Extremadura y Aragón son las más beneficiadas por la nueva fórmula de población ajustada que plantea Hacienda
El Gobierno acaba de proponer una nueva fórmula para calcular la población ajustada, una variable medular del sistema de financiación autonómico que intenta reflejar las necesidades de gasto de cada comunidad. El planteamiento, continuista con el actual modelo y en línea con las recomendaciones de la comisión de expertos de 2017, introduce sin embargo unos “ajustes ad hoc que abren la puerta a una cierta arbitrariedad”, alerta un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado este jueves. Según el informe, el nuevo modelo confeccionado por Hacienda aumentaría “muy apreciablemente” las necesidades de gasto de Extremadura (+8,6%) y Aragón (+7,0%) y reduciría las de Canarias (-3,0%) y Galicia (-2,7%).
La población ajustada es un criterio con el cual se repondera la población real, a través de variables demográficas y geográficas, para reflejar la necesidad de gasto de cada comunidad en función de los costes de prestar los mismos servicios. La lógica última es garantizar prestaciones de la misma calidad, aunque el coste pueda ser más elevado en un territorio que en otro por haber, por ejemplo, más habitantes mayores. Esta variable, que solo es una parte del sistema, tiene sin embargo “efectos muy significativos sobre la distribución real de la financiación”, recuerda el estudio de Fedea, debido a que algunos de los fondos más importantes que conforman el mismo se reparten en función de esta variable.
“La parte más discutible de la propuesta del Ministerio tiene que ver con la introducción de dos ajustes ad hoc que abren la puerta a una cierta arbitrariedad que siempre ha sido uno de los grandes vicios de nuestro sistema de financiación regional”, señala el estudio, firmado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente. Los elementos que cuestiona son los relativos al correctivo que se quiere introducir ligado a los costes fijos de prestar los servicios y al ajuste por despoblación.
Población protegida equivalente ―a efecto del sistema sanitario―, número de residentes, niños en edad escolar y mayores de 65 años son los elementos que conforman las variables demográficas de la actual fórmula de población ajustada, cada uno con pesos distintos; superficie, dispersión poblacional e insularidad componen las variables geográficas. La nueva propuesta de Hacienda, enviada el pasado viernes a los Gobiernos regionales, plantea modificar el primer bloque para dar más protagonismo a sanidad y educación, y reducir el peso de la población real. Asimismo, sugiere correctivos en las variables geográficas para tener en cuenta la despoblación. Y son justo estas últimas las que cuestiona Fedea.
“Hay dos [modificaciones] especialmente objetables por cuanto suponen volver a caer en uno de los vicios más persistentes de nuestro sistema de financiación: la tendencia a intentar hacer ‘trajes a medida’ en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas. Se trata en particular del peculiar reparto ‘por bloques’ de la partida de costes fijos que se propone y de la introducción de una nueva variable de despoblación que resulta conceptualmente innecesaria y se construye de forma ad hoc para primar a determinadas regiones”, señala el estudio.
Distorsiones
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Hacienda ha propuesto incorporar un correctivo ligado a los costes fijos, que según detallaba el pasado viernes “podría afectar a las siete comunidades autónomas de menor población y que, por lo tanto, tienen mayores dificultades de alcanzar economías de escala y los costes fijos tienen un mayor impacto para ellas”. Asimismo, plantea introducir una variable concreta que mida la despoblación, a través de la población necesaria para que cada provincia alcance la densidad media.
Ambos correctores “resultan muy discutibles por su arbitrariedad”, señala Fedea. El indicador de despoblamiento beneficiaría a Aragón, Extremadura y las dos Castillas; la partida para financiar los costes fijos, señala el informe, se plantea repartir “mediante un confuso ejercicio de análisis de clusters [grupos] que no viene a cuento”. “El procedimiento propuesto concentra todos los recursos asignados al ajuste por costes fijos en siete regiones, privando a todas las demás de cualquier asignación para hacer frente a sus costes fijos que, aunque proporcionalmente menores, presumiblemente también existen allí”, añade.
Las modificaciones avanzadas por el ministerio, resume el informe, elevarían las necesidades de gasto no solo de Extremadura y Galicia, sino también de La Rioja, Cantabria, Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias y Castilla y León. Reducirían, al contrario, las de Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña y Andalucía. Algunos de estos cambios “resultarían difíciles de justificar en base a la evidencia existente sobre los determinantes de los costes de los servicios autonómicos. En relación con el sistema actual, Aragón y Extremadura aumentarían sus necesidades de gasto en más de 7 puntos porcentuales, gracias fundamentalmente a las correcciones ad hoc por costes fijos por segmentos y por despoblación, mientras que Canarias y Galicia perderían casi tres puntos por una combinación de factores”, concluye el análisis.
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