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El Tribunal de Cuentas ha elaborado informes sobre la financiación de los partidos correspondientes a 2018 y 2019, que comprueban que los recursos públicos siguen siendo la mayor fuente de ingresos de las fuerzas políticas, en términos que el propio órgano fiscalizador considera “desequilibrados” con respecto a las sumas procedentes de recursos privados, entre ellos las cuotas de los afiliados. Así, se pone de manifiesto en el análisis realizado sobre tales ejercicios que el 73% de los ingresos procede de subvenciones y fuentes públicas, y solo el 27% procede de fuentes privadas, ajenas a las institucionales.

El órgano fiscalizador recomienda en sus conclusiones que se busquen fórmulas para avanzar hacia un “reequilibrio” entre el dinero que llega a los partidos vía subvenciones y dotaciones presupuestarias de las distintas instituciones en las que estén presentes y el que puedan obtener por vías privadas legalmente establecidas. El Tribunal de Cuentas estima que este cambio en el sistema de financiación de las formaciones políticas facilitaría que su estabilidad económica no dependiera tanto de sus resultados electorales, que ahora condicionan en extremo sus recursos. Dicho “reequilibrio” —añaden fuentes del tribunal— “introduciría mayor seguridad ante el riesgo de batacazos electorales”, de los que pueden llegar a derivarse disoluciones de partidos, por falta de liquidez.

Los informes de fiscalización de las cuentas de las fuerzas políticas revelan que entre 2018 y 2019 recibieron un total de 555 millones de euros en concepto de subvenciones, 183 millones en el primero de dichos años, y 372 en el segundo, en que hubo varias convocatorias electorales. Se pasó así del 71% de financiación pública en 2018 al 83% en 2019. Las elecciones de este último año fueron dos generales —el 28 de abril y el 10 de noviembre, respectivamente—, y unas autonómicas y municipales junto a las europeas, el 25 de mayo.

Uno de los problemas que el Tribunal de Cuentas ha vuelto a encontrar en el análisis de la actividad económica de los partidos se refiere a la reiteración con que recursos destinados a la financiación de sus grupos en diversas instituciones —ayuntamientos, comunidades autónomas o las Cortes— acaban constituyéndose en fuentes de las propias organizaciones políticas para su funcionamiento ordinario. Fuentes del Tribunal de Cuentas admiten en este sentido que tendrían que ser los propios partidos los que se plantearan la conveniencia de reformas legales que ordenen mejor su actividad económica. Dichas fuentes añaden que el mensaje se ha enviado en más de una ocasión a través de la Comisión Mixta del Tiibunal de Cuentas, sin que se haya recibido respuesta.

Entretanto, casi el 60% de los recursos recibidos por los grupos parlamentarios en 2019 fueron a parar a la administración de sus partidos. En los casos de Más País, Bildu o el PNV ese porcentaje llegó a la totalidad de los ingresos, y en otros estuvo cerca, con más del 90% de remisión de los grupos a sus organizaciones, como ocurrió con ERC, Partido Regionalista de Cantabria, Podemos o BNG.

Las fuentes del órgano fiscalizador consultadas también señalan que vuelve a detectarse lentitud de las organizaciones políticas para cumplir la previsión legal de dotarse de medidas concretas de prevención de riesgos penales relacionados con la gestión de sus recursos y fuentes de financiación. Así, en 2019 —el último año revisado— solo 7 de las 32 fuerzas políticas examinadas habían iniciado el proceso para dotarse de un código de conducta que garantizara dicha prevención, para impedir deslizamientos hacia actuaciones con relevancia penal. El resto de los partidos tenía la implantación de dichas normas en un estado “incipiente” o sencillamente no había tomado iniciativa alguna para cumplir dicha obligación legal.

Como caso particular, el Tribunal de Cuentas señala el comportamiento de Vox con respecto a las donaciones y su empleo para iniciativas como la de presentar querellas contra rivales políticos, como sucedió con el expresidente de la Generalitat Quim Torra. En esta misma materia de donaciones el órgano fiscalizador también cuestiona el comportamiento de Más País, PdeCAT y Més Mallorca por distintas actuaciones no ajustadas a las previsiones legales sobre esta vía de financiación. En uno de los casos se trató de la recepción de donaciones de personas jurídicas, y en otros dos de la aceptación de donaciones finalistas, condicionadas a fines concretos.

Enlace de origen : El Tribunal de Cuentas estima “desequilibrada” la financiación de los partidos con fondos públicos