El Supremo de Estados Unidos mantiene de momento el acceso a la píldora abortiva mifepristona
El Tribunal Supremo dio este viernes un respiro que pocos esperaban al movimiento en favor del aborto en Estados Unidos. Los mismos nueve jueces que en junio pasado tumbaron la protección federal de ese derecho con una sentencia que hizo saltar por los aires medio siglo del precedente del fallo Roe contra Wade (1973) quitaron la razón al tribunal de apelaciones de Nueva Orleans que, mientras revisaba una decisión de un juez federal ultraconservador de Texas, pretendía fijar restricciones para la administración de la mifepristona. Se trata de un popular medicamento que concursa en alrededor de la mitad de las interrupciones de embarazos que se registran en el país. Y el Supremo ha decidido garantizar su pleno acceso mientras continúa la batalla legal.
La decisión del alto tribunal de Washington, que atendía a una reclamación del Departamento de Justicia y de los laboratorios Danco, fabricantes con sede en Nueva York de Mifeprex, su comercialización más popular, se saldó con siete votos a favor y dos en contra. E implica que todo sigue como estaba, hasta que se decida sobre el fondo del asunto: la mifepristona se mantiene legal hasta las primeras 10 semanas de embarazo, y no, como pretendía el tribunal intermedio, solo hasta la séptima. También podrá obtenerse sin una visita previa al médico y a vuelta de correo.
El dictamen llegó algo más de cinco horas antes del límite de la medianoche que los magistrados se habían dado el miércoles pasado. Era el segundo aplazamiento, y cupo interpretarlo como un síntoma de la división que sobre este asunto reina en el seno del Supremo, que, tras los tres nombramientos que alcanzó a hacer el expresidente Donald Trump durante su única legislatura, se compone de seis jueces conservadores y tres progresistas.
La decisión pone fin a dos semanas de incertidumbre, líos judiciales e inseguridad jurídica. Todo empezó el 7 de abril, cuando un juez de Texas llamado Matthew Kacsmaryk, magistrado federal conservador también designado por Trump, ordenó en la ciudad de Amarillo suspender con efectos en todo el país la administración de la mifepristona, al dar la la razón a un grupo antiabortista de reciente creación, Alianza por una Medicina Hipocrática, en su denuncia a la agencia del medicamento estadounidense (FDA son sus siglas en inglés). Ese grupo considera que la FDA aprobó sin las suficientes garantías médicas hace 23 años el uso de la medicación, que suele combinarse con otra píldora, el misoprostol.
La primera detiene la producción de progesterona e interrumpe el embarazo, mientras que la segunda sirve para evacuar el útero de la paciente. En estas dos décadas, un centenar de estudios médicos han concluido que esos fármacos son seguros, y no tienen contraindicaciones más graves que otros medicamentos de uso extendido.
Medidas cautelares
En su sentencia, que al ser de un juez federal tiene efecto en todo el país, también en los estados que tienen garantizado el derecho al aborto, Kacsmaryk daba un plazo de siete días a su entrada en vigor. Ese plazo lo aprovechó el Departamento de Justicia, que recurrió el fallo, y el asunto aterrizó ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que tiene sede en Nueva Orleans y potestad sobre Texas, Luisiana y Misisipi. Fueron sus magistrados los que decidieron poner las tres restricciones mientras estudiaban el caso. El Departamento de Justicia y la farmacéutica impugnaron la semana pasada esas medidas cautelares ante el Supremo.
La primera de esas restricciones era una cuestión de tiempo. Cuando la FDA aprobó su uso en 2000 se fijó en siete semanas el plazo para la administración de la píldora abortiva. En 2016, basándose en evidencias científicas, decidieron ampliarlo hasta las 10 semanas. Las otras dos buscaban revertir la decisión con la que la Administración de Joe Biden convirtió en 2021 en permanentes medidas temporales adoptadas durante la pandemia, tiempo en el que las visitas innecesarias al médico quedaron en entredicho. Tras ese cambio, era posible recibir la mifepristona por correo y sin tener que ver a un facultativo. Lo contrario suponía en la práctica un obstáculo para muchas mujeres en un país en el que es común que en los trabajos, sobre todo los peor pagados, no concedan permiso por motivos médicos, o que si se conceden sea a costa del sueldo.
No solo eso. Tras la decisión que tumbó Roe contra Wade, el Supremo devolvió la potestad para legislar sobre el tema a los estados (con la idea de, como escribió el redactor de la sentencia, Samuel Alito, “devolverla al pueblo y a sus representantes electos”). Al menos 18 lo han prohibido o restringido severamente. En algunos, lo han convertido en un delito que acarrea penas de cárcel, de modo que obligar a las pacientes a una visita al médico puede acabar siendo una prueba incriminatoria en un juicio penal.
El penúltimo episodio de las guerras del aborto supone alivio para las asociaciones en favor de la libertad reproductiva de las mujeres y un varapalo para los sectores más conservadores, que llevan décadas peleando en los juzgados, influyendo en los nombramientos del Supremo y manejando sus hilos en los pasillos del Capitolio para lograr sus objetivos. Esta nueva cruzada demuestra que esos sectores contemplaron el triunfo del año pasado solo como una estación más en su cruzada regresiva.
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