El PP se ofrece a desbloquear el Poder Judicial pero critica que habrá una mayoría progresista “abusiva” en el Tribunal Constitucional

Nuevo movimiento táctico en el juego de ajedrez en el que se ha convertido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el PP ha bloqueado durante casi cuatro años. El principal partido de la oposición, a través de su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ha enviado una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la que emplaza al Gobierno a sentarse a negociar la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El PP asume así que se puedan retomar las negociaciones. El PP ha hecho pública la carta, y Bolaños ha contestado rápidamente también a través de los medios: “Seamos serios. La carta es un intento de aparentar de cara a la galería que quieren renovar. Si quisieran renovar de verdad me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos. Envían un documento con 11 folios llenos de excusas, líneas rojas y condiciones. Le respondo al señor Feijóo con tres palabras: cumpla la ley. O está usted con el estado de derecho o está insumiso al cumplimiento de la ley”.
En la última reunión entre Bolaños y González Pons, el representante del PP exigió que el Gobierno retirara la reforma que da potestad al CGPJ en funciones para renovar el Tribunal Constitucional para poder seguir. El Ejecutivo se negó, porque ya estaba todo tramitado, y la negociación se rompió ahí. Ahora el PP se ofrece a retomarla y, aunque mantiene las condiciones habituales, señala que podría hacerse una negociación en bloque que permitiera avanzar. Sin embargo, mientras llega esta misiva, una parte del sector conservador del órgano de gobierno de los jueces, la más cercana al PP, está intentando bloquear la renovación del Tribunal Constitucional. La estrategia de los populares parece clara: bloquear esa renovación para intentar forzar al Gobierno a negociar. Pero el Ejecutivo confía en que una parte de la mayoría conservadora del CGPJ, en especial Carlos Lesmes, su presidente, y al menos otros dos magistrados, presionen para poder renovar el Constitucional como exige la ley.
El PP quiere una negociación en bloque y se queja de que tras la renovación que está en marcha en el Tribunal Constitucional pasaría a tener una “mayoría abusiva” a favor de los progresistas. En realidad, si todo va según lo que se hizo siempre, la mayoría pasaría de la actual 6-5 a favor de los conservadores a un 7-4 a favor de los progresistas. Lo habitual es una mayoría de 7-5 a favor de uno u otro sector en función de quién gobernara cuando tocó la renovación, porque son los dos magistrados elegidos por el Gobierno los que decantan la mayoría en el tribunal de garantías durante 9 años. Así ha sido durante toda la democracia.
En este caso hay un magistrado conservador, Alfredo Montoya, que tuvo que retirarse por una enfermedad y eso desequilibra el reparto habitual. El Ejecutivo no tiene ningún problema en renovar ese magistrado en el Senado para que sea un conservador y quede 7-5, como siempre, pero es el bloqueo del PP el que ha impedido esta normalidad con la que se ha trabajado sin problemas en los últimos 40 años. Todo esto estaba hablado y pactado con la anterior dirección del PP cuando en 2021 se renovó otra parte del Constitucional. De hecho, Gobierno y PP llegaron a pactar por escrito el cambio de la ley para renovar el Constitucional que ahora critica Feijóo y Pons. La Moncloa creyó que con la llegada de Feijóo se desbloquearía todo, también la renovación del CGPJ, pero lo cierto es que cinco meses después de su elección la tensión entre los dos grandes partidos en este asunto es más fuerte que nunca.
El PP habla de mayoría abusiva y reclama al Gobierno que cuente con él para elegir a los dos que le corresponden, y habla de reforzar la despolitización de la justicia, pero en la última renovación de este tipo, en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy eligió, sin contar con el PSOE, a dos personas tan cercanas al PP como Enrique López ―que ha sido su secretario de Justicia hasta la llegada de Alberto Núñez Feijóo― y Francisco José Hernando, el polémico presidente del CGPJ de ese momento. López dimitió tras ser detenido por conducir ebrio.
