La asociación de familias de la escuela de Canet niega que se haya producido acoso en el colegio y rechaza la “intolerancia”

La Asociación de Familias (AFA) de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) ha defendido este jueves en un comunicado la convivencia en el centro. El colegio ha sido el escenario en las últimas semanas de un agrio enfrentamiento político a raíz de la providencia judicial que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano en uno de sus cursos. En las redes sociales se vertieron graves insultos y amenazas contra la familia que solicitó la medida. Sin embargo, la asociación niega que ni la hija ni los padres de la familia que se amparó en la justicia hayan sufrido acoso en el centro escolar. “Nos sentimos utilizadas, difamadas y tristes porque se está generando un relato falso que no se corresponde con el ambiente cohesionado que se respira en nuestra escuela”, asegura la asociación.

La niña de cinco años, junto con su familia, ha sido el centro de atención después de que el pasado 3 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña atendiera la petición de los padres para que la menor pudiera recibir parte de su educación en castellano en el colegio de Canet de Mar (Barcelona, 15.000 habitantes) en el que está escolarizada. La familia pedía el 50% de clases en esta lengua, pero el tribunal lo limitó al 25% en las medidas cautelares decretadas a la espera de dictar sentencia.

“Queremos desmentir rotundamente que exista un movimiento de acoso, aislamiento y ataque hacia cualquier niño, niña o familia”, afirma la AFA. Los padres recibieron el amparo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que su hija recibiera más horas lectivas en castellano. Los Mossos d’Esquadra ofrecieron protección a esta familia y también han establecido un sistema de vigilancia en el perímetro del colegio. “Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña”, escribió la semana pasada en redes sociales Jaume Fàbrega, exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Este niño se tiene que encontrar solo en clase. En las horas en castellano, los otros niños deberían salir”, publicó Albert Donaire, mosso y activista independentista. A diferencia de lo ocurrido en anteriores ocasiones, esta vez el Govern entró de lleno. El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, acudió la semana pasada al colegio, pero no contactó con la familia de la niña.

“La nuestra es una escuela diversa y plural que nunca ha permitido, ni mucho menos promovido, actitudes discriminatorias de ningún tipo. Como representantes de las familias, rechazamos firmemente cualquier muestra de intolerancia o falta de respeto”, escribe la AFA.

El colectivo representante de los padres y madres del colegio también critica la resolución judicial y dice no poder mantenerse neutral ante la imposición del 25% en castellano en un aula de los cursos infantiles: “Como AFA no podemos ser equidistantes con una sentencia que pone en peligro el proyecto educativo y lingüístico acordado democráticamente y que menosprecia los órganos de participación de nuestro centro educativo”.

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La AFA añade que nunca el colegio ha recibido una petición por parte de ninguna familia para revisar el uso de las lenguas en clase. “Uno de los órganos de decisión más importantes para la vida en el centro es el Consejo Escolar”, explica esta asociación, “el Consejo Escolar aprobó en 2019 el proyecto lingüístico de la escuela con el consenso de familias, equipo docente y equipo directivo, entre otros”. “Desgraciadamente”, añaden, “a menudo son pocas las familias que se implican activamente en estos procesos participativos”.

La inmersión lingüística en Cataluña está siendo un campo de batalla político desde que el Tribunal Supremo confirmara el pasado noviembre la obligatoriedad para los colegios catalanes de impartir al menos un 25% de sus asignaturas en castellano. Los partidos independentistas sopesan fórmulas para esquivar la sentencia. Junts per Catalunya, socio en el Gobierno de la Generalitat, plantea incluso que el Ejecutivo la desobedezca. Impulso Ciudadano y la Asamblea Escuela Bilingüe, dos entidades partidarias de introducir más horas de castellano en el sistema escolar catalán, han anunciado este jueves que trabajarán para controlar que los colegios aplican la obligatoriedad del 25%.

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