El PP pide retirar el decreto de ahorro energético horas después de reclamarlo el Gobierno de Díaz Ayuso
El Gobierno va a mantener el decreto de ahorro energético, a pesar del rechazo del PP, que esta mañana ha pedido la retirada inmediata del paquete de medidas aprobado el lunes pasado por el Consejo de Ministos. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho no a dar marcha atrás en el plan al concluir la reunión que ha mantenido este lunes con los consejeros autonómicos para “alinear las políticas de ahorro energético en todas las administraciones” y “garantizar el cumplimiento del real decreto ley”, que entra en vigor pasado mañana, miércoles. Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial del PP, ha transmitido esta posición del partido de Alberto Núñez Feijóo horas después de que la plantease la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha liderado el rechazo a las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez. Varias comunidades acuden a la reunión telemática de la conferencia sectorial de Energía, Industria y Comercio ―que se celebra hoy tras las protestas del PP y varios responsables regionales― con propuestas para añadir al desarrollo del decreto. Cataluña y País Vasco, gobernadas por PNV y ERC (aliados parlamentarios de Pedro Sánchez), están reclamando flexibilidad en la aplicación de los límites de temperatura, “claridad” en el articulado, más tiempo para aplicarlo e incluso dinero para poder cumplir todas las medidas. El Gobierno ha advertido de que no tolerará “ninguna insumisión al decreto”, tal y como ha afirmado esta mañana en Algeciras, María Jesús Montero, ministra de Hacienda. “Le pedimos a Feijóo que, aunque le cueste, imponga su voz en el partido”, ha añadido.
La consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha pedido esta mañana, en una entrevista en RNE, que se retiren las medidas del real decreto de ahorro energético y que el Gobierno hable con los sectores afectados, especialmente el comercio, para consensuar un plan con recomendaciones en lugar de con imposiciones. “Creemos que el plan debe estar orientado a bajar el precio y que las medidas han de ser recomendaciones para el sector privado, incentivadoras”, ha añadido.
La consejera ha insistido en que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cumplirá con la norma, pese a rechazarla y pese a que está en el aire recurrirla al Tribunal Constitucional. “Lo que pasa es que defenderemos los intereses de los comerciantes, de la pequeña y mediana empresa, de la industria, de todos los que ven que este real decreto va a suponer un mazazo más a su actividad económica”. El vicepresidente autonómico, Enrique Ossorio, ha planteado que el Gobierno haga recomendaciones flexibles sobre temperatura para que cada comunidad tenga margen para su aplicación.
Horas después, Tellado ha reclamado la retirada del decreto y la convocatoria de la conferencia de presidentes, tal y como ha reclamado Feijóo. “No se puede convocar de ayer para hoy una reunión con consejeros. Pedimos la retirada del decreto ley porque se ha elaborado de espaldas a las comunidades, a los municipios, a los agentes económicos y sociales. La norma no ha medido el impacto económico”, ha dicho antes de añadir: “Pedimos que se convoque una reunión con las comunidades autónomas y hacer las medidas entre todos, con todos los sectores afectados; es necesario que se tomen medidas, las adecuadas, las correctas, sin improvisaciones ni ocurrencias del decreto de Pedro Sánchez”.
Emilio Naranjo (EFE)
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Por su lado, la Generalitat de Cataluña va a solicitar al Gobierno que sea flexible al aplicar la medida de que temperatura no baje de 27 grados en las estaciones de transporte público. A su entender, si la aplicación de esta regulación es muy estricta, se puede generar un efecto contrario, ha afirmado esta mañana Albert Castellanos, secretario de Empresa y Competitividad. En declaraciones a la emisora RAC 1, Castellanos ha reclamado al Gobierno del Estado más recursos para poder cumplir el decreto (”si no será un decreto más efectista que efectivo”) y ha pedido claridad en su articulado. Por ejemplo, el dirigente ha citado que del decreto no se entiende bien si se deben apagar o no todos los escaparates a las 22.00, incluyendo, por tanto, los que están abiertos a esas horas, informa Àngels Piñol.
Tras aprobarse el decreto, Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez no hubiera pactado con antelación con las comunidades autónomas las medidas del decreto, ya que serán los Ejecutivos autonómicos los que tienen que aplicarlo. En una comparecencia el pasado día 2 tras la reunión semanal del Govern, Aragonès aclaró con rapidez que Cataluña no haría “una guerra competencial” y subrayó que muchas de las medidas contempladas en el texto ya se llevan a cabo en Cataluña”.
El País Vasco, por su lado, mantiene las críticas “a las formas” en que se ha elaborado el decreto, que considera que es más “efectista que efectivo”. La consejera vasca de Sostenibilidad, Arantxa Tapia, pide al Gobierno que sea “sensible” con los sectores más afectados por la pandemia a la hora de aplicar las medidas.
En la reunión de hoy participan de las ministras para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Teresa Ribera) e Industria, Comercio y Turismo (Reyes Maroto) con los responsables autonómicos en las áreas de Energía, Industria y Comercio y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para analizar los detalles del plan de ahorro y “despejar dudas” sobre el alcance y aplicación de las medidas que entran el miércoles en vigor. El encuentro se iba a celebrar mañana, martes, con representantes con rango de director general, aunque finalmente la reunión se convocó para este lunes y a un mayor nivel que el “técnico”, en este caso con las ministras y los consejeros autonómicos.
El decreto, aprobado el pasado lunes en el Consejo de Ministros, ha provocado una tormenta política después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, amenazara con incumplirlo y arrastrara al PP a posicionarse en contra de medidas similares a las que pedía unos días antes el propio Feijóo. El coordinador general de los populares, Elías Bendodo, llegó a decir que las comunidades tenían “libertad” para decidir si acataban o no esas medidas de ahorro, que implican, entre otras cosas, limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 el de calefacción en invierno en comercios, grandes almacenes, cines y edificios públicos, además de apagar a las 22.00 los escaparates. No todas las comunidades gobernadas por el PP amenazaron con incumplir, pero sí mostraron su enfado por la falta de consenso.
La ministra Montero, por su lado, ha insistido en que el Ejecutivo hará cumplir la ley. “No vamos a permitir que ninguna comunidad haga insumisión, ese camino el de la insumisión, acaba mal, como se ha visto en otras ocasiones”, ha dicho durante la firma de convenios con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
La también vicesecretaria general del PSOE ha cuestionado la capacidad del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para imponer su criterio en su propio partido. “El señor Feijóo no tiene capacidad para hacer valer su voz en su propio partido. Le pido sentido de país, que se imponga, aunque le cueste dificultades dentro de su partido, ante los que quieren hacer insumisión de las leyes”, ha subrayado.
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