El polémico magistrado del Constitucional Enrique Arnaldo será el encargado de la sentencia sobre la ley del aborto
El magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo será el encargado de elaborar un proyecto de sentencia sobre la ley del aborto. En el reparto de tareas que se ha llevado a cabo esta tarde en el primer pleno del tribunal tras su renovación, Arnaldo —propuesto por el PP— ha asumido todo el paquete de resoluciones anteriormente en manos del magistrado Andrés Ollero. Este paquete incluye la ponencia relativa al recurso que el PP presentó en junio de 2010 contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
En un artículo publicado en El Imparcial el 15 de marzo de 2009, Arnaldo se manifestó en estos términos en contra de la ley de plazos del aborto: “Hace unos días, cuando la Ministra de o para la Igualdad, Bibiana Aído, presentó su propuesta de ley de plazos del aborto, adelantó que las mayores de 16 años podrían decidir por sí mismas, sin autorización de los padres o tutores: ‘Si pueden casarse o tener hijos, pueden también abortar’. Por la misma regla de tres podrían constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias, ser plenamente responsables en el orden penal (y no con los privilegios de la legislación penal de menores), incorporarse a cualesquiera de los Ejércitos o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¡Ah! y por supuesto, votar en las elecciones, consultas populares y referéndum varios. ¿Por qué no?”.
El criterio de reparto de los asuntos establecido en el tribunal está relacionado con la antigüedad de los magistrados. En función de esta regla, el magistrado Ramón Sáez —elegido a propuesta del PSOE— será el encargado de la sentencia que habrá de resolver los recursos presentados por el PP y Vox contra la ley de Eutanasia. Las magistradas Concepción Espejel —propuesta por el PP—, e Inmaculada Montalbán —elegida por iniciativa del PSOE— asumirán los asuntos que correspondieron en su día al magistrado Fernando Valdés y al anterior presidente del tribunal, Juan José González Rivas.
Espejel fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y en 2009 emitió un voto particular contra la ley del aborto del entonces Gobierno socialista, donde concluyó que era inconstitucional. “De la actuación del Estado cabe esperar, en esta materia, no una actuación neutral, sino guiada activamente por una finalidad protectora de la vida del concebido, que exige de los poderes públicos una actitud decididamente disuasoria de la realización de la interrupción voluntaria del embarazo”, escribió la jueza.
La asignación de ponencias no supone la fijación de un calendario determinado para las resoluciones. En todo caso, en medios del tribunal se considera que debería ser posible resolver este asunto antes de la siguiente renovación del Constitucional, prevista para junio próximo. El nuevo magistrado ponente, Enrique Arnaldo, ha accedido al tribunal acompañado de una fuerte controversia sobre su idoneidad para el cargo, por la incompatibilidad entre algunas de sus actividades profesionales y por su estrecha vinculación con el PP, que le ha propuesto en esta renovación.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Nombramientos, Odón Elorza, llegó a proponer que Arnaldo renunciara a su candidatura. Hubo once parlamentarios del PSOE, Podemos y el PP que rompieron la disciplina de voto para no apoyar su nombramiento. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo a su vez en clara alusión a Arnaldo que había candidatos que no le gustaban, pero explicó el apoyo del PSOE al acuerdo alcanzado en función de su obligación de llevar a cabo la renovación de las instituciones cuyo mandato haya caducado.
En el artículo de Arnaldo sobre el aborto que publicó en 2009, terminaba diciendo: “El estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta es el final de la certeza, que es la clave o la razón última del Derecho. Saber a qué atenernos y no depender del ukase [dictamen de los zares] o de la ocurrencia del momento. Pero exigir conocimientos en los gobernantes es mucho pedir. Por lo demás, seguimos estando hartos de cortinas de humo y de maniobras de distracción. Lo que nos preocupan son otras cosas muy graves, las que afectan al bolsillo, al empleo, a los impuestos…”.
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