. Podemos y la Fiscalía ya han cuestionado que ese documento vaya a tener mucho valor, ya que la empresa puede fijar el precio que quiera (en base a la libertad de mercado). Sin embargo, antes de decidir si archiva finalmente la causa, el magistrado insiste en que no le importa si hay “mínimas divergencias” entre el coste estimado por el experto y los 363.000 euros abonadas. Lo que quiere saber es si existe, “en su caso”, una “disfunción” que sea “excesiva, no real y no concorde con los servicios realmente prestados”.
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