El presidente del Constitucional asegura que el tribunal dictará sentencia sobre el aborto “en unos meses”

El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha manifestado este martes que “en unos meses” el tribunal tendrá listo un proyecto de sentencia sobre el recurso del PP contra la ley del aborto. Sin dar una fecha concreta, ha explicado en declaraciones a la cadena SER que ha pedido al ponente, el magistrado Enrique Arnaldo, que elabore un borrador del fallo para ser sometido a deliberación “en un plazo razonablemente breve”, que no podrá ser sólo “de semanas”. González-Trevijano ha expresado su convencimiento de que “los magistrados serán también responsables y tratarán de hacer un esfuerzo y dar una respuesta” cuando la cuestión llegue al pleno, donde debe tomarse la decisión sobre la constitucionalidad de la ley de plazos.

Preguntado sobre el retraso de 11 años de esta sentencia ―ya que el recurso fue presentado en 2010―, Trevijano ha manifestado: “Yo acabo de llegar a la presidencia del Constitucional. No he sido ponente de este asunto. Todo lo que afecta a la interrupción voluntaria del embarazo es siempre complejo y problemático. En España, cuando se aprueba la ley que despenaliza el aborto en una serie de supuestos, el Constitucional se fragmentó y fue el voto de calidad de su presidente, Manuel García Pelayo, el que declaró la inconstitucionalidad inicial de la ley. El segundo proyecto aprobó la despenalización en cuatro supuestos específicos, pero entre 12 magistrados hubo nada menos que cinco votos particulares en contra, y este es un contexto que sucede en los países de nuestro entorno. En Estados Unidos, hasta el año 1973 no se constitucionalizó el derecho al aborto”.

El presidente del Constitucional ha admitido, en todo caso, que el retraso en la resolución de este asunto ―que llevó a la presentación de una querella por supuesto retardo malicioso, rechazada por el Supremo― no es aceptable. “El Tribunal Constitucional no puede permitir estar más tiempo sin resolver el asunto del aborto. Llevamos 11 años y creo que es una exigencia de la ciudadanía que resolvamos, y que resolvamos pronto”, ha manifestado.

Trevijano ha explicado que había comentado con los miembros del tribunal la necesidad de dictar sentencia en breve sobre este recurso. “Yo se lo he trasladado a los ponentes de las sentencias más sensibles que llevan algún tiempo encima de la mesa (en el caso del aborto es el magistrado Enrique Arnaldo) y estoy convencido de que el Tribunal Constitucional dispondrá de un borrador por lo menos para someterlo a deliberación en un plazo razonablemente breve. Decir en semanas es demasiado poco. Pero creo que en unos meses tendremos un texto que se podrá someter, por lo menos, a votación. Y creo que los magistrados serán también responsables y tratarán de hacer un esfuerzo y dar una respuesta. Lo que sí estoy de acuerdo es que con 11 años es difícil de justificar que ni siquiera haya llegado a debatirse”.

El presidente del Constitucional también ha sido preguntado sobre la reciente renovación de las instituciones, entre ellas el propio tribunal de garantías, sobre los plazos en que se ha llevado a cabo y los candidatos elegidos. Al respecto, ha manifestado que “las instituciones hay que renovarlas en tiempo y forma”. “Pero muchas veces los partidos se plantean una conducta y luego los tiempos imponen otra conducta”, ha añadido. Y en cuando a la afinidad o proximidad de los candidatos, en concreto de Arnaldo con respecto al PP, ha afirmado: “Casi todos los magistrados, o muchos de ellos, han vertido opiniones sobre algunas materias que estaban encima de la mesa del Constitucional. ¿Eso les impide formar parte del tribunal? Es difícil que un catedrático de Derecho Constitucional o de Ciencia Política, o de Derecho Administrativo, no haya escrito en los últimos años sobre la problemática del procés, o sobre la declaración de independencia, o sobre cuestiones sociales, o sobre la legislación del aborto, o sobre la eutanasia. ¿Eso impide que puedan dictar su resolución con independencia e imparcialidad? Yo creo que no. Y lo que hay que exigirles es que sean independientes e imparciales cuando se sienten a ejercer su función jurisdiccional”.

