España defiende su singularidad energética en Bruselas para lograr medidas de urgencia que frenen el precio de la luz
Hacer virtud, aunque sea de forma coyuntural, de un lastre histórico: la ausencia de interconexiones con el resto de socios europeos. Esa es la intención del Gobierno español, que este viernes jugará en Bruselas la baza de su singularidad energética para tratar de lograr cambios urgentes que permitan rebajar el precio de la luz a corto plazo. Frente a la intransigencia mostrada hasta ahora por Alemania, Holanda y algunos países del norte de la UE, más preocupados por la seguridad de suministro que por unos precios que han alcanzado niveles estratosféricos, España defenderá en el día clave de la cumbre de líderes europeos la necesidad de aplicar un nuevo marco a corto plazo para tratar de aflojar la soga de los recibos sobre familias y empresas. “Somos una isla energética”, remarcan fuentes del Ejecutivo, que piden pista para tomar medidas “urgentes y excepcionales”.
Los escasísimos vínculos energéticos con el resto de la UE convierten a España y Portugal en dos rara avis en el club comunitario. Y eso, que es un problema para el que el bloque apenas ha dispuesto soluciones durante décadas, será también el argumento central con el que Pedro Sánchez tratará de obtener el visto bueno para poder aplicar —junto con Portugal— sus propias fórmulas, diferenciadas de las del resto de Estados.
El Gobierno es consciente de que los precios de la luz y del gas seguirán altos durante mucho más tiempo del que querrían, pero —a la vista de que un acuerdo que fije un paraguas común para todos es prácticamente imposible en este punto— el objetivo de mínimos debe ser arañar un pacto que permita rebajar algo la presión en lo más inmediato.
La presa no será fácil: las resistencias planteadas en los últimos días por las naciones que se asientan sobre lo que un día fue la Liga Hanseática son enormes. De ahí que se vean abocados a jugar otras cartas, respaldados por un argumento que, enfatizan, también es poderoso: “Somos el segundo país de la Unión con peores interconexiones, solo por detrás de Chipre”, apuntan estas mismas fuentes. En su particular batalla para tratar de sacar algo en claro de Bruselas, España, añaden, está logrando sumar a su causa a algunos países del Este para tratar de hacer contrapeso. Pero no está claro si será suficiente.
España, Italia, Portugal y Grecia, los países que han forjado en las últimas semanas un frente común para tratar de reblandecer la férrea posición del norte, aún confían en sacar algo más que un salvoconducto para aplicar sus propias recetas de urgencia al margen del resto del bloque. Pero, mientras tanto, la voluntad es la de tratar de salvar los muebles: “No se puede perder más tiempo”, enfatizan.
Tras el espejismo de la pandemia, en la que Alemania cruzó el Rubicón con una mutualización de deuda que Angela Merkel nunca habría aceptado en otras circunstancias, la energía ha devuelto a la locomotora europea al nein del que hizo bandera durante la crisis europea de deuda. El cambio de Gobierno —hoy es el socialdemócrata Olaf Scholz quien está al mando, en lugar de la conservadora Merkel— no ha movido algunos pilares: ya sea en fiscalidad o en energía, hay inercias que no cambian.
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Sí a las interconexiones, pero no sufragadas por el contribuyente español
En tiempos de estrecheces energéticas, en los que el gas natural licuado (el que llega por barco y no por tubo) se ha convertido en la tabla de salvación frente al inestable y hoy por hoy tóxico suministro ruso, España tiene una joya única en el continente: seis regasificadoras capaces de devolver a su estado natural mucho más combustible del que necesita para su propio consumo. Ese remanente, sin embargo, no cuenta con la vía adecuada para atravesar Pirineos en una cantidad suficiente como para abastecer a los grandes países del bloque en plena búsqueda de alternativas para desconectarse de Moscú: los dos gasoductos existentes son demasiado pequeños.
El Gobierno español ve con buenos ojos la construcción de un nuevo tubo en Cataluña, a la imagen y semejanza del Midcat, proyectado hace más de un lustro y que Bruselas dejó caer hace tres años alegando falta de rentabilidad económica. Pero rechaza que el dinero tenga que salir del bolsillo del contribuyente español, “que ya paga, y mucho, por esa red de regasificación”, alegan.
Los fondos, reclaman, deberían venir del Presupuesto comunitario o de las cuentas de los Estados que más se verían beneficiados por esa puerta de entrada que se abriría para el potente hub ibérico del gas, que podría procesar buena parte del que se importe de Estados Unidos y otros grandes productores: los que más dependen del gas ruso, con Alemania siempre en los puestos cabeza. Madrid busca, además, que esa infraestructura de nuevo cuño —que tardaría más de dos años en estar activa— pueda ser utilizada en los años venideros para transportar, también, hidrógeno verde. Que la obra, dicen, tenga un futuro largo y no nazca con fecha de caducidad tasada.
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