García-Castellón prorroga seis meses la investigación del ‘caso Tsunami’ el día antes del debate clave de la amnistía
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado prorrogar seis meses la instrucción del llamado caso Tsunami Democràtic, al entender que faltan diligencias que practicar y porque el asunto está pendiente, entre otras decisiones, de que el Tribunal Supremo decida sobre la exposición razonada del juez para que se haga cargo de la parte de la investigación referente al europarlamentario Carles Puigdemont, huido en Bélgica, y otro aforado en la causa. Esta prórroga ha sido conocida el día antes de que el Congreso de los Diputados mantenga este martes el debate clave sobre el texto de la ley de amnistía, con las últimas reformas pactadas por los socialistas y el independentismo catalán. García-Castellón ―que niega que haya expirado el plazo, como sostenía el investigado Josep Lluís Alay― puede así mantener la causa abierta hasta el 29 de julio y acordar posteriores prórrogas. El juez mantiene la calificación de terrorismo e insiste en que Tsunami fue fundada por Puigdemont y Omnium.
El auto del juez, el tercero entre el pasado jueves y este lunes, insiste en que Tsunami es una organización “estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia”, cuya “finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”. El objetivo, añade el juez, era montar “acciones de gran envergadura”.
García-Castellón, que sitúa el momento fundacional de Tsunami en el 28 de agosto de 2019, subraya que quedan pendientes de cumplimentar, como la petición de auxilio internacional enviada a Francia para recabar la declaración de los familiares del fallecido en el aeropuerto de Barcelona de un infarto durante las protestas, así como otra solicitud a Suiza para esclarecer la financiación de la organización.
En el relato, el instructor asegura que Tsunami se venía gestando tiempo atrás, precisamente para organizar la respuesta del independentismo catalán contra la sentencia del procés. Para el juez, resulta llamativo constatar cómo “se hace referencia a que Omnium informará directamente al presidente Puigdemont, pudiendo considerar, en base a [sic] la información facilitada por la Guardia Civil que tanto esta fundación como el Sr. Puigdemont podrían haber participado en la aparición de la organización, extremos que deberán esclarecerse en la investigación”.
El nuevo auto, emitido en vísperas de que el Congreso debata y vote el dictamen de la Comisión de Justicia a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, así como las enmiendas que se mantengan vivas y los votos particulares que, en su caso, se han presentado. Además, llega horas después de que el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, haya prorrogado seis meses la instrucción de la trama rusa del procés, que implica, entre otros, al exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas; al jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y al informático Jaume Cabaní.
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El juez observa vínculos de personas del entorno de Puigdemont con diplomáticos extranjeros, e incluso la celebración de reuniones en la Generalitat en los días previos a la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. La casuística que recoge el relato del juez incide en que se realizaron maniobras para alterar la unidad territorial de España y para buscar alianzas con Rusia, lo que puede poner en jaque la aplicación de la amnistía al expresidente catalán porque el articulado de la ley describe supuestos que quedan expresamente excluidos del alivio judicial, como son los “delitos de traición” y contra la paz del Estado o los delitos que afecten “a los intereses financieros de la Unión Europea”.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve].
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