El PSOE dice ahora que la Ley de Memoria no implicará el juicio penal a los crímenes franquistas
Choque de interpretaciones dentro del Gobierno sobre la enmienda que han firmado PSOE y Unidas Podemos a la ley de memoria para ajustar la interpretación de la ley de amnistía de 1977. Mientras Unidas Podemos insiste en que esto abre una vía para juzgar los crímenes del franquismo, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, asegura que en su opinión no supondrá ningún cambio efectivo. Bolaños recuerda que la Ley de Amnistía de 1977 ―que hasta ahora ha frenado los intentos de juzgar los crímenes del franquismo― va a seguir en vigor, y que la enmienda no cambiará el régimen penal actual. El único propósito de este texto, ha dicho, es reafirmar la Ley de Amnistía adecuándola a los tratados internacionales, pero partiendo del principio básico de que las leyes penales no pueden aplicarse de forma retroactiva.
Enrique Santiago, secretario general del PCE y negociador de esta enmienda por Unidas Podemos, asegura sin embargo que sí tendrá consecuencias jurídicas y podrá orientar una interpretación del Tribunal Constitucional diferente a la que ha habido hasta ahora y acorde con los principios de la legalidad internacional suscritos por España, aunque admite que tendrá pocos efectos prácticos porque la enorme mayoría de los criminales franquistas han muerto. La solución a esta discusión jurídica solo llegará probablemente cuando el asunto llegue de nuevo al Constitucional, que a partir de junio de 2022 debería pasar a tener una mayoría progresista, y se resuelva la cuestión ya con la nueva ley de memoria en vigor.
Bolaños ha hecho esta aclaración en una entrevista en Onda Cero un día después de que los socios del Gobierno de coalición presentaran en el Congreso una enmienda a la Ley de Memoria Democrática que tenía como objetivo aparente tratar de abrir una vía que permita investigar y juzgar los crímenes del franquismo. Así, de hecho, lo interpretó uno de los dos socios del Ejecutivo, Unidas Podemos, que este miércoles se felicitaba por el cambio “histórico” que en su opinión implicaba la enmienda: “Por primera vez un paso adelante para acabar con la impunidad de los crímenes franquistas. Ningún juez podrá ampararse en la Ley de Amnistía para no investigar crímenes de lesa humanidad”, dijo la líder de Podemos, Ione Belarra.
Bolaños, sin embargo, ha hecho este jueves una interpretación muy diferente. Tras subrayar que la iniciativa pretende “poner en valor” tanto la Ley de Amnistía como los tratados internacionales, el ministro ha precisado que la situación jurídica de España cuando entre en vigor esta ley “será la misma que ya tenemos desde 2002″, año en el que fue ratificado el estatuto de Roma e incorporado al Código Penal. La discusión es pues si esos delitos de lesa humanidad que se han incorporado al Código Penal solo pueden ser juzgados si son cometidos después de 2003 o antes, como establece la justicia internacional.
“Ningún cambio. Lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la ley es exactamente lo mismo que desde 2002″, ha enfatizado Bolaños en una entrevista en la que ha reconocido que las dificultades que existen ahora para juzgar los crímenes del franquismo serán las mismas y que tienen que ver, a su juicio, con la irretroactividad de la legislación penal (la imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a la promulgación de la misma). A este respecto, Bolaños ha explicado, por una parte, que al no ser la ley de memoria una ley orgánica no va a afectar a la legislación penal; y por otro, que esa legislación penal no permite la retroactividad. “No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72″, ha manifestado.
Sin embargo, Santiago lo interpreta de manera completamente diferente y recuerda que este problema que plantean ahora muchos juristas, esto es la imposibilidad de la irretroactividad, habría impedido todos los juicios por lesa humanidad en todo el planeta, incluidos los de Nuremberg contra la cúpula nazi. Precisamente para evitar esa idea, que está en casi todos los códigos penales occidentales, se han establecido excepciones en la justicia internacional que permiten que determinado tipo de crímenes de genocidio o lesa humanidad tengan un tratamiento especial que los hace imprescriptibles y que permite juzgarlos aunque en el momento en que se cometieron no fueran delito según las leyes vigentes en ese país, como sucedía en casi todas las dictaduras.
Santiago, experto en justicia internacional, sostiene que en el caso de que haya un choque entre los preceptos de la justicia local y la imprescritibilidad de delitos de lesa humanidad que señala la justicia internacional, es esta la que debe prevalecer, como ha sucedido en varios casos en los que se han juzgado crímenes de dictaduras. Santiago recuerda además que este tipo de ideas que ahora se plantean en España sobre la irretroactividad es el mismo debate que se vivió en Chile frente al posible juicio a Pinochet. Después del proceso internacional que inició en España el juez Baltasar Garzón, la justicia internacional ha avanzado mucho, recuerda Santiago, y se han firmado convenios y ha habido resoluciones de la ONU muy claras que permitiría una interpretación diferente a la que ha tenido hasta ahora el Tribunal Supremo, según Santiago.
La enmienda de PSOE y Unidas Podemos señala que “todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescribibles y no amnistiables”.
Bolaños ha reivindicado tanto el proceso de Transición en su conjunto como esa Ley de Amnistía de 1977. “Fue muy importante para la consolidación de la democracia. Quien la pidió fue la izquierda y consiguió que muchas personas que estaban en la cárcel por sus ideas, que no habían cometido ningún delito, salieran”, ha subrayado.
Sobre el cambio de nombre del Valle de los Caídos por el de Cuelgamuros, el ministro ha dicho que “es más neutral, más ecléctico”, y que lo que pretenden es “resignificar el valle, que deje de ser un homenaje a la dictadura”. “Queremos que sea un lugar de memoria, que sea un espacio donde todas las personas puedan ir allí, se reconozcan y vean lo que fue la dictadura y cuáles fueron los pasos que se dieron para llegar a una democracia”, ha señalado.
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