El PP se compromete a presentar el próximo mes una propuesta al Gobierno para renovar el Poder Judidial

Después de casi cuatro años de bloqueo, el PP se compromete a presentar al Gobierno en “el próximo mes” una propuesta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La dirección de los populares remitirá al Ejecutivo un documento con su oferta, en el que además de los nombres de los vocales para el órgano de gobierno de los jueces habrá un ofrecimiento de pacto sobre una serie de reformas de “regeneración” de la justicia. El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, encargado de la negociación con el PSOE sobre el Poder Judicial, ha confirmado también que el PP se aviene a renovar el consejo de acuerdo a la ley vigente, a diferencia de la dirección anterior de los populares, que exigía un cambio en el método de elección de los vocales para que fueran elegidos en exclusiva por los propios jueces.
Nada más llegar el pasado abril a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo anunció su disposición a renovar el CGPJ. El partido retomó entonces las conversaciones con el Gobierno, fraguadas con total hermetismo por las dos partes. Sin embargo, el líder popular decidió después que no pactaría hasta que no transcurrieran las elecciones andaluzas del 19 de junio, y la negociación volvió a quedar congelada. Ahora, el PP se compromete al menos a que después de la cita con las urnas su oferta de acuerdo no quedará varada en un cajón. “El próximo mes, o antes de que transcurra un mes”, ha precisado González Pons, “el PP remitirá al Gobierno una propuesta de renovación de los órganos constitucionales, de reforma de la justicia y de regeneración de la justicia”.
La parálisis en las conversaciones había vuelto a despertar sospechas de que el PP arrastraba los pies para renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional, que tienen que cambiar de mayoría conservadora a progresista con la renovación. Pero el PP sostiene que sí va a cumplir con el mandato legal y fija ahora al menos un marco temporal para el acuerdo, que hasta hoy se resistía a definir.
Ahora bien, el PP incluye en la renovación un paquete de reformas, cuyo contenido rechaza desvelar. Los populares creen que el bloqueo del CGPJ ―en el que el PP ha participado activamente― y otras decisiones referidas al ámbito de la justicia del Gobierno ―como el nombramiento como Fiscal General del Estado de una exministra del Ejecutivo, Dolores Delgado― obligan aprobar en paralelo y al mismo tiempo una serie de reformas. “Creemos que el mandato constitucional hay que cumplirlo, que el mandato de la ley orgánica hay que cumplirlo, que los órganos constitucionales deben renovarse, pero la situación es de tal gravedad que no basta con una simple renovación”, ha defendido González Pons. “No basta con que el PSOE y el PP se sienten en una salita en La Moncloa y cambien cromos. Hay que dar un paso más”, ha abundado.
Pero posponer la renovación a después de las andaluzas implica que, desde el día 12 de junio, el Tribunal Constitucional ha quedado con cuatro de sus doce miembros en funciones. Ese día vencieron los nueve años de mandato de esos cuatro (dos que corresponde nombrar al Gobierno y dos al Consejo del Poder Judicial). El Ejecutivo ha abierto la puerta a nombrar a los dos magistrados que le corresponden antes del acuerdo global con el PP, pero en la cúpula de Feijóo sostienen que eso “quebraría” la Constitución, pondría “la legitimidad del tribunal en entredicho” y provocaría un rapapolvo de la Unión Europea, según González Pons. En opinión del PP, si La Moncloa tiene prisa por cubrir esas vacantes sería preferible que derogue la reforma que aprobó para prohibir a un CGPJ en funciones aprobar nombramientos de calado.
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