Trevijano ha admitido, al tiempo que “los magistrados tienen ideología propia”. “Faltaría más, como cualquier señor de la calle”, ha añadido. El presidente del Constitucional ha citado a la magistrada del Constitucional María Luisa Balaguer, de quien ha dicho: “María Luisa Balaguer decía en una entrevista que se puede haber pertenecido a un partido político, y luego pedir la baja y acceder al Tribunal Constitucional. Lo que hay que exigirles es que luego actúen en el tribunal con independencia. Es la grandeza de una composición plural”. En este sentido, el presidente del tribunal de garantías ha recordado que, quienes acceden a esta institución, “son juristas de reconocido prestigio con al menos 15 años de ejercicio profesional”.

Por otra parte, el presidente del Constitucional ha justificado la sentencia que anuló el confinamiento con el primer decreto sobre el estado de alarma. “Sobre la problemática de la pandemia ― ha explicado― llegaron al Constitucional tres recursos diferentes, el primero sobre la primera parte de la pandemia, el segundo sobre las restricciones del acceso a los mecanismos de control (parlamentario), y el tercero sobre las limitaciones en la segunda etapa. Seguramente las cosas se pudieron hacer mejor. Los tres asuntos se tenían que haber tratado con un carácter global, lo que hubiera permitido a los magistrados hacerse una composición de lugar de la problemática de la pandemia y su incidencia en el ordenamiento jurídico”, ha valorado.

En cuanto a su actuación como ponente en este asunto, ha explicado: “Tendré muchos defectos, pero me he caracterizado por buscar puntos de encuentro si es posible. Las primeras sentencias que se dictaron sobre el procés, que se aprobaron por unanimidad, bajo la presidencia de [Francisco] Pérez de los Cobos, tanto el actual vicepresidente, Juan Antonio Xiol, como yo, realizamos una buena labor y fuimos capaces de armar un consenso en las resoluciones. Y al hilo de la aplicación del 155, asunto en el que fui ponente junto con la entonces vicepresidenta, la magistrada Encarna Roca, exactamente igual. En el caso del estado de alarma también intenté llegar a un compromiso, y hubo un principio de acuerdo, respaldado por el 80% de los magistrados del Constitucional, que creo sinceramente que se hubiese podido aprobar”.

El problema, según González Trevijano, es que “se transmitió a la opinión pública una visión que en absoluto se correspondía con la realidad en la que se venía a decir que la decisión del Constitucional suponía la criminalización del Gobierno y la quiebra del Estado”. “Nada más lejos de la realidad”, ha argumentado. “Si se lee desapasionadamente la sentencia, lo que se dice es todo lo contrario. Lo que se dice es que las medidas eran proporcionales, parangonables, razonables. Pero los constituyentes establecieron una protección de los derechos fundamentales muy rigurosa, que les pareció bien, y a mí también me parece bien, sobre todo con la historia constitucional tan convulsa que habíamos tenido. Y tenemos una Constitución muy restrictiva”, en relación con la suspensión de los derechos fundamentales, ha añadido.

“El tribunal ―ha proseguido el presidente del Constitucional― sólo admitió dos de las siete u ocho tachas de inconstitucionalidad que se habían hecho en el recurso, y la discusión se centró en si el instrumento legal utilizado era correcto. Y la opinión de la mayoría fue que el instrumento elegido no era correcto, porque los derechos fundamentales necesitan dos garantías, tienes que respetar el contenido esencial y la medida tiene que ser proporcional. Pero si no hay contenido esencial, porque el derecho (en el estado de alarma) ha desaparecido, el juicio de proporcionalidad no es suficiente. ¿Estar durante 93 días confinado no supone suspender un derecho fundamental?”, se ha preguntado.

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