Hacienda propone elevar el peso del gasto sanitario y educativo en el reparto de la financiación autonómica
El Ministerio de Hacienda ha propuesto a las comunidades dar más peso al gasto sanitario y educativo a la hora de repartir los fondos de la financiación autonómica, según recoge el documento enviado este viernes a las autonomías. Los barones regionales estaban a la espera de recibir esta propuesta, ya que el Departamento dirigido por María Jesús Montero se había comprometido a arrancar la reforma del sistema de financiación autonómico con la revisión del criterio de población ajustada. Es decir, la variable que refleja la necesidad de gasto de cada comunidad y el reparto de los fondos tras ponderar el número de habitantes según factores demográficos (población en edad escolar, estudiantes universitarios y población más envejecida) y geográficos (insularidad, dispersión geográfica), que determinan el coste de los servicios públicos.
Actualmente, las variables demográficas ―población protegida equivalente, número total de residentes, niños en edad escolar y mayores de 65 años― son las que tienen más peso frente a los factores geográficos ―superficie, dispersión poblacional, insularidad—, que comunidades más extensas y despobladas como Castilla y León (PP) o Aragón (PSOE) piden reforzar. El documento de Hacienda plantea modificar los pesos del primer grupo de elementos, e introducir correctivos para tener en cuenta el envejecimiento y la despoblación.
Variables demográficas
El criterio de población ajustada actualmente en vigor divide los residentes en siete tramos de edad, cada uno con un coeficiente distinto, para calcular el gasto sanitario (lo que se conoce como población protegida equivalente). Esta variable tiene un peso del 38% sobre el total, que ahora Hacienda propone elevar a entre el 40% y el 45%, pasando de 7 a 20 grupos divididos en tramos de edad quinquenales. “De esta forma se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias”, señala el documento del ministerio.
También pasaría a tener más relevancia el gasto educativo: su peso se elevaría del 20,5% a una horquilla entre el 25% y el 30%. Eso porque Hacienda sugiere ampliar la muestra: el sistema actual solo toma en cuenta la población de 0 a 16 años; el ministerio recomienda ahora incluir otras etapas de estudios como la FP y la Universidad. En concreto, se decanta por evaluar las necesidades de la población de 0 a 17 años, según el padrón y la entrada de alumnos de FP Superior procedentes de otras comunidades, así como introducir en la variable la población del padrón de 18 a 24 años y la llegada de universitarios de otras autonomías.
Sin embargo, el documento plantea otras dos opciones. Una segunda posibilidad sería incluir las mismas poblaciones no universitaria de 0 a 17 años y universitaria de 18 a 24 años, pero excluyendo los alumnos procedentes de otras autonomías. La tercera contempla la población no universitaria de 1 a 17 años, alumnos de FP superior y una población universitaria basada en los alumnos matriculados.
La otra variable que se revisa, a efectos de calcular el gasto en servicios sociales, es la población mayor de 65 años. Comunidades muy envejecidas como Galicia o Asturias llevan tiempo haciendo hincapié en este elemento. El ministerio ahora propone dividir este colectivo en dos grupos ―entre 65 y 79 años y mayores de 80 años―, además de incluir a los parados sin prestación por desempleo. La ponderación del gasto en servicios sociales, ahora del 8,5%, pasaría a ser entre el 6% y el 10%.
El gasto para los demás servicios que prestan las comunidades se seguirá calculando a partir de la población total empadronada, un esquema que beneficia a territorios más densamente poblados como pueden ser Madrid o Cataluña. Y que perdería relevancia con la propuesta del ministerio, que plantea reducir su peso del 30% actual a unos baremos que oscilan entre el 18% y el 22%.
Variables geográficas
El peso de las variables geográficas se mantiene prácticamente igual en la propuesta de Hacienda: su ponderación pasaría del 3% actual a entre el 3% y el 4%. Sin embargo, el ministerio plantea encontrar soluciones para medir fenómenos tan importantes en ciertas comunidades como son el reto demográfico y la despoblación.
Dentro de este paquete se incluye la superficie, que se pondera en kilómetros cuadrados. A mayor extensión más complicado es prestar los servicios, y “la superficie puede ser representativa de fenómenos como la despoblación y la dispersión”, recuerda la nota publicada este viernes por el ministerio.
En cuanto a la despoblación, el informe de 240 páginas enviado a las comunidades describe la necesidad de analizar si, además la superficie, hay que tener en cuenta una variable concreta “que mida específicamente el problema que afrontan comunidades con zonas más despobladas”. El documento de Hacienda, entre otras fórmulas, considerar la población necesaria para que cada provincia alcance la densidad media.
Para calcular la dispersión, que seguiría pesando por un 0,6%, el ministerio avanza dos posibilidades: tener en cuenta la entidad singular de población habitada, es decir cualquier área habitable del término municipal, o los núcleos de población habitados, de al menos diez edificaciones, que forman calles, plazas y otras vías urbanas.
La insularidad también continuaría a tener un peso del 0,6% y a ponderarse según los kilómetros de la isla. Sin embargo, como novedad se propone incorporar a la población ajustada un correctivo ligada a los costes fijos o a las economías de escala, que “podría afectar a las siete comunidades autónomas de menor población y que, por lo tanto, tienen mayores dificultades de alcanzar economías de escala y los costes fijos tienen un mayor impacto para ellas”.
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