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En la misiva, que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha distribuido a los medios, los populares mantienen sus requisitos y exigen primar en la negociación la búsqueda de perfiles que garanticen la despolitización del órgano. De manera simultánea a la renovación, proponen impulsar una proposición de ley por vía urgente para reformar la Justicia. El PP da este paso después de que el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, amenazase con dimitir si este órgano, con el mandato caducado desde hace casi cuatro años, no se renueva o no se le devuelven sus competencias.
#EnDirecto | Feijóo asegura que “el Gobierno está intentando controlar el Poder judicial a través de una ley inconstitucional, vaciando de competencias al Consejo y prohibiéndole que ejerza sus competencias constitucionales” pic.twitter.com/xoeArboden
— Europa Press (@europapress) September 9, 2022
La carta dice responder a “la preocupación” mostrada por Lesmes, “y antes por la Comisión Europea”, ante la situación en la que se encuentra la justicia española, que califica de “bloqueo”. Pons, que admite sus conversaciones con Bolaños para renovar el Poder Judicial, escribe que el actual sistema de elección es “anacrónico” y que es necesario cambiarlo. “Conoces de primera mano que desde el principio de nuestras conversaciones advertimos que para nosotros no era una simple cuestión de nombres, ni mucho menos de cuotas, sino que debíamos aspirar a acometer una reforma más profunda y encaminada a reforzar la despolitización de la justicia”, se lee en la carta, publicada en las redes sociales del PP.
Los populares envían este escrito en la misma semana en que Lesmes, durante la apertura del año judicial en el Supremo el pasado miércoles, emplazase al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a que se reuniesen “con urgencia” para renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato venció en diciembre de 2018.
Los populares incluyen en la misiva un catálogo de condiciones, la primera de las cuales es que la negociación se lleve a cabo en el Congreso y la cuarta, que a su vez incluye 11 condiciones, reza que la renovación del CGPJ se haga a la vez que la reforma de la ley para cambiar el sistema de elección. “Simultáneamente, al proceso de renovación del CGPJ, se presentará una proposición de ley, de forma conjunta, por cuantos grupos parlamentarios apoyen este espíritu de despolitización de la justicia española, a tramitar por la vía de urgencia”.
A su juicio, el actual sistema “no garantiza la despolitización de la justicia” y no ahorra críticas al Gobierno. Lo hace cuando dice que, tras presentar el PP una “propuesta para reforzar la independencia judicial” comprobó que, “lamentablemente, los planes del Gobierno eran otros”; o cuando afirma que “ganar un Tribunal Constitucional para un Gobierno es perderlo para los ciudadanos” y que la mayoría que se plantea para este alto tribunal por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez “nunca” fue “tan abusiva como la que se plantea en estos momentos”.
En su respuesta a la carta del PP, donde repite los argumentos de la propuesta anterior, Félix Bolaños ha cuestionado tanto las formas empleadas por la oposición en este último movimiento como la sensación de impostura que transmite la formación de Feijóo. “Seamos serios, la carta del PP es un intento de aparentar de cara a la galería que quieren renovar. Si quisieran renovar de verdad me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos el Consejo General del Poder Judicial. Me han enviado un documento con 11 folios lleno de excusas, de líneas rojas y de condiciones y yo a esos 11 folios le respondo al señor Feijóo con tres palabras: Cumpla la ley. O está con el Estado de Derecho o está insumiso con la ley y el cumplimiento de la Constitución”.
Bolaños, además, ha cuestionado las condiciones, al tiempo que ha reclamado al PP que respete los plazos que marca la ley, lo que no ha ocurrido con el Poder Judicial, que va camino de cumplir cuatro años sin ser renovado. “Tenemos que dar tiempo a que los vocales del CGPJ hagan su trabajo y cumplan la ley, y ahí el Gobierno lo único que manifiesta es su máximo respeto por el funcionamiento del CGPJ y de sus vocales. Tienen un plazo legal que estableció la ley, están trabajando y desde el Gobierno lo único que deseamos es que hagan su trabajo con tranquilidad, sin presiones, y que por supuesto cumpla la ley y acaben nombrando dos magistrados del Constitucional”
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