El Parlament aprueba por amplia mayoría la ley sobre las lenguas oficiales en las escuelas
El Parlament ha aprobado esta mañana por amplia mayoría la ley de lenguas oficiales que define al catalán como idioma vehicular, pero que otorga al castellano por primera vez el rango de lengua de aprendizaje. Ese nuevo estatus comporta que pueda usarse más allá de la propia asignatura y modular su uso en función de la realidad sociolingüística de cada centro. La nueva norma ha sido aprobada por 102 votos a favor -Junts, ERC, PSC y comunes-, 29 en contra -Vox, CUP, Ciudadanos y PP- y una abstención. Tres diputados no han votado. Los anticapitalistas han levantado carteles al final de la votación en los que se leía: “Defendemos la lengua”.
Tras la aprobación de la nueva ley, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha querido otorgar al momento de solemnidad y ha subido al atril para poner el valor el consenso alcanzado para reafirmar al catalán como eje vertebrador del modelo lingüístico. “Es un acuerdo para sumar. Es un modelo que preserva la cohesión social”, ha afirmado enviando un mensaje al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ordenó fijar un 25% de horas lectivas en castellano, alegando que es el Parlament el responsable de legislar. Salvador Illa, líder del PSC, ha reivindicado el consenso señalando: “Defender el catalán no es atacar el castellano, lengua materna de muchas catalanas”.
La nueva norma descansa en una amplia mayoría de 102 diputados sobre 135, pero ha tensionado tanto a la mayoría independentista como a los grupos constitucionalistas. La CUP se ha desmarcado de la ley porque sostiene que acaba con la inmersión y abre la puerta al bilingüismo, mientras Vox, PSC y PP han acusado a los socialistas de aliarse con el nacionalismo y prácticamente de traicionar al castellano. La ley, con dos artículos, no contempla aplicar porcentajes de uso de las lenguas. La derecha ya ha anunciado su intención de recurrir el texto ante el Tribunal Constitucional al aducir que incumple la sentencia del TSJC y porque considera que se arrincona al castellano. Por su parte, los cuatro grupos firmantes, los soberanistas más el PSC, esgrimen que el Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano consultivo del Parlament, ha establecido en su dictamen que la ley se ajusta tanto a la Constitución como al Estatut.
El contenido de la ley se pactó tras unas agónicas negociaciones y equilibrios que han quedado plasmados en el debate. Soberanistas y socialistas han puesto el acento en el consenso y la lupa en puntos diferentes. La socialista Esther Niubó ha subrayado que la ley establece que el catalán sigue siendo el centro de gravedad del sistema -término usado por el Tribunal Constitucional-, pero que a la vez se le da al castellano un nuevo reconocimiento y tratamiento. “La ley recoge la realidad de lo que pasa en las escuelas”, ha dicho en alusión al mayor uso del castellano que el fijado en la inmersión. “No corresponde a esta norma fijar porcentajes y sí garantizar que los estudiantes finalicen la secundaria dominando las dos lenguas”.
“Es un acuerdo para sumar. Es un modelo que preserva la cohesión social”,
La lectura contrasta con la de Junts, ERC y los comunes que han reivindicado que la inmersión lingüística continúa. Jéssica González, de los comunes, ha defendido un modelo que consagra la igualdad de oportunidades y le ha deseado una larga vida. La republicana Mónica Palacín ha subrayado que es un acuerdo que consagra la igualdad y la equidad. Francesc Ten, diputado de Junts, ha anunciado que se abstendría en la votación en solidaridad con Salvador Ribot, un activista que ha estado 13 días en huelga de hambre en defensa de la lengua. Ten ha defendido el apoyo de su grupo porque respeta unas líneas rojas infranqueables: que el catalán fuera lengua vehicular, la lengua de acogida para los niños recién llegados, y que los centros estén protegidos de la amenaza jurídica.
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Carles Riera, de la CUP, ha preguntado tanto a ERC como a Junts dónde ha quedado su voluntad de realizar una “confrontación” con el Estado cuando están acatando, a su juicio, el espíritu de la sentencia del TSJC abriendo la puerta al bilingüismo y la segregación. “Ustedes saben que curricular y vehicular son sinónimos”, ha dicho. Y ha coincidido para argumentar su oposición a datos similares a los expuestos por el PP. “Todas las encuestas y todos los estudios son unánimes: hay un retroceso del uso social y escolar del catalán”, ha indicado.
“Es un acuerdo para sumar. Es un modelo que preserva la cohesión social”, afirma el president Pere Aragonès
Ciudadanos ha enarbolado un discurso muy duro en cuanto a las formas . “Franco le hizo un flaco favor al castellano, imponiéndolo y machacando al catalán. Y ahora ustedes le hacen un flaco favor al catalán, imponiéndolo y tratando de erradicar el castellano de las instituciones”, ha espetado Carlos Carrizosa, presidente del grupo parlamentario. Y ha defendido que en Cataluña se han encadenado “décadas de abusos y de represión lingüística despiadada” y ha acusado a entidades como Òmnium y Plataforma per la Llengua de actuar como “una Stasi de la lengua”. Carrizosa también ha disparado contra el PSC y En Comú Podem, a los que ha acusado de pactar “con el nacionalismo hispanófobo” con el propósito de que “Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa”.
Alejandro Fernández, del PP, ha aludido a que la proposición de ley perpetúa la “obsesión enfermiza por convertir en intocable y sagrada una inmersión que es una anomalía en todos los lugares del mundo donde confluyen dos lenguas cooficiales” y que redunda en que el castellano “sea tratado como una lengua extranjera”. El líder del PP en Cataluña esgrime que detrás de la protección del catalán se esconde un móvil político para reforzar las esencias del nacionalismo. Un plan, pero, que cosecha fiascos, porque, según ha dicho Fernández, el uso social del catalán se desploma. “La politización del catalán está siendo desastrosa para el propio catalán, se identifica con un proyecto político concreto y se hace antipático para una parte de la población”, ha apuntado. El colectivo de usuarios habituales de catalán perdió 280.000 hablantes entre 2003 y 2018, según se desprende ha de un informe académico reciente de la secretaría de política lingüística de la Generalitat.
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