El Poder Judicial aprueba el informe que censura la ley de vivienda por considerarla una “clara limitación” de las competencias autonómicas
El pleno Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves, por 15 votos a seis, el informe que se opone a la ley de vivienda que prepara el Gobierno por considerarla una “clara limitación” de las competencias autonómicas en esta materia. El informe, redactado por los vocales José Antonio Ballestero (propuesto por el PP) y Enrique Lucas (por el PNV), ha salido adelante con los votos a favor de los mismos 15 miembros del Consejo que hace dos semanas tumbaron el texto elaborado por el progresista Álvaro Cuesta, que avalaba la norma del Ejecutivo (además de Ballestero y Lucas, el presidente Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea). Tampoco ha habido sorpresas en el otro extremo: los seis vocales que la vez anterior respaldaron el informe de Cuesta, todos propuestos por el PSOE o IU, han rechazado el de Ballestero y Lucas. Cinco de estos vocales (Clara Martínez de Careaga, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda) han anunciado que firmarán votos particulares para mostrar su rechazo a la postura mayoritaria.
Por más que el resultado de la sesión de este jueves haya sido el que se esperaba, la postura asumida por la mayoría del pleno hace oficial un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. El primero, lastrado por la negativa del PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces, ve cómo la mayoría conservadora en el Consejo vuelve a imponer su criterio (esta vez con el apoyo de dos vocales progresistas, Bach y Cinto, y un tercero, Lucas, propuesto por el PNV) para censurar uno de sus proyectos estrella. El Poder Judicial se revuelve contra las críticas vertidas por algunos miembros del Gobierno y lleva el choque al informe votado este jueves al recordarle al Ejecutivo su legitimidad para informar sobre los proyectos de ley.
El informe del Consejo es preceptivo para que el Gobierno pueda avanzar en la tramitación de la ley de vivienda, pero su contenido no es vinculante y el Ejecutivo ya ha anunciado que no va a modificar ningún aspecto esencial de su texto. Mientras, las comunidades del PP aseguran que no cumplirán con la norma si se aprueba en los términos actuales. El texto del Consejo cuestiona de forma muy directa tanto el contenido como varios aspectos técnicos del anteproyecto de ley, que permite a las comunidades limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas, prohíbe vender el parque público de vivienda social salvo que lo compren administraciones públicas o entes sin ánimo de lucro, incorpora estímulos fiscales para el alquiler e incrementa el recargo del IBI a las viviendas que estén vacías durante más de dos años.
El principal problema del texto del Gobierno, según el CGPJ, es que invade las competencias autonómicas en vivienda y prácticamente vacía de contenido las regulaciones de las que se han ido dotando las comunidades en los últimos años. Los vocales llegan a acusar al Ejecutivo central de “expropiar” esa normativa autonómica y advierten de la inseguridad jurídica que, en su opinión, esto puede generar. El texto propuesto por el Poder Judicial ya vaticina que la nueva ley, de aprobarse en los términos en los que está redactado el anteproyecto, acabará en el Tribunal Constitucional, que deberá decidir si la norma del Gobierno se ciñe a las competencias estatales o si existe “verdadera contradicción con la ley autonómica que sea insalvable como consecuencia de la inconstitucionalidad sobrevenida o mediata de esta última.
El Gobierno ha expresado en varias ocasiones su intención de llevar la ley en segunda lectura al Consejo de Ministros del próximo martes, dando así inicio a su tramitación parlamentaria. No obstante fuentes del Ejecutivo señalan que eso se decidirá este viernes, cuando se concreta el orden del día de la reunión y se decide qué asuntos de los que llevan los diferentes ministerios van a entrar y cuáles se postergan. Para entonces el Ejecutivo ya habrá podido analizar el dictamen del CGPJ. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, sobre el que ha recaído el principal peso en la elaboración de la norma) ponen el acento sobre “la parte del informe que afecta al articulado de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Es por esa parte, que es la que se refiere a los procedimientos de desahucio, por los que se consideró que la opinión del poder judicial resultaba preceptiva.
En Transportes defienden que la ley ha sido “mirada y revisada por muchos juristas” y restan importancia a otras críticas que hace el CGPJ como los conflictos competenciales con las autonomías. “El criterio del Gobierno y del Ministerio es que se respetan las competencias escrupulosamente”, inciden esas fuentes. No obstante, insisten en que “se mirará el informe”. En los últimos días, la parte socialista del Ejecutivo se ha mostrado más abierta a considerar las apreciaciones del órgano de gobierno de los jueces. El ministro de presidencia, Félix Bolaños, aceptó este martes la posibilidad de introducir “mejoras”, algo que puede hacerse en el borrador que se envíe al Congreso o posteriormente durante la tramitación parlamentaria. La postura es diferente en Unidas Podemos. El ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Ione Belarra y coproponente de la ley, se reunió este miércoles con asociaciones del movimiento por el derecho a la vivienda y exigió que la norma se envíe “íntegramente” al Congreso. Anteriormente, Podemos ha expresado su intención de modificar el texto durante la negociación parlamentaria en línea con las exigencias de esas asociaciones, que consideran insuficientes las medidas de control de precios. La larga negociación de la ley de vivienda, que inicialmente se había prometido para hace un año, hizo que saltaran chispas entre los socios gubernamentales.